La campaña electoral de 2012, otra vez, está bajo los reflectores por sospechas de empleo de recursos ilegales. Las últimas revelaciones en torno al posible financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República cobraron fuerza ante la remoción del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo.
Ex consejeros electorales señalan que en los procesos electorales pasados, el INE ha demostrado falta de autonomía, incapacidad de velar por la limpieza de los recursos en las campañas y que tiene dientes suficientes para evitar la entrada de recursos ilícitos pero que no los ha querido usar, por lo que existe el riesgo de que este tipo de prácticas se repitan en la elección de 2018.
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Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Ex consejeros electorales ven incapaz al Instituto Nacional Electoral (INE) de esclarecer los manejos de recursos de campaña que llevaron a Enrique Peña Nieto a la Presidencia, ni de evitar que esto se vuelva a repetir.
Será el próximo 1 de julio de 2018 cuando los ciudadanos voten por quiénes ocuparán más de 3 mil cargos públicos, entre Presidente de la República, gobernadores, Jefe de Gobierno, alcaldes, y los congresos de la Unión y locales.
La elección presidencial se prevé especialmente difícil debido a que el virtual candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas y en los dos procesos federales pasados ha denunciado fraude en los resultados.
Además porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido señalado en otras ocasiones de usar dinero ilegal para financiar a sus candidatos -la constructora OHL, es la más reciente- , sumado a los recursos públicos a los que tiene acceso en los Gobiernos federal y estatales.
Alfredo Figueroa Fernández, ex Consejero del INE, sostuvo que la información que ha surgido desde los ex directivos de Odebrecht sería suficiente para que una institución autónoma abriera una investigación profunda.
“Es un asunto gravísimo. No sólo sería ilegal que de cualquier empresa se estuviese recibiendo dinero, sino aquí estamos en uno de los tipos más graves. Hay prohibición de recibir recursos del extranjero. Estamos hablando de un tipo administrativo y penal que está vinculado a la soberanía”, dijo Figueroa Fernández en entrevista con este medio.
La información sobre los posibles vínculos de la empresa brasileña y la campaña presidencial de 2012 no salió de las instituciones mexicanas sino de informes periodísticos que citan y revelan las declaraciones hechas ante la Fiscalía de Brasil.
Ayer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que Carlos Fadigas, ex director de Odebrecht, testificó que la filial Braskem transfirió 1.5 millones de dólares a una empresa presuntamente vinculada con Emilio Lozoya, otrora director de Pemex y ex coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Las sumas de parte de la compañía sumaron 3.1 millones de dólares en tiempos de proceso electoral.
El texto periodístico da cuenta de otras reuniones que sostuvo el expresidente de la constructora brasileña Marcelo Odebrecht -hoy en la carcel- y Peña Nieto como Gobernador del Estado de México, candidato presidencial y Presidente de la República, entre los años 2010 y 2013.
Los expertos suponen que los montos serían sólo una muestra del manejo que hizo el PRI durante las últimas elecciones presidenciales. “Son la punta del iceberg”, calificó Eduardo Huchim, ex Consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Las sospechas parten a raíz de que los procesos electorales pasados no estuvieron libres de controversias, como las del caso Monex, donde el PRI habría comprado votos a partir de la repartición de tarjetas, y Odebrecht ha delatado antes las autoridades que repartió millones de dólares para campañas de políticos en varios países para recibir obras a cambio.
“Esa portación [de 3.1 millones de dólares] no la pudo detectar el INE. Ni lo que dio Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, ni Borge. Es decir, los gobernadores priistas que ahora sabemos que aportaron más de mil millones de pesos a la campaña”, acusó Huchim.
Estas ilegalidades, agregó el especialista, habrían valido la salida del Presidente Peña Nieto si la independencia del sistema de justicia fuera similar a la de otros países: “El Presidente ya tendría que estar en la cárcel”.
¿EL INE ES INDEPENDIENTE?
Figueroa sostuvo que la imposibilidad de rastrear hoy el dinero ilícito se debe a la falta de independencia del Consejo Electoral, compuesto por 11 consejeros ciudadanos.
“Hoy tenemos suficiente evidencia de tener un Consejo General secuestrado por el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados. Y eso, al igual que lo sucede en el Tribunal [Electoral del Poder Judicial de la Federación], me parece uno de los problemas graves de nuestra democracia”.
La cooptación, a los ojos de Figueroa, ha crecido a la fecha, “las instituciones que concebimos autónomas, justo al margen de los gobiernos y fácticos, son hoy dolorosamente parte de un secuestro institucional que no tiene precedentes desde el 97 para acá”.
