Los enfrentamientos en el municipio de Zirándaro (Guerrero) obligaron al desplazamiento y organización. Los grupos criminales sacaron a los pobladores de sus viviendas para ocuparlas ellos. «Mi papá es un anciano y llegaron a su casa, le pidieron las llaves y lo sacaron, y así a muchas familias», expresó una mujer habitante de la cabecera municipal, que ahora vive con su padre.
Por Francisca Meza
Zirándaro de los Chávez (México), 23 nov (EFE).- La irrupción de delincuencia organizada que busca el control del corredor que conecta la Tierra Caliente del estado de Guerrero, en el sur de México, con la Costa Grande ha provocado el desplazamiento de cientos de personas y la organización de grupos de autodefensa.
Los enfrentamientos registrados en el municipio de Coyuca de Catalán hace unos tres meses encendió los focos de alerta en el vecino Zirándaro, sin embargo no fue hasta el pasado 10 de noviembre cuando enfrentamientos por el territorio obligaron al desplazamiento y organización armada de los habitantes.
Algunos han sido obligados a salir por los grupos que se buscan adueñar de las tierras.
«Nos llegó una orden que nos daban una hora para que saliéramos. Nos mandaron a decir con un chamaco», detalló a Efe una habitante de la comunidad El Limoncito que ahora se refugia en Guayameo.
De acuerdo con su testimonio, tuvieron que salir la noche del pasado domingo a oscuras porque la orden indicaba que no querían luces. Dijo que ese pueblo quedó vacío.
Un grupo de mujeres desplazadas contó que decidieron salir de sus comunidades porque los grupos de la delincuencia organizada se llevan a los jóvenes para sumarlos a sus filas, y ellas no están dispuestas a permitirlo.
«Nos venimos porque no queremos que nuestros hijos anden cuidando, ninguno nos sacó pero queremos a nuestros hijos. Llegan y dicen ‘vámonos’, a boca de pistola. Ustedes creen que estamos a gusto aquí sin dinero para arrancar», dijo una afectada, madre de dos jóvenes.
De acuerdo con el comisario de Guayameo, Evodio García, en ese poblado hay más de 40 familias, de hasta ocho integrantes, refugiadas, procedentes de las comunidades Los Alacranes, La Piedra, San Rafael, El Limoncito, La Barranca, El Guajolote y El Ídolo.
En otras comunidades, los grupos criminales sacaron a los pobladores de sus viviendas para ocuparlas ellos.
«Mi papá es un anciano y llegaron a su casa, le pidieron las llaves y lo sacaron, y así a muchas familias», expresó una mujer habitante de la cabecera municipal, que ahora vive con su padre.
El Alcalde de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, informó a Efe que el 10 de noviembre los habitantes reportaron enfrentamientos en las zonas de Los Guajes, La Cañita, Los Alacranes, El Pino, San Rafael y La Parota del Cuartel.
Aseguró que de acuerdo con versiones de los pobladores se contabilizaron 14 muertos, aunque para las autoridades ministeriales solo fue uno. También informó que atendieron a diez heridos.
Hasta el viernes se tenían registradas 1,500 personas desplazadas, la mayoría refugiadas en Guayameo y en la cabecera municipal; otro tanto permanece en viviendas de familias cercanas.
El Alcalde indicó que más que operativos que por momentos hay en ese municipio se deben instalar filtros en los caminos, para persuadir a los grupos y permitir el regreso de los desplazados.
Asimismo confirmó que no hay clases, servicios de salud ni de transporte público en la sierra.
En Los Alacranes pareciera que el tiempo se detuvo. Decenas de viviendas están cerradas y solas, con sus mascotas y animales de crianza abandonados, en espera de que sus dueños vuelvan por ellos y continuar con su cotidianeidad robada.
En el entronque del camino que va a la comunidad de San Rafael, un grupo de pobladores con escopetas se organizaron en resistencia para impedir que los delincuentes adueñen de su patrimonio.
El comisario, quien pidió a Efe permanecer en el anonimato, informó que la mayor parte de mujeres y niños se fueron, pero los hombres se resisten.
Detalló que desde hace meses son extorsionados por los grupos delictivos, pues les cobran 150 pesos (unos ocho dólares) de cuota por cada cabeza de ganado que tienen en sus propias tierras.
También los han obligado a dejar de usar leña para cocinar para que les compren gas a ellos, y quien no cumple tiene que pagar 1,000 pesos (unos 50 dólares) «de multa».
Al igual que muchos afectados, el comisario hizo un llamado al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores para que recorra la zona, pues insiste en negar que no pasa nada en ese municipio.
Según el Alcalde, son células de los cárteles Familia Michoacana, Cartel Jalisco Nueva Generación, y familias de Coyuca de Catalán quienes quieren el control del corredor que llega al municipio de Zihuatanejo, en la Costa Grande.
Hasta el momento el gobernador del estado de Guerrero ha negado los hechos y considera que todo está bien en esa localidad.
