Bumlai, empresario del sector agropecuario, fue detenido en Brasilia, donde hoy debía declarar ante una comisión parlamentaria que investiga presuntas irregularidades en el también estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Las autoridades investigan la veracidad de algunos testimonios ofrecidos por detenidos por la corrupción en Petrobras, según los cuales Bumlai medió en algunos negocios turbios en la petrolera valiéndose de su amistad con Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011.

El testimonio que más involucra a Bumlai, según la Policía, fue dado por el empresario Fernando Soares, condenado a 16 años de cárcel por su participación en las corruptelas en Petrobras.

Según declaró Soares en el marco de un proceso de colaboración judicial que permitió la reducción de su pena, en 2011 se reunió con Bumlai y le entregó dos millones de reales (hoy unos 540 millones de dólares), con los que habría pagado su intermediación en un negocio con la petrolera estatal.

Algunas versiones de prensa sostienen que Soares dijo que, en realidad, ese dinero sería destinado a pagar parte de unas deudas que «una nuera» de Lula tendría por la compra de un apartamento, lo cual ha sido negado tajantemente por el exmandatario.

De acuerdo con la Fiscalía, Bulmai ofreció apoyo político al grupo Schahin para conseguir contratos con Petrobras y a cambio el empresario obtuvo préstamos por parte del banco cuyo destinatario final eran «agentes políticos».

Según el fiscal Carlos Fernando Santos, algunos préstamos fueron «simulados» y nunca llegaron a ser cobrados, un procedimiento que también fue utilizado durante las corruptelas practicadas por políticos y ministros durante el Gobierno de Lula.

«Se declararon préstamos que muchas veces no eran verdaderos. Los préstamos pasaron hasta nueve años sin ser abonados y otros préstamos nunca fueron pagados», afirmó la Fiscalía.

Los procuradores resaltaron que en el embrollo financiero fue comprobada la participación directa de algunos tesoreros del Partido de los Trabajadores (PT) e incluso «hubo llamadas de la Casa Civil (ministerio de la Presidencia)», en la época en la que el exministro Jose Dirceu, exhombre fuerte de Lula, ocupaba la cartera.

Según la Policía, en los últimos años operó en Petrobras una red de corrupción que adjudicaba contratos a empresas privadas de forma fraudulenta, inflaba sus valores y repartía las diferencias entre exdirectivos de la propia estatal y políticos que facilitaban esas maniobras.

La propia Petrobras ha reconocido en sus balances que los fraudes le causaron perjuicios financieros por 2.000 millones de dólares en la última década.

Por este asunto, que ha generado una aguda crisis política, se investiga a medio centenar de dirigentes de partidos que, en su mayoría, pertenecen a la base parlamentaria que apoya al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, sucesora, líder del PT y «pupila política» de Lula.

Entre los políticos investigados están los actuales presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer.

La investigación en torno a Cunha es la que más ha avanzado en la Corte Suprema y las autoridades judiciales sostienen que el jefe de los Diputados obtuvo unos cinco millones de dólares de la corrupción petrolera y que mantenía ese dinero en cuentas secretas en Suiza.

Cunha ha negado su participación en esos fraudes y también que tuviera cuentas cifradas en bancos suizos, pese a que ello ha sido confirmado por las propias autoridades del país helvético, que han cooperado con la justicia brasileña.

El Congreso ha iniciado una investigación contra Cunha y podría llegar al extremo de despojarle de su escaño.

Hace unos meses, cuando surgieron las primeras acusaciones en su contra, Cunha anunció su decisión «personal» de pasar a engrosar la oposición al Gobierno de Rousseff, pese a que su partido permanece en la coalición oficialista.

Como presidente de la Cámara Baja, Cunha tiene la potestad constitucional de decidir sobre un eventual juicio con miras a la destitución de la presidenta Rousseff, lo cual ha sido pedido por la oposición sobre la base de unas maniobras fiscales hechas por el Gobierno en los últimos años para «maquillar» sus resultados.