Ciudad de México, 24 de dic. (SinEmbargo).– Aunque Grupo Maseca consiguió retener en su poder el 23.16 por ciento de la compañía que pertenecía a la estadounidense Archer Daniels Midland Company, a cambio de 450 millones de dólares, la noticia de la renuncia de Roberto González Alcalá –quien tenía 18 años laborando para la empresa– a las direcciones generales de Gruma México y Latinoamérica y de Grupo Industrial Maseca (GIMSA) comenzó a generar incertidumbre y volatilidad en el precio de la acción de la harinera. Las acciones, que habían empezado a recuperar terreno, pasaron de 37.60 pesos el 3 de diciembre a 39.37 a mediados de mes, pero luego de que se hizo pública la renuncia, el papel de Gruma cayó a 38.77 pesos.
La renuncia se sumó a la de otros tres altos funcionarios que trabajaron de cerca con el fundador de la empresa, Roberto González Barrera: Joel Suárez Aldana fue removido de la dirección global de Gruma, luego de 25 años de trabajar para la empresa; Alejandro Barrientos Serrano quien dejó de ser el director corporativo de Finanzas y Planeación; y Sylvia Hernández, quien dejó la Dirección de Mercadotecnia de la empresa.
Germán Larrea Mota Velasco tampoco ha tenido buenos días últimamente. Además de las huelgas en sus empresas mineras situadas en Perú y Taxco, ahora enfrenta problemas en Puebla, donde un grupo de habitantes de la comunidad totonaca Ignacio Zaragoza han manifestado su rechazo a la construcción de tres plantas hidroeléctrica que Grupo México planea construir sobre la cuenca del río Ajajalpan. El proyecto existe desde abril de 2011, cuando el gobernador Rafael Moreno Valle y Javier García de Quevedo, presidente Minera México, firmaron un convenio de “generación de energía limpia”.
Los habitantes de la comunidad totonaca presentaron una denuncia penal en contra del presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo Bonilla, el síndico Domingo de Jesús Francisco Galindo, así como los regidores de Salud y Educación del ayuntamiento y empleados de la empresa minera, a quienes acusan de los delitos de daño a propiedad privada, daños a la ecología y abuso de poder. “La construcción de tres hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan afectaría gravemente la vida de los pueblos totonacos, al disminuir de manera drástica el caudal de agua de río”, acusó Cecilia Zeledón, directora de la Universidad de la Tierra en Puebla.
Además, en Tijuana, donde Grupo Aeroportuario del Pacífico pretende construir un puente que conecte las terminales de la ciudad bajacaliforniana con la de San Diego, California, la empresa en la que Larrea participa como accionista enfrenta problemas de impuestos. Según Carlos Bustamante Anchondo, presidente municipal de Tijuana, si GAP no se pone al corriente en su predial no habrá aeropuerto binacional. “Siguen renuentes a pagar pero si quieren el aeropuerto tiene que pagar, no puedo darle uso de suelo a quien no paga impuesto… no voy a dar un permiso, no puedo legalmente si no le han pagado lo que tienen que pagar”, dijo el funcionario.
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