En agosto de 2011, Cindy Erazo, de 29 años, tuvo una emergencia obstétrica en uno de los baños de un centro comercial en el municipio de Soyapango, en la periferia este de la capital, y dio a luz a un niño muerto. Fue llevada de emergencia a un hospital de la zona, donde la denunciaron a las autoridades. En un principio la acusaron de aborto y luego se cambió la tipificación del delito a homicidio agravado.
San Salvador, 24 de septiembre (AP).— Tras pasar seis años en prisión, un Juez le otorgó libertad condicional a una salvadoreña que había sido sentenciada a 30 años por supuestamente asesinar a su hijo cuando sufrió un aborto espontaneo, informó el miércoles una organización que defiende los derechos de las mujeres.
En agosto de 2011, Cindy Erazo, de 29 años, tuvo una emergencia obstétrica en uno de los baños de un centro comercial en el municipio de Soyapango, en la periferia este de la capital, y dio a luz a un niño muerto. Fue llevada de emergencia a un hospital de la zona, donde la denunciaron a las autoridades. En un principio la acusaron de aborto y luego se cambió la tipificación del delito a homicidio agravado.
En 2015 se le condenó a 30 años de cárcel, pero un año después la pena fue reducida a 10 años.
La libertad condicional del martes llegó luego de una serie de apelaciones y los esfuerzos de muchas organizaciones de derechos humanos que defienden la inocencia de las mujeres encarceladas por aborto en El Salvador.
“Hoy celebramos la libertad de Cindy, quien fue sentenciada a 30 años de prisión sobre la base de acusaciones falsas”, dijo Morena Herrera, de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en un comunicado de prensa.
Por su parte, Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva del Centro para la Igualdad de la Mujer, dijo: “el caso de Cindy arroja luz internacional sobre la horrible realidad de la prohibición extrema del aborto en El Salvador y la cultura insidiosa de perseguir a mujeres inocentes que perpetua”.
Las organizaciones sostienen que no hay evidencia que demuestre que Cindy alguna vez haya intentado interrumpir su embarazo o dañar al feto.
Las organizaciones denunciaron que más de 18 mujeres inocentes se encuentran actualmente en prisión y demandaron su libertada inmediata.
Desde 1998, la legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser encontrados culpables, podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
No obstante, en casos como el de Cindy, si el delito se cambia a homicidio agravado, aquel provocado en razón del parentesco de la víctima y el victimario, y estas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 50 años de cárcel.
La Agrupación Ciudadana ha señalado que en El Salvador las mujeres procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.
