Al menos 26 mil 105 personas fueron asesinadas de marzo a noviembre de 2020, periodo en el que se han mantenido las medidas de restricción por la pandemia; en el mismo periodo, pero de 2019, la cifra fue un poco menor con 26 mil 082 víctimas.
Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).– La crisis de inseguridad en México que se arrastra desde sexenios anteriores no cesó a pesar de la COVID-19. Masacres, enfrentamientos, asesinatos de políticos, ataques a secretarios de seguridad pública y corporaciones policiacas, entrega de despensas por parte de grupos criminales, así como cárteles exhibiendo su poderío en videos de redes sociales, evidenciaron que el crimen organizado siguió extendiendo su poder y diversificó sus actividades para mantener el control territorial.
El informe “Evaluación Global de Drogas Sintéticas 2020″ de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el consumo global de drogas aumentó pese a que la COVID-19 sí impactó los mercados mundiales de drogas. De acuerdo con el estudio, la pandemia generó escasez de opioides, lo que podría traer como consecuencia que las personas recurran a otro tipo de sustancias, como las drogas sintéticas.
“Las restricciones fronterizas y de otro tipo vinculadas con la pandemia ya han provocado escasez de drogas en las calles, lo cual ha dado lugar a un incremento en los precios y a una reducción de la pureza”, dice el informe.
El documento de la ONU también destaca que a raíz de la COVID-19 los grupos del crimen organizado se han visto obligados a encontrar nuevas rutas y métodos y que el comercio de metanfetamina en Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas, está controlado por los cárteles mexicanos.
“Los traficantes muestran su resiliencia cambiando las rutas y las prácticas de producción. Los traficantes de heroína, cocaína y metanfetamina han variado sus rutas y siguen adoptando nuevas prácticas comerciales. En los Estados Unidos, por ejemplo, la fabricación de metanfetamina solía llevarse a cabo en pequeños laboratorios que abastecían el mercado interno. Pero en la actualidad ese tipo de producción se ha quedado pequeño al lado de los laboratorios de tamaño industrial de México. La metanfetamina que se incauta en los Estados Unidos en los últimos años es, cada vez con más frecuencia, metanfetamina importada, y el comercio de esa sustancia está controlado por los cárteles mexicanos”.
Una investigación del Washington Post reveló que los cárteles del narcotráfico cada vez expanden más sus tentáculos en México, pero ahora ya no sólo se conforman con ampliar su gama de negocios, también buscan extender su dominio en el territorio.
En México hay 19 agrupaciones delictivas de alto impacto que generan violencia, corrupción y recursos de procedencia ilícita, reconoció en septiembre pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La violencia no paró a pesar de la restricción por las medidas sanitarias tomadas ante la COVID-19. Al menos 31 mil 871 personas fueron asesinadas de enero a noviembre de 2020, un 0.33 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior que registró un total de 31 mil 764 víctimas de homicidio doloso.
Durante el periodo de confinamiento, marzo a noviembre de 2020, al menos 26 mil 105 personas fueron asesinadas, un poco más que en el mismo periodo del 2019 –año sin pandemia y catalogado como el más violento en la historia reciente– con 26 mil 082 víctimas.
El 70.70 por ciento (22,535) de las víctimas de enero a noviembre de 2020 fueron privadas de la vida con arma de fuego, casi igual que el mismo lapso de 2019 con 22 mil 429 víctimas.
Múltiples episodios violentos de alto impacto se registraron a lo largo del 2020: desde feroces ataques a corporaciones policiales, atentados a funcionarios de seguridad pública, asesinatos de políticos y funcionarios, masacres y el narco mostrando su poderío por medio de redes sociales.
VIOLENCIA POLÍTICA
El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es uno de los acontecimientos violentos de alto impacto más recientes. El exmandatario fue asesinado a tiros la madrugada de este 18 de diciembre en el baño de un restaurante de la zona turística de Puerto Vallarta, a pesar de contar con un equipo de seguridad de 15 elementos y vehículos blindados.
La Fiscalía estatal de Jalisco informó que cuando el exgobernador se levantó para ir al baño fue atacado por un sujeto armado, que le disparó por la espalda.
Otros funcionarios y políticos también fueron privados de la vida a lo largo del año. El Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, quien estuvo a cargo de un proceso penal en contra de Rubén Oseguera, alias “El Menchito“, hijo del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue asesinado junto con su esposa en el interior de su casa el 16 de junio en Colima, Colima.
Luis Miranda Cardoso, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y padre del exsecretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, fue asesinado el 11 de agosto en Toluca, Estado de México.
Odeb Durón Gómez, alcalde de Mahahual, municipio de Quintana Roo, fue asesinado la noche del 6 de abril mientras se dirigía a Xkalak. Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, alcalde de Temósachic, Chihuahua, fue encontrado sin vida el 30 de septiembre luego de ser privado de la libertad por un grupo armado. Abraham Cruz Gómez, alcalde de Chenalhó en Chiapas, fue emboscado por un grupo armado en el municipio de San Juan Chamula el 7 de julio; él resultó herido en tanto que su chofer, Efraín Pérez, murió tras el ataque.
