El Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez denunció que la Auditoría Superior del estado investiga el presunto fraude por 5.186 millones de pesos en la construcción, el insólito arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la policía estatal.
Por Marco Antonio Duarte
Morelia (México) 24 nov (Efe).- El actual Gobierno del occidental estado mexicano de Michoacán detectó un presunto fraude de 5 mil 186 millones de pesos (unos 240 millones de dólares) del exgobernador Silvano Aureoles junto con una constructora encargada de construir cuarteles con supuestos sobrecostos.
La empresa se encargó de la edificación, arrendamiento y compra de 7 cuarteles policiales, donde aparentemente se disponía de lujosas habitaciones con blindaje antibalas, según denunció este miércoles el Gobierno de Michoacán.
Alfredo Ramírez, actual Gobernador y sucesor de Aureoles, denunció que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga el presunto fraude por 5 mil 186 millones de pesos (unos 240 millones de dólares), en la construcción, el insólito arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.
Ramírez aseguró en rueda de prensa que los cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para policías, construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico, aunque cada complejo tiene un área privada que estaba destinada exclusivamente para el exgobernador Aureoles.
Estas áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo.
Los espacios exclusivos para el exmandatario se ubican a unos metros, y con un acceso privado a helipuertos, aseguró Ramírez, del oficialista Morena.
Ramírez desglosó que este modelo de corrupción se basó en el pago de siete proyectos ejecutivos –uno por cada complejo, cuando debió ser solamente uno- con la existencia además de un sobreprecio en la construcción.
Además, posteriormente se rentaba a dicha empresa y, finalmente, hubo una compra final por parte del Gobierno estatal de los siete cuarteles tras pagar arrendamientos millonarios, la falta de evidencia documental de la entrega de los inmuebles y la inexistencia de equipamiento.
ALGUNOS EJEMPLOS
La administración de Aureoles -del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)- utilizó en marzo del 2016 el Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública para adjudicar de forma directa a la Inmobiliaria DYF S.A. de C.V. el contrato para “El Servicio de Desarrollo y Arrendamiento de 5 Complejos de Seguridad”, en Huetamo, Coalcomán, Apatzingán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Este proceso lo repitió el 21 de diciembre del 2017, bajo el mismo concepto, para construir los complejos de Lázaro Cárdenas y Uruapan.
Por ejemplo, el contrato establece que para el cuartel de Apatzingán se destinaron 452.1 millones de pesos (unos 20.9 millones de dólares), para el proyecto ejecutivo, arrendamiento y mantenimiento.
Sin embargo, el Gobierno de Aureoles decidió “comprar” el inmueble el 28 de setiembre del 2021 –dos días antes del término de su periodo- en 239.8 millones de pesos (unos 11.2 millones de pesos).
Por lo que la interacción económica costo casi 700 millones de pesos (unos 32.5 millones de dólares)
En el caso de Lázaro Cárdenas, se invirtió 610.5 millones de pesos (unos 28.3 millones de dólares) en la construcción y fue posteriormente comprado en 335 millones de pesos (unos 15.6 millones de dólares) dando un total de 945 millones de pesos (43.4 millones de dólares).
Sobre este presunto acto de corrupción no se ha todavía pronunciado Aureoles ni la constructora.
SUMA DE ESCÁNDALOS
Este descubrimiento se suma al reciente hallazgo de un lujoso búnker con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzis, baño sauna y un pasadizo secreto, que Aureoles habría utilizado en la residencia oficial del mandatario estatal, ubicada en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán.
Aunque Aureoles dijo que durante su mandato –del 01 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2021- no realizó ninguna modificación a la llamada Casa de Gobierno, una reciente investigación demostró que en agosto del 2020 su gobierno pagó 14 millones de pesos a la empresa “RECAM Construcción S.A de C.V.” para la ampliación, mejoramiento, rehabilitación y modernización de la residencia oficial.
Esta información está sustentada en los contratos identificados con los números DOP/ADE/200153/2020 y DOP/ADE/200154/2020, cuyas copias íntegras están en poder de Efe.
