#Anuario2016 | Ambicioso en sus alcances y gigantesco en su estructura, al Sistema Nacional Anticorrupción no logró ponérsele ni siquiera el primer piso. Mientras, el cáncer avanzó y sus metástasis brotaron en los tres niveles de Gobierno, los empresarios y los ciudadanos. En tal paisaje, ocho Gobernadores están acusados de enriquecimiento ilícito, pero sólo uno [Guillermo Padrés, de Sonora, del PAN] pasa este invierno en prisión. Otro [Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, del PRI] se ha fugado. Y algunas batallas ya están perdidas; por ejemplo, que los funcionarios declaren sus bienes en un formato «3de3», iniciativa desechada por el Congreso. Así se ha ido 2016, el cuarto año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, sin brazos para abatir la corrupción, la enfermedad que cuesta 10 por ciento del PIB.
Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Con un cúmulo de escándalos en sus espaldas y presionado por organizaciones civiles, el Gobierno de Enrique Peña Nieto inició este año una nueva etapa en la historia de la lucha en contra de la corrupción con la promulgación de las leyes para fundamentar el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero se trata de un edificio legal tan alto que ni los activistas que lo impulsaron, ni los mismos protagonistas creen que vaya a estar listo antes de que concluya el sexenio. Es un rascacielos cuya gestación ha tomado los cuatro años que lleva el sexenio y abarca desde la creación de una fiscalía y un tribunal federal especializado hasta el aumento de penas y el fortalecimiento de los organismos auditores.
Mientras, el cáncer avanza, se reproduce y sus metástasis brotan en los tres niveles de Gobierno; pero también en los empresarios y los ciudadanos. En 2016, el mal tuvo un incremento sobresaliente. A la pregunta si respecto a hace un sexenio, el país era menos, más o igual de corrupto, las respuestas de más pasaron de 36 a 50 por ciento entre diciembre y marzo, según la encuesta GEA-ISA. Por su parte, la segunda edición del estudio México: Anatomía de la Corrupción, presentado en octubre 2016 por el Instituto Mexicano de la Competitividad y la organización Mexicanos contra la Corrupción, indicó que la mexicana es en su conjunto una sociedad que está dispuesta a incurrir en corrupción «si de ella obtendrá un beneficio personal».
El mismo estudio habló de los empresarios que respondieron a la encuesta que la tramitología es tan excesiva que sólo los actos de corrupción los hacen sobrevivir.
Así, la corrupción está en casi todas las escenas de los mexicanos. Desde los litros de 900 ml que se despachan en muchas gasolinerías, la huida de Gobernadores acusados de peculado, las cuotas que deben pagar los familiares para ver a sus reclusos en las cárceles de México, las dádivas a los policías de tránsito, la impunidad para la violencia callejera en contra de las mujeres, el abuso a los consumidores, el fraude, el peculado, los moches …
Otro año ha pasado y México carece de un Sistema Nacional Anticorrupción.
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2016 se ha ido y con él, la oportunidad de persecución y detención del exGobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Señalado como responsable indirecto de la muerte de decenas de periodistas, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, en este invierno, su paradero es desconocido.
El 12 de octubre, el ex mandatario anunció que pediría licencia al Congreso de Veracruz para dejar su cargo. Le faltaban 50 días para concluir su administración. Ahí estaba el hombre que durante los seis años de su Gobierno siempre dio la apariencia que nada ni nadie podrían con él. Había perdido peso notoriamente. En eso, ya no era el mismo político que le dijo a los periodistas «pórtense bien» después del asesinato en la colonia Narvarte de la Ciudad de México del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera (además de otras tres personas) quien se fue de Veracruz amenazado de muerte.
La gestión de Duarte estuvo marcada desde el principio por acusaciones que fueron desde el uso de recursos públicos para afectar las elecciones en la entidad hasta la entrega de contratos a empresas fantasma (como reveló el sitio de noticias Animal Político). Sobrevivió a todo. Se quedó impávido mucho tiempo en la silla principal del Palacio de Gobierno.
Pero el destino le empezó a cambiar cuando el mismo Presidente Enrique Peña Nieto, correligionario en su partido, el Revolucionario Institucional, decidió que rindiera cuentas. Duarte no fue el único Gobernador postulado por el PRI que salió manchado. La sombra del enriquecimiento ilícito envolvió también a César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo y Rodrigo Medina de Nuevo León.
En términos de corrupción, los colores de los partidos se difuminan. Si bien los escándalos provinieron más del PRI, Guillermo Padrés Elías -del PAN– se presentó por su propio pie al Juzgado Décimosegundo de Distrito en la Ciudad de México en el Reclusorio Oriente. Ahí mismo fue detenido y le notificaron que no tiene el beneficio de la libertad bajo fianza. Padrés Elías permanecerá recluido por cargos de defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero.
Y el Presidente, el 17 de agosto, dijo: “No voy a meter la mano … Cada uno de ellos tendrá que enfrentar los señalamientos de que son sujetos, tendrán que enfrentar las investigaciones que hoy se están realizando y lo que está comprometido de parte de mi Gobierno es no solapar, no permitir que haya actos de corrupción y que si eventualmente alguien incurrió en un acto de estos que enfrente el peso de la Ley”.
Duarte de Ochoa viajó a la Ciudad de México e irrumpió en el noticiario Despierta de Televisa. Ahí anunció que pediría licencia para estar en posibilidad de atender las denuncias y querellas en su contra. “Me quedo en Veracruz, no es un tema de huir, es para dar la cara y enfrentar esta situación”, fueron sus palabras.
No fue así. La Procuraduría General de la República inició acciones especiales en coordinación con la Policía Internacional (Interpol), pero no logró detenerlo. Duarte se fue.