Erik Juárez Blanquet, diputado local de Michoacán fue asesinado el 10 de marzo. La diputada Francis Anel Bueno Sánchez fue encontrada en una fosa en Tecomán, Colima, el 2 de junio y a Lucio Cruz Mora, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetela de Ocampo, Puebla, lo mataron el 20 de agosto.
Víctor Hugo Flores, director del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud (CAISES) en Salamanca, Guanajuato, fue asesinado en el estacionamiento de un centro comercial el 5 de septiembre; José Raúl Martínez, jefe de personal del IMSS en Sinaloa, el 30 de septiembre, y Heréndira Honorato Gabriel, directora del Hospital Básico Comunitario de Guerrero, murió al ser atacada por un grupo armado el 24 de julio sobre la carretera federal Tlapa-Puebla, en Huamuxtitlán, en la Montaña Alta de Guerrero.
CDMX NO ES UNA BURBUJA
Uno de los acontecimientos que más llamó la atención fue el ataque inédito perpetrado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch. La agresión reveló la capacidad operativa y de armamento que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México.
Cerca de las 06:35 horas del viernes 26 de junio un grupo de hombres armados con granadas y rifles calibre .50 –armamento utilizado en guerras como la de Irak– emboscaron al Secretario de Seguridad Ciudadana y a su equipo de escoltas en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Como resultado del ataque murieron dos integrantes del equipo de seguridad del Jefe de la Policía y una civil; además, dos personas resultaron heridas.
Las autoridades locales, regionales e incluso federales por muchos años negaron la presencia operativa de los grandes cárteles de la droga en la Ciudad de México, el mayor mercado de consumo del país, no solo de productos ilegales, también legales. Lo más que reconocían era la existencia de grupos delincuenciales o células delictivas, sin embargo, diversos sucesos, como el asesinato de los menores mazahuas en noviembre pasado y la agresión contra el mando policiaco han puesto en evidencia la operatividad de poderosos cárteles de la droga.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, doctor en Políticas Públicas por el CIDE y especialista en seguridad pública, explicó que un atentado como el ocurrido en contra del titular de la SSPC mostró el poderío porque una operación como esa es difícil de implementar, más en la capital con tanto tráfico, en un área con mucha aglomeración, con tantas cámaras y efectivos policiacos.
“La capacidad de operación la demostró (el CJNG) e hizo algo que nunca se había hecho en la Ciudad de México.”, explicó en una entrevista el investigador y especialista en seguridad pública.
El especialista destacó que los grandes cárteles de la droga han estado en la Ciudad de México desde hace varios años, sin embargo, dijo que por las características propias de la Ciudad de México la presencia no era tan notoria como en otras zonas del país, donde se registran varios enfrentamientos.
“Prácticamente todos los cárteles importantes del país tienen representantes en la ciudad y por eso esporádicamente se oye un asesinato de una y otra persona vinculada a un cártel”, dijo.
La información que ahora reconoce el Gobierno de la Ciudad de México aún es conservadora: al menos seis células del crimen organizado son las que operan en la capital del país, según dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Omar García Harfuch, el pasado 10 de noviembre. Estas organizaciones criminales se dedican en su mayoría a la venta y distribución de droga, despojo de inmuebles, homicidios por cargo, y extorsión en la modalidad de “gota a gota”.
OTROS ATAQUES
Francisco Leónides Cruz, secretario de Seguridad del municipio Doctor Coss en Nuevo León, fue emboscado y asesinado junto a uno de los policías que lo acompañaban el pasado 25 de noviembre.
Elihú Ojeda, vocero de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue hallado muerto en la carretera libre a Celaya, el 27 de agosto tras una semana de estar desaparecido. Tomás Charles Ortiz, delegado de la Policía Estatal de Reynosa, fue asesinado el 31 de octubre en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Ernesto Gallardo Grande, comandante del sistema de Seguridad Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en Acapulco, Guerrero, el 16 de octubre; Guillermo Pérez Moreno, coordinador de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí, el 20 de agosto; Edmos Sánchez Lizárraga, jefe de inteligencia de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California, el 29 de julio en un centro comercial en Ensenada y Martín Domínguez Santiago, comisario ejidal de la comunidad indígena de Zacualpan, en Ometepec, Guerrero, el 7 de septiembre.
Al menos 489 policías han sido asesinados en el país desde enero hasta el 30 de noviembre, es decir, que en México matan a 1.45 policías cada día, de acuerdo con la organización civil Causa Común.
Las entidades que concentran el mayor número de agentes asesinados, de acuerdo con la asociación, son: Guanajuato (81), Estado de México (38), Veracruz (38), Guerrero (35) y Chihuahua (33).
MASACRES
Las masacres y los hallazgos de cadáveres en masa tampoco han cesado, a pesar de la pandemia y aún y cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante el Segundo Informe de Gobierno que “en materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres”.
