Desde el primer día en que el Tribunal Federal Electoral anuló la elección para Gobernador de Colima debido al intervencionismo del Estado en favor del candidato priista José Ignacio Peralta Sánchez, este instituto político empezó a orquestar una nueva (y evidentísima) elección de Estado.
La dura advertencia del Tribunal Federal Electoral no fue suficiente como para detener no sólo al nuevo gobierno interino estatal sino, sobre todo, al gobierno federal de meter las dos manos con sus diez dedos en la elección extraordinaria que se llevará a cabo a mediados de enero de 2016 y que costará a la ciudadanía colimense casi treinta millones de pesos.
Debido a que el proyecto priista está literalmente muerto (esto en virtud de la recrudecida pobreza, inseguridad, corrupción e impunidad que ahora asola esta pequeña entidad federativa), tanto el gobierno federal como el estatal llegaron a esta contundente conclusión: jamás podremos ganar si no es través de otro fraude electoral.
Y es cierto: el PRI en Colima no podrá ganar la elección extraordinaria si no es a través de un fraude electoral que incluya, principalmente, el uso de los recursos humanos y materiales del Estado para incidir en la voluntad del voto en favor del candidato priista Peralta Sánchez.
En virtud de esto, y de que el candidato panista a la gubernatura, Jorge Luis Preciado, ya empieza su precampaña con casi 15 puntos arriba de distancia del candidato priista (contra el cual se disputará realmente el triunfo), las manos del Estado han implementado varias estrategias que vuelven a poner en riesgo la validez de la elección.
Haciendo a un lado la exacerbada guerra sucia contra el candidato albiazul (la amenaza real de los priistas), el gobierno interino colimense empezó su avanzada dándole cargos de primer nivel a quienes fueron miembros importantes de la campaña del candidato rojiblanco, como en el caso de Arnoldo Ochoa (quien fuera vocero de su campaña y ahora pasó a ocupar la Secretaría General de Gobierno) o Héctor Munguía (quien fuera su activista más entusiasta en redes sociales y ahora pasó a ocupar la Secretaría de la Juventud).
Habiendo sido estos personajes operadores oficiales de la campaña de Peralta Sánchez, sería ilógico no creer que utilizarán su nuevo encargo para volver a unir esfuerzos con el fin de beneficiar a éste.
La utilización de programas federales (como el reciente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano, que propició la extraña visita de Rosario Robles y Osorio Chong a la entidad) y el chantaje crediticio por parte de la Secretaría de Hacienda (cuyo secretario es amigo personal del candidato priista) a los recién estrenados municipios panistas (herederos de un desastre financiero dejado por sus antecesores priistas) es otra de las maniobras utilizadas por el Estado para hostigar voluntades y reclutar votantes.
Si a esto agregamos, por último, la manipulación laboral que ejerce el actual gobierno interino (a través de la recontratación de cientos de los miles de empleados que fueron despedidos en la administración pasada y de la amenaza de despido de aquellos que lograron conservar su trabajo), los indicios de esta nueva elección de Estado se imponen inobjetables.
Según pruebas presentadas por el PAN, en la elección ordinaria en Colima, los priistas hicieron votar a los mismos muertos.
En esta nueva parece que están dispuestos a llevar a las urnas, incluso, a los nonatos.
@rogelioguedea