Esa misma Procuraduría tampoco logró nada en contra del exGobernador César Horacio Duarte Jáquez ni en contra del exSecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral; el diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.
Enrique del Val Blanco, investigador de las políticas anticorrupción en México en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresa: «El SNA es como un gran monstruo por complejo. Pero esta complejidad ha sido el pretexto para enviar la imagen de que el aparato para atacar al cáncer de la corrupción está detenido y entonces, no puede hacerse nada».
UN SISTEMA DE DESALIENTOS
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El diseño de este sistema tomó cuatro años, los mismos que cumple Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República. En un proceso sin precedentes, Gobierno y organizaciones civiles debatieron para agrupar y alinear a siete instancias gubernamentales en el combate a la corrupción bajo una sola política.
Siete actores deben ponerse de acuerdo. Estos son: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.
Una de las batallas que dieron las ONG se perdió. La iniciativa ciudadana “Ley 3de3” que exigía que los servidores públicos hicieran públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y de impuestos fue expulsada del Sistema.
Después de una campaña de difusión de meses, organizaciones de la sociedad civil recabaron 634 mil firmas para que la bautizada «Ley 3de3» fuera aprobada. Pero no pasó. La madrugada del 15 de junio, la discusión en el Senado se centró en si las tres declaraciones debían ser públicas. Luego, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses debían ser públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.
Y al final, sólo se le hizo una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.
Esa misma madrugada se legisló para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, fuera el organismo que “emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
Luego, el 18 de julio, el Presidente promulgó todo el marco normativo. La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la PGR adquirieron mayores atribuciones para desmantelar redes de cómplices y castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados “moches” y la colusión de intereses, entre otros delitos de daño a la Nación.
Ese día, Virgilio Andrade Martínez renunció como Secretario de la Función Pública y la dependencia se quedó acéfala hasta octubre cuando el Presidente Enrique Peña Nieto mandó su propuesta al Senado para nombrar a los titulares tanto de la SFP como de la PGR. Arely Gómez González, ex Procuradora, fue propuesta como Secretaria de la Función Pública y Raúl Cervantes Andrade, ex Senador, para la Procuraduría. El Senado aprobó ambos nombramientos.
Al conocer la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto, Enrique Toussaint, un politólogo con especialidad en la Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara, dice que ahora hay menos esperanzas. “Los nombres de Arely Gómez y Raúl Cervantes en el Sistema Nacional Anticorrupción lanzaron el mensaje de que en el Ejecutivo hay poca voluntad para el combate a la corrupción. De nuevo, se trata de personajes políticos relacionados con el círculo cercano al Presidente. No son perfiles apartidistas, como marcaba la misma complejidad y aspiraciones del sistema. Y entonces, las expectativas de que el sistema funcione ahora son menos. Porque de nada sirve un sistema legalmente perfecto, con contrapesos, con dientes, si al final los políticos que lo van a ejecutar no son independientes”.
Otro pendiente es la Fiscalía Anticorrupción. La nominación del nuevo Fiscal ha sido postergada en el Senado de la República sin que esté precisa la fecha en que será nombrado ni cuándo podrá empezar a trabajar. En realidad, una vez que esté listo el nombre del nuevo Fiscal tendrá poco tiempo para trabajar e iniciar indagatorias. Permanecerá en el cargo mientras el Procurador General de la República se transforme en Fiscal General de la Nación [según la Reforma constitucional del 10 de febrero de 2014] y nombra a otro Fiscal Anticorrupción. Será entonces cuando pueda ver a los ojos al monstruo de la corrupción.
Hay 31 perfiles postulados entre quienes están Jack Rafael Gorodezky Mirzky, un hombre con antecedentes penales que adora a Donald Trump hasta César Alejandro Chávez Flores, ex visitador que renunció a la PGR después de presentar su investigación sobre la desaparición de los 43.
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“Hoy los mexicanos sabemos que se requieren nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas formas. En el México que queremos no tendrán cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad”. Estas palabras las pronunció Enrique Peña Nieto en la XXX sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional en 2012, cuando era candidato presidencial.
«Corrupción” fue uno de esos términos que tomó protagonismo en la campaña de Peña Nieto. El entonces candidato no se conformó con el discurso, firmó ante Notario Público una lista de 266 compromisos que arrancó con la creación de una comisión nacional anticorrupción.
«Corrupción» fue la misma palabra que dejó de pronunciar [entre otras] en cuanto se convirtió en Presidente. En los cuatro Informes de Gobierno que ha rendido, el término lo ha dicho menos de diez veces.
Lo que piensa sobre el mal lo dejó claro en entrevista con un grupo de periodistas convocado por el Fondo de Cultura Económica, en agosto de 2014, cuando expuso: “La corrupción es un tema cultural que no es exclusivo de México”.
En noviembre de ese mismo año, el equipo de investigación de Aristegui Noticias publicó un reportaje en el que revelaba que el Presidente y su familia habitaban una lujosa mansión en las Lomas de Chapultepec, otorgada por el contratista del Gobierno federal, Juan Armando Hinojosa Cantú.
Cuando promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el 18 de julio pasado, el Presidente incluyó en su discurso la palabra “perdón”. Lo dijo al reconocer que la información difundida sobre la llamada “casa blanca” causó gran indignación. “En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón”.
Y hace poco, en la Semana Nacional de la Transparencia, volvió a hablar de corrupción. “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”. Con esas palabras, el Presidente Enrique Peña Nieto volvió a fijar su pensamiento sobre ese mal en el país. Poco proclive a la improvisación, ese día hizo una excepción y se despegó del discurso para hablar de los actos corruptos que en mucho han carcomido la estructura del país.