A unas horas de que el mandatario nacional aseguró que la delincuencia organizada ya no mandaba en el país y no había masacres, un grupo armado atacó a los asistentes de un velorio provocando la muerte de al menos seis personas y dejando 15 heridos en calles de la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, Morelos.
Las declaraciones del mandatario generaron indignación entre víctimas de violencia, defensores y especialistas, pues afirmaron que tanto las masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, persisten en el país.
Las masacres, consideradas como actos en los que un grupo de personas que se encuentran desarmadas o indefensas son asesinadas con alevosía y ventaja, no están tipificadas en el país, por lo que no hay una cifra oficial sobre el número de matanzas.
Sin embargo, de acuerdo con la organización Causa Común quien documentó en el informe “Galería del horror”, las principales atrocidades registradas en medios periodísticos durante los primeros diez meses de 2020, documentó al menos 160 casos de masacre de enero a octubre. El informe también señala que dentro de las atrocidades fueron profanación de cadáveres, especialmente en Jalisco (donde se registraron 237 víctimas); tortura, principalmente en Chihuahua (con 89 víctimas); descuartizamiento, especialmente en Guanajuato (con 112 víctimas); y calcinamiento, en particular en Baja California (con 63 víctimas).
DESPENSAS
La COVID-19 obligó al crimen organizado a diversificar sus actividades, no sólo para tener nuevos ingresos, sino para mantener monopolios territoriales y obtener control de la población local, de acuerdo con especialistas en seguridad y política criminal.
Imágenes de hombres armados con fusiles de asalto mientras entregan cajas con alimentos o al frente de éstas, así como diversos videos de convocatorias para el suministro, también circularon de manera continua en las redes sociales para exponer las acciones de estos grupos en el país. Mientras tanto, medios nacionales también revelaron en los meses de abril y mayo el ofrecimiento de préstamos a comerciantes en la Ciudad de México como parte de las actividades de células delictivas durante la pandemia.
La doctora Sandra Ley, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que el reparto de despensas y los préstamos monetarios son elementos incluidos a las actividades del crimen organizado en una diversificación obligada frente a la pandemia; estas acciones son parte del fenómeno llamado Gobernanza Criminal.
“Así es como vemos que distintos actores en el ámbito social, económico y político han tenido que considerar nuevas estrategias de supervivencia, lo mismo está pasando con grupos del crimen organizado”, dijo la académica en una de las entrevistas realizadas por SinEmbargo.
Esta situación, agregó, hace evidente la realidad donde la delincuencia tiene a su alcance herramientas “no violentas” para afianzar y para generar lealtad y disciplina en lo local.
Autoridades federales ubicaron en mayo al menos 11 entidades federativas donde se distribuyeron alimentos por parte de seis diferentes cárteles de la droga: Cártel Jalisco Nueva Generación, Gente Nueva de Parral (ligados al de Sinaloa), Cártel del Golfo, Los Zetas, Los Viagras y La Familia Michoacana.
“NARCO VIDEOS”
Decenas de hombres encapuchados, con equipo táctico, chalecos antibalas, armas de alto poder (fusiles de asalto, lanzagranadas, barrets y hasta bazucas) y camionetas blindadas y equipadas con torretas, escotillas y pivotes para ametralladoras, son parte de la parafernalia militar que se muestra en diversos videos difundidos a lo largo del año por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mismos que impactaron y se viralizaron por el alcance del armamento exhibido.
Un video difundido el 17 de julio, donde la supuesta fuerza élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) muestra su “lealtad”, a su líder “El Mencho”, presuntamente relacionado con el cumpleaños del líder criminal, provocó que tres días después las autoridades federales, como el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el General Luis Cresencio Sandoval, y el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo emitieran un informe. Tal video impactó en la población que incluso algunos ciudadanos parodiaron las imágenes.
Los videos de los cárteles de la droga, cada vez con mayor nivel de producción y frecuencia, pusieron en evidencia que las organizaciones criminales han ganado terreno en el control territorial y en el campo de la comunicación, de acuerdo con expertos.
Edgar Guerra Blanco, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Doctor Arturo Alvarado Mendoza, sociólogo especializado en crimen y delincuencia organizada en El Colegio de México (Colmex), en entrevistas previas con esta redacción, recordaron que el uso de videos por parte de las organizaciones criminales para hacer alarde de su fuerza letal, de su capacidad armamentística, poder financiero y organizativo no es algo nuevo.
El Doctor Arturo Alvarado explicó que son parte de una estrategia propagandística, pero no la única. Otras formas son las mantas y el uso de los cuerpos como forma de expresión pedagógica de la violencia que pueden ejercer sobre las personas.
Los especialistas alertaron que es necesario que los gobiernos, tanto Federal como los estatales, realicen un análisis serio y claro de lo que ocurre detrás de los videos y actuar sobre el efecto que tienen en la población y en la violación de las leyes.
