Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Al vencerse el plazo del ultimátum que dieron para que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos –desaparecidos desde hace casi un mes– aparezcan con vida, los padres de familia de los normalistas definen las siguientes acciones a emprender para que su exigencia sea atendida, y responsabilizaron al gobierno federal de lo que pueda ocurrir.
El pasado miércoles 22 de octubre, durante el mitin realizado en el Zócalo capitalino al término de la multitudinaria marcha para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes, el padre de uno de los jóvenes desaparecidos lanzó un ultimátum al gobierno: “Yo le digo al pinche gobierno que yo les doy dos días nada más. Si en dos días no aparecen nuestros familiares vamos a tomar otras medidas, porque ya estamos cansados de que nada más puras pinches esperas. ¡No hacen nada! […] Nomás dos días vamos a dar, sino que se atenga a las consecuencias”, advirtió.
Manuel Martínez, vocero del grupo de padres de familia de los estudiantes desaparecidos, refrendó la exigencia de ese día, en víspera de que se cumpla el plazo dado al gobierno para que localice a los jóvenes.
En entrevista con SinEmbargo, Martínez dijo que los padres de familia están molestos y cansados, porque ha pasado casi un mes desde que los jóvenes fueron desaparecidos sin que hasta ahora haya avanzado la investigación para dar con su paradero.
“Ya ha pasado casi un mes y en verdad es desesperante, cansado, saber que pasan los días y no vemos que hay avance”, expresó. “Hay molestia, enojo, porque no vemos que se esté llevando a cabo la cuestión de la búsqueda tal como debe de ser”.
Y agregó: “Por eso fue el ultimátum. Nosotros lo tenemos muy en mente: si vemos de hoy a mañana que no pasa nada, pues también tenemos que actuar”.
El vocero de los padres de familia dijo que están valorando las acciones a tomar en las próximas horas, aunque no detalló en qué consistirían. Además, responsabilizó al gobierno federal de lo que vaya a ocurrir.
“Lo estaremos viendo con el paso de las horas, no de días, sino de horas. Nosotros lo estaríamos valorando, pero sí le doy del conocimiento que sí hay inconformidad. Hay que ser respetuosos en el dolor y cansancio de cada uno de los padres de familia, entonces lo que vayan a decidir ya queda en responsabilidad del gobierno federal, porque ya pasaron días” sin que los jóvenes hayan sido encontrados, manifestó.
La tarde de este viernes, los padres de familia y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) y con su titular Jesús Murillo Karam, por considerar que no es un interlocutor serio y no creen en la información que les ha dado.
En conferencia de prensa, realizada en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, los familiares de los normalistas desaparecidos y los alumnos de esa escuela exigieron que sea el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien los reciba. Dijeron que no se volverán a sentar con las autoridades hasta no ser recibidos por Peña Nieto.
A dos días de que se cumpla un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, la demanda de sus padres persiste a pesar del cansancio, la desesperación y el enojo, expresó Martínez.
“Lo que queremos es una respuesta de búsqueda, que nos digan: ‘Aquí están los 43 jóvenes’ y nosotros dejamos de exigirle al gobierno federal. O de lo contrario seguirán siendo los causantes de lo que vaya a seguir en el estado de Guerrero”, advirtió.
LA RUPTURA CON LA PGR
La ruptura del diálogo con la PGR se dio porque los padres de los estudiantes desaparecidos no confían en la institución como interlocutora y exigieron que la línea de investigación debe redireccionarse, pues se está tratando de desvirtuar con acusaciones como las de que los alumnos ausentes tenían nexos con el crimen organizado.
Ayer, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles Defensores de los Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, señalaron que la PGR sólo busca la manera de justificar la matanza de los normalistas y civiles, además de los 43 desaparecidos por policías municipales en Iguala, y trata de ligarlos a la delincuencia organizada y grupos insurgentes.
Por su parte, el estudiante y vocero del comité estudiantil Ricardo Flores Magón, Uriel Alonso Solís denunció que la PGR ha tratado de modificar las declaraciones que han hecho los normalistas a la dependencia.
Dijo que al momento de firmar las declaraciones, los estudiantes se han percatado de que los agentes federales que recogen los testimonios modifican los hechos y han tratado, sin poder lograrlo, de incluir lo informado por el Procurador Murillo Karam, de que lesionaron a un chofer que se resistió al intento de retener un autobús, hecho que desmintió.
Después de una peregrinación que realizaron este jueves de Tixtla a Chilpancingo, los representantes de las organizaciones afirmaron que hay una desviación en las investigaciones, porque la PGR está incriminando a los estudiantes de tener nexos con grupos insurgentes y la delincuencia organizada.
El pasado 20 de octubre, los familiares de los normalistas desaparecidos sostuvieron una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Procurador Murillo Karam, y el subsecretario de la Segob, Luis Miranda Nava.
Tras el encuentro, los padres afirmaron que la información que en ese momento las autoridades les brindaron era “limitada e incompleta” y que por supuesto no había confianza en ellos.
Ese encuentro tuvo lugar en el hangar presidencial del aeropuerto de Acapulco, fue privado, y en él se realizó un balance sobre las investigaciones llevadas a cabo para localizar a los estudiantes.
En ese momento, el abogado Rosales Sierra, aseguró que los padres no creían en las autoridades con las que sostuvieron el diálogo ni confían en ellas.
“No les creemos a las autoridades”, señaló en entrevista con medios. «No se confía, no se tiene ni la más mínima confianza, acaban de decir ahorita los compañeros que la información que dan las autoridades es limitada, incompleta y por supuesto no hay confianza en ellos”, agregó.
