El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones donde se puede observar que funcionarios públicos del organismo, ahora extinto, torturaron a testigos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A esto se suman irregularidades como: manipulación de evidencia, fabricación de pruebas, entre otras.
Ciudad de México, 24 de septiembre (RT).– La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, en México, descubrió que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios en los que se observa a distintos funcionarios públicos torturar a testigos de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2014, con el propósito de fabricar e imponer la entonces llamada «verdad histórica» de los hechos.
De acuerdo al medio local Milenio, que asegura que dicha información fue revelada por «funcionarios cercanos a la investigación», las 40 grabaciones forman parte del «robusto expediente» que ha logrado construir el equipo que actualmente investiga el caso Ayotzinapa, y que ha determinado que las primeras labores para esclarecer el suceso sufrieron «manipulación masiva y sistemática» de las evidencias.
Estos interrogatorios, que se ejecutaron entre octubre de 2014 y enero de 2015, habrían tenido como propósito que los testigos y/o sospechosos del caso repitieran «la versión» del entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam, y de Tomás Zerón de Lucio, que fungía como director de la Agencia de Investigación Criminal.
Los funcionarios dijeron que las investigaciones han determinado que hubo montaje de escenarios del crimen, fabricación de pruebas, destrucción o inutilización de evidencias, omisión de procedimientos y de líneas de investigación, indagatorias insuficientes o desestimadas, desprotección de lugares donde había elementos relevantes, intimidación de testigos, entre otras irregularidades.
DEFENSORES PÚBLICOS TAMBIÉN COMETIERON IRREGULARIDADES
En las grabaciones, según el citado medio, aparecen Tomás Zerón, Gualberto Ramírez —quien era jefe Unidad de Investigación Antisecuestros de la Fiscalía—, otros funcionarios de la Procuraduría y miembros de las fuerzas de seguridad durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018).
También se observaría a varios Defensores Públicos que habían sido asignados como abogados de los detenidos, aplicando tratos inhumanos a las víctimas, dando instrucciones o presenciando los hechos sin objetar.
Estos 40 videos, incluidos en un expediente de evidencias repartidos en 57 carpetas digitales, se suman a otras pruebas forenses obtenidas de teléfonos celulares extraídos ilegalmente por la entonces Procuraduría General de la República (PRG), que serán utilizados para efectuar denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos de falsificar la investigación oficial.
«LA VERDAD HISTÓRICA»
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, que en pocos días se cumplen siete años, es una de las historias más estremecedoras de desaparición forzada en México.
Las autoridades del Gobierno de Enrique Peña Nieto quisieron dar el caso por cerrado con una explicación oficial, que fue bautizada como «la verdad histórica» y que hoy está derrumbada, pues se demostró que la versión sobre Ayotzinapa que el expresidente defendió hasta el fin de su gobierno era falsa.
Esa versión oficial, hoy conocida como»la mentira histórica», aseguraba que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos, que los terminaron matando y quemando en el basurero de Cocula y luego los tiraron en el Río San Juan, lo que fue desmentido por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El pasado lunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México volvió a reiterar su rechazo a la versión del Gobierno de Peña Nieto.
El esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un compromiso de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo mantiene como uno de los casos de derechos humanos prioritarios de su gestión.
Hasta ahora, solo han sido hallados y posteriormente identificados los cuerpos de tres estudiantes. Se trata de Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
