El trabajo de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados es un claro ejemplo de cómo algunos de nuestros legisladores y partidos políticos actúan en función de intereses particulares y no del interés general, de cómo las políticas públicas y los derechos humanos sucumben frente a las alianzas políticas en vísperas de los procesos electorales.

Dicha Comisión, que preside Lía Limón, ha sido productiva para sacar adelante dos reformas que explican lo anterior: una que criminaliza la instalación de estaciones de radio y televisión sin la concesión correspondiente, contraria a las recomendaciones en materia de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la otra, que pulveriza y coloca en la nada a los derechos de las audiencias, bajo el pretexto que son contrarios a la libertad de expresión.

En ambos casos, la Comisión atendió, con eficiencia, las exigencias de un sector de la industria e ignoró la posición y aportaciones de la academia, organizaciones de la sociedad civil y de algunos medios públicos y partidos políticos. La reforma que criminaliza la libertad de expresión está por ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados. La que tira por la borda los derechos de las audiencias se encuentra en la Cámara de Senadores, para su dictamen, una vez aprobada por los diputados.

Paralelamente, la Comisión ha sido improductiva en dictaminar muchas iniciativas benéficas para las audiencias y la sociedad en su conjunto, pero que afectarían, si se aprobaran, algunos intereses políticos y económicos, por lo que es preferible enviarlas al congelador o, como se prevé, sean desechadas. Antes de describir algunas de estas propuestas, es importante resaltar este dato: de 22 iniciativas turnadas sólo a esta Comisión, tres han sido aprobadas, tres desechadas, una retirada y 15 continúan sin dictaminarse.

De las 12 iniciativas enviadas a esta Comisión y a otras comisiones (como la de Gobernación o la de Comunicaciones), tres han sido retiradas y ocho están pendientes de dictaminación. En suma: de 34 iniciativas turnadas, la mayoría, 23, siguen en el escritorio de los legisladores para aprobarse o rechazarse. Y parece no existir ninguna prisa mientras no se trate de alguna reforma que, como ya se dijo, genere una rentabilidad política, no sólo a quienes integran esta Comisión, sino a los liderazgos en el Congreso y los partidos políticos, que son los que en la práctica activan o desactivan los trabajos en ambas Cámaras.

CONTENIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Aunque no lo crea, hay dos buenas iniciativas, una del Partido Verde, presentada por José Alberto Couttolenc, y la otra del PRI, propuesta por Ivonne Ortega, que buscan fortalecer la perspectiva de género y la erradicación de la violencia en los medios electrónicos. En la primera, se pretende reformar y adicionar artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) para que el Instituto Nacional de las Mujeres intervenga en materia de radiodifusión para divulgar estos temas y trabaje con los concesionarios de uso comercial, público y social para que se realicen transmisiones con dicho enfoque. De igual manera se pretende que en los 30 minutos que están obligados los concesionarios a ceder al gobierno se incluyan contenidos con la misma perspectiva.

La otra iniciativa, de Ivonne Ortega e integrantes de la Comisión de Comunicaciones, busca que la LFTR señale “expresamente que corresponde a la Secretaría de Gobernación establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada, los cuales aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres, así como supervisar que la programación esté libre de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorpore un lenguaje incluyente, no fomente ningún tipo violencia o discriminación hacia las mujeres y que contribuya al fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres”. Para ello deberá atender las recomendaciones y opiniones del Instituto Nacional de las Mujeres.

FORTALECER A LOS MEDIOS PÚBLICOS. Por su parte, la Diputada Martha Cristina Jiménez, del PAN, propone modificar diversos artículos de la LFTR para fortalecer a los medios públicos y dejar atrás el modelo de radiodifusión al servicio de los gobiernos o funcionarios en turno. Por ejemplo, precisa que para la obtención de concesiones de uso público, los interesados deberán demostrar ante el IFT que establecieron reglas claras para la conformación y elección transparente y democrática de un Consejo Ciudadano plural, que garantice el “diseño de un funcionamiento editorial independiente y eficaz” del medio y “lo aísle de cualquier presión o influencia externa que pudiera afectar su objetividad e imparcialidad”. También la legisladora incorpora criterios sobre cómo los medios públicos estarían en posibilidades de cumplir con las obligaciones legales en autonomía de su gestión financiera, la transparencia y rendición de cuentas, así como en el acceso a las tecnologías. Esta reforma le sería muy útil al IFT, debido a las lagunas legales en este terreno.

