Las cifras de violencia ponen en entredicho una vez más la estrategia del Gobierno federal para reducir los índices de delitos de alto impacto. Los datos oficiales de septiembre demuestran que fue el mes con el mayor número de homicidios dolosos en los casi cuatro años del Presidente Enrique Peña Nieto en el cargo. El repunte abarca también otros delitos y el Gobierno muestra su peor cara cuando aún le restan dos años en el poder.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).— México atraviesa por un nuevo repunte de la violencia, de acuerdo con los registros oficiales de los delitos. Organizaciones civiles y académicos han señalado que el aumento de los homicidios y secuestros contradice las aseveraciones del Gobierno federal de contar con una estrategia de seguridad nacional.
En los primeros nueve meses del año se han registrado ya 15 mil 201 averiguaciones previas por homicidios dolosos en el país, un aumento del 16 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado. Así lo expresan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Hasta el momento las estrategias de seguridad han sido insignificantes para combatir a quienes deben. El resultado no ha sido óptimo”, dijo Vidal Romero León, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El pasado viernes 14 de octubre el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong acusó que los indicadores de violencia se iban a atender con una estrategia que prioriza a los 50 municipios más peligrosos del país.
Éstas localidades representan los sitios donde se cometen el 45 por ciento de los homicidios dolosos del país, aseguró Chong.
“Queremos revertir esta alza en homicidios dolosos, mientras se dan las reformas que se tengan que dar, pero estamos con una estrategia para atender lo que hoy se nos ha incrementado”, dijo Chong.
Sin embargo, las mismas estrategias donde se ha realizado una intervención federal no han dado resultados, aseguró Romero.
La administración del Presidente Enrique Peña Nieto desplegó en el 2014 una intervención en Michoacán, y creó una comisión especial encabezada por el ahora director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo Cervantes.
Aquel año en que las autoridades intervinieron, Michoacán cerró con 777 averiguaciones previas por homicidios dolosos. En enero del 2015, Castillo anunció su salida de la entidad. Y las cifras repuntaron. En los primeros nueve meses de este año hubo 947 investigaciones por homicidio doloso.
“En el corto plazo sí hemos visto que las intervenciones funcionan para bajar homicidios. Pero una vez se van eventualmente regresa la violencia”, agregó el investigador del ITAM.
Las estrategias de seguridad se han quedado cortas por la falta de acompañamiento de los estados, ha dicho en varias oportunidades el Observatorio Nacional Ciudadano.
“Tenemos casi 10 años con la crisis de seguridad y no parece que las autoridades locales hayan entendido de qué se trata el problema, y que estén adoptando su propia responsabilidad”, dijo Leonel Fernández Novelo, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Este podría ser el caso de Veracruz que entre enero y septiembre registró 565 averiguaciones previas por homicidios dolosos, un 31 por ciento más que los registrados en el mismo periodo del año pasado.
O el caso de Colima, donde en los primeros nueve meses del año hubo 434 averiguaciones previas por homicidio; un aumento del 77 por ciento con relación al año pasado.
SECUESTROS
No sólo los homicidios preocupan a organizaciones que trabajan el tema de la violencia. En los primeros nueve meses del año hubo 794 averiguaciones previas por secuestro en el país; 13 más que las registradas en el mismo periodo del año pasado.
“El Estado es líquido, es decir que es ineficiente. El problema de los secuestros les rebasa, sí salen a declarar que van a mejorar, y tienen reuniones públicas, pero no cuentan con los recursos para cambiar esto”, dijo Pablo Monzalvo Pérez, especialista en seguridad.
Por otra parte, mes con mes el SESNSP manifiesta un aumento en la categoría “otros delitos” (de la misma forma que hay una para homicidios, robos, delitos patrimoniales, etcétera), en ella se suman todos aquellos que no han podido ser clasificados de forma adecuada.
Entre enero y septiembre 4 mil 350 averiguaciones previas fueron incluidas en “otros delitos”, un aumento del 7 por ciento en relación al año pasado.
Este sistema de registro estadístico que inició desde 1997 ha quedado obsoleto, aseguró Leonel Fernández.
A pesar de que se está implementando ya uno nuevo, el registro de las averiguaciones previas de los delitos en México aún arrastra serios rezagos, porque no hay una homologación en la forma de contabilizar las averiguaciones previas.
“Por ejemplo, si alguien es secuestrado y asesinado, puede que algunas procuradurías lo clasifiquen en la estadística sólo como secuestro porque es el delito que tiene la pena más grande. Y otras sólo como asesinato porque el tutelaje máximo del Estado es la vida”, expuso Fernández.
Los registros también invisibilizan a los desaparecidos, dijo el representante del ONC. La actual administración superó en tres años y cuatro meses el número de desaparecidos registrados durante los seis años del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en ese lapso el Gobierno actual registró 13 mil 771 desaparecidos, 299 más que con Calderón.
ESTRATEGIA FALLIDA
La guerra contra el narcotráfico fue declarada en diciembre del 2006 por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, el saldo ha sido negativo.
“Atrocidades innegables”, un estudio de Open Society publicado en junio, apuntó que parte de la violencia del choque frontal contra el narcotráfico ha sido perpetrada por las autoridades mismas.
“Respecto a los asesinatos, muchas veces involucraron a personas bajo custodia del Gobierno. Muchos asesinatos fueron cometidos por la milicia […]. Y Las fuerzas de seguridad trataron de cubrir la alteración de los hechos”, dijo esta semana Christian De Vos, encargado de Open Society Initiative.
Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México, retomó este informe.
Otro estudio, titulado “Diez años de panismo. Resultados”, hecho por el Partido Revolucionario Institucional estimó que la lucha contra el crimen organizado de Calderón costó 467 mil millones de pesos al Estado.
“No se trata de sacar las tanquetas y a las fuerzas armadas a las calles, sino mejorar la parte de procuración de justicia, la investigación y prevención del delito, la generación de estadística, la inteligencia criminal; y que resulte en procesos de justicia”, dijo Fernández.