Eduardo Gurza Curiel, director de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, sostuvo el ex consejero, ha hecho falsas investigaciones.
“Admite las no respuestas por parte del poder Ejecutivo, y el encargado de las transacciones inusuales e ilegales [en Hacienda] es nada menos que el señor Alberto Bazbaz, quien actuó como Procurador del Estado de México [del 2008 al 2010 ]”.
El conflicto de interés que suponen las inclinaciones políticas de los funcionarios del INE, recordó Huchim, evitaron en el 2012 atajar la opacidad sobre el manejo de recurso en las campañas.
“El Jefe de la Unidad de Fiscalización, entonces era un ente autónomo, la unidad estaba dirigida por un personaje propriista que la verdad no ocultó mucho sus filias, se trataba de Alfredo Cristalinas”, resaltó el también analista.
En febrero del 2015, siete de 10 partidos acusaron a Cristalinas, quien había sido encargado durante seis años de esa unidad, de favorecer la candidatura de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. Los señalamientos orillaron al encargado de la UFT a renunciar.
Dos años antes, en el 2013, la Unidad de Fiscalización estableció que Peña Nieto había gastado 330 millones de pesos para su campaña política. Una suma “risible”, e “inverosímil”, catalogó Huchim.
“Yo insistí que no podía ser que la campaña de Peña Nieto se burlara de esa forma del Instituto Federal Electoral. Y lo que vemos ahora son algunos de los casos. Porque lo de Odebrecht es obvio que fluyó dinero a la campaña”, agregó.
ANTES NO SE PODÍA
Arturo Sánchez Gutiérrez, ex director del Consejo Electoral del INE, afirmó que en el caso de la campaña del Presidente Peña Nieto, la fiscalización de las elecciones del 2012 generó controversias, como Monex, resultas por los tribunales. Mas no hubo quejas en contra de las empresas brasileña.
“No hubo de manera que el INE pudiera vincular esos recursos a una investigación sobre el financiamiento de la campaña del PRI en aquel entonces. Lo que también es cierto, es que como sucedió en el caso Pemexgate, o amigos de Fox, el INE tendría que realizar la investigación correspondiente si se presenta una queja que genere los indicios suficientes”, explicó.
Hoy, con la nueva información aportada desde Brasil, señaló, el INE tendría que ser cuestionado sobre si existe una queja relacionada al caso Odebrecht, aunque la fiscalización del 2012 esté concluida, y resolver si tiene obligación de actuar en este asunto.
“No estamos hablando de un personaje o empresa, en particular. EL INE tendría que averiguar si el partido [PRI] se beneficio de recursos que provenían de este tipo de empresas y no se reportaron en su momento al INE”, puntualizó Sánchez.
Figueroa recordó que la reforma constitucional electoral del 2014 brindó al INE de los dientes suficientes para perseguir delitos: “Una capacidad de investigación que ha decidido no desarrollar. El tipo de investigaciones que hace el instituto son aquellas que ha convalidado el Tribunal”.
El INE contó con un presupuesto original este año de 15 mil 473 millones de pesos, de los cuales 276 millones 609 mil fueron destinados a la Unidad Técnica de Fiscalización.
“Si uno denuncia al Gobierno federal, el INE le va a preguntar al Gobierno federal si ha actuado con desvío de recursos públicos. La respuesta es ‘no los hemos desviado’. Este es el modelo para investigar. Por lo tanto en el 2018 lo que podemos vivir es un desvío millonario de recursos públicos”.
Sobre este punto difiere el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Ricardo Espinoza Toledo.
“En realidad la capacidad de fiscalización es limitada. Lo que hace en términos de fiscalización es vigilar que los recursos públicos que se le otorgan a partidos y candidatos. Y en cuanto al dinero ilícito, tampoco puede ser supervisado. Las limitaciones no las puso el INE, sino las estableció el poder legislativo, donde están los partidos”, expuso.
Las elecciones en el 2017 habrían corroborado la percepción de incapacidad. En el Estado de México, se hizo entrega de una gran cantidad de recursos, fueron ganadas por el PRI, a quien la candidata rival Delfina Gómez acusó de hacer fraude. En tanto, las elecciones de Coahuila aún se debaten en los tribunales por excesos en los topes de gastos de campaña del partido tricolor.
“Hoy sabemos que sólo en 2016 y tres entidades se desviaron cerca de mil 500 millones de pesos. Eso es cuatro veces más de lo que habrá de tope gastos de campaña a la candidatura presidencial”, resaltó Figueroa.
El reciente despido de Santiago Nieto, hasta la semana pasada Fiscal de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, ha agravado la percepción sobre un Gobierno que se resiste a un escrutinio real sobre la campaña del 2012.
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