MÁS RECURSOS A MEDIOS COMUNITARIOS. La Diputada del PAN, María Verónica Agundis, propone una reforma sencilla a la LFTR, pero efectiva para fortalecer a los medios comunitarios e indígenas: aumentar de uno a dos por ciento los recursos que los órganos del gobierno deben destinar a estas emisoras de sus presupuestos de publicidad gubernamental. La propuesta es positiva, pero podría redondearse con la incorporación de mecanismos para que el dinero llegue a las estaciones beneficiadas y los tiempos máximos de entrega, ya que actualmente hay un vacío regulatorio que también ha entorpecido el cumplimiento de la ley.

NO INCAUTAR EQUIPOS. A diferencia de la iniciativa, ya aprobada, que endurece las sanciones a quienes instalen estaciones sin autorización, los diputados de Morena, Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Caballero y Renato Josafat Molina, proponen derogar el artículo 305 de la LFTR para eliminar la disposición que priva de los bienes, instalaciones y equipos, a las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación. En su argumentación, retoman lo ocurrido con La Tlaxiaqueña 91.5 FM, que operaba en la región mixteca oaxaqueña. Esta emisora, describen, fue intervenida de manera violenta por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes no sólo decomisaron los equipos, sino también documentación de las gestiones ante las autoridades federales, por medio de los cuales se solicitaba la concesión correspondiente. “Aquí se configura -dicen- otra violación a los derechos constitucionales de las personas, consagrados en el artículo 14 constitucional, que establece el derecho de las personas a no ser privadas ‘de su libertad, propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento…’”.

REGULAR LOS VIDEOJUEGOS. Para fortalecer los derechos y protección de niñas y niños, hay dos iniciativas de dos legisladoras del PRI que buscan regular más efectivamente los videojuegos. La de la Diputada Aurora Cavazos pretende dotar al IFT de la atribución de supervisar la clasificación y contenidos de los videojuegos, a través de una modificación a la LFTR. También se obligaría a los distribuidores de colocar etiquetas de clasificación de los videojuegos en español, de manera visible, de acuerdo con los lineamientos establecidos, y restringir la venta de videojuegos para adultos a menores de edad. La otra propuesta, de la Diputada Guadalupe Gamboa, va en un sentido similar, pero coloca la facultad en manos de la Secretaría de Gobernación.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD. Ante la puerta abierta que se dejó en la LFTR para que las autoridades de seguridad y procuración de justicia (sin definir) puedan obtener información sobre los usuarios de servicios de telecomunicaciones e invadir la privacidad sin justificación, el diputado Vidal Llerenas, de Morena, presentó una iniciativa en la cual se obligaría a que en cada una de estas solicitudes a los concesionarios y prestadores de servicios  de telecomunicaciones, previamente se cuente con la autorización de un juez federal. Además, en la propuesta se detallan cuáles serían las únicas autoridades facultadas para solicitar los datos: el procurador general de la República, los procuradores de Justicia de las entidades federativas, el comisionado General de la Policía Federal, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

PUBLICIDAD DE COMIDA CHATARRA. Hay otras iniciativas sobre la tutela de los derechos de las audiencias y la creación de una defensoría a cargo del mismo IFT, la emisión de lineamientos de clasificación de programas de radio y televisión a partir de un foro ciudadano y plural organizado por la Cámara de Diputados (y no mediante una imposición de la Secretaría de Gobernación, como ocurrió) y la obligación de que los concesionarios emitan mensajes relacionados con alertas en materia de localización de personas desaparecidas o extraviadas. Asimismo hay una iniciativa sólida y documentada, firmada por 39 diputadas y diputados, que busca proteger la salud de los niños y jóvenes ante la publicidad de alimentos y bebidas no saludables, en aras de fortalecer la política pública contra la obesidad, pero que, como la mayoría de este conjunto de propuestas, afectan intereses que no entran en las prioridades de quienes deciden en nuestro Congreso.

Actualmente, la Comisión de Radio y Televisión está integrada por 12 diputados del PRI, tres del Partido Verde, cinco del PAN, tres del PRD y tres de Morena.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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