El asesinato de los integrantes de una tribu aislada del amazonas no es el primero, ni tampoco es la primera vez que se encuentran mineros implicados. El caso ocurrió en un momento en que la institución encargada tuvo un recorte presupuestal que afectó a las oficinas encargadas de las comunidades aisladas.
Ciudad de México, 24 de septiembre (RT/SinEmbargo).- Todavía no se sabe con certeza si son diez o veinte. En el vientre espeso de la selva brasileña, miembros de una tribu en aislamiento voluntario fueron presuntamente masacrados por mineros ilegales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya han manifestado su preocupación por el asesinato registrado, según la Fundación Nacional Indígena de Brasil (Funai), en la reserva Vale do Javari, ubicada en el extremo oeste del estado de Amazonas.
El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) dio inicio a las investigaciones en la zona de difícil acceso y, lo que se sabe de manera extraoficial hasta ahora, es que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños. Pero, ¿es la primera vez que ocurren este tipo de hechos en el país suramericano? No. El caso de Haximú, que terminó en la primera condena en contra el Estado brasileño por genocidio, recuerda que esa herida sigue abierta y el riesgo para los pueblos originarios, latente.
VIOLENCIA EN ALZA
Datos de la Funai, citados por El Diario, lanzan pistas sobre la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas ubicadas al norte de Brasil: en 2016, la violencia en esos territorios escaló a los peores niveles registrados en los últimos 13 años, con mil 536 conflictos que dejaron 61 víctimas fatales.
Aunque se presume que los victimarios fueron «garimpos», como generalmente se le denomina a los mineros ilegales, ese no es el único riesgo al que se exponen las tribus originarias. Alicia Moncada, activista de Derechos Humanos y acompañante de procesos de resistencia indígena contra el extractivismo en la Amazonía, advierte que entre las actividades potencialmente peligrosas también se cuenta la expansión de agronegocios, como la tala indiscriminada de los bosques, y la ampliación de linderos de manera fraudulenta por parte de latifundistas.
«Son actividades que pueden perjudicar a comunidades en el Amazonas porque no solo implican la depredación ambiental, que es algo muy poderoso, sino el impacto severo que tiene para los indígenas el despojo territorial: indio sin tierra no es indio. Eso termina modificando su autonomía, sus sistemas de sustento, su cultura e incluso su salud», explica Moncada a RT.
Además, el contacto de comunidades esas comunidades en la selva con hombres de las ciudades trae implícitos riesgos sanitarios. Infecciones, enfermedades para los que no tienen anticuerpos y afecciones de todo tipo son una amenaza que puede menguar las tribus. Por eso, muchas de ellas permanecen en aislamiento voluntario; el problema es que fenómenos como la minería ilegal se expanden sin escrúpulos en sus territorios y, con ella, sus males.
LA CEBOLLA
Para Moncada, el problema de cómo afecta la minería a las poblaciones de la Amazonía es como cebolla: «es decir, tiene muchas capas y los indígenas, invadidos o alentados, se insertan en todas las actividades que tributan a la mina. Por ejemplo, ser parte de las redes de extracción de combustible porque para poder operar las minas se necesita gasolina y aceite; tráfico de mujeres para dar servicios sexuales a los hombres a las minas; o incluso el contrabando de alimentos. Es un espacio que se da y donde también ocurre un proceso de destrucción de las culturas originarias».
Si bien la minería ilegal, por su mismo carácter de actividad al margen del Estado, está en constante expansión, no es menos cierto que los gobiernos han empezado a promover las concesiones o asociaciones mixtas con el capital privado para la explotación de recursos como el oro y el cobre en el Amazonas, bajo el argumento de «impedir el saqueo» sin que quede nada en las arcas nacionales. En agosto, el presidente de Brasil, Michel Temer, expidió un polémico decreto para desproteger una reserva de 46 mil kilómetros cuadrados.
Ese pulmón vegetal habitado por comunidades indígenas está ubicado en la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), y ahora será sometida a licitaciones de explotación. El hecho ha puesto en alerta a las organizaciones de protección ambiental y de los derechos de los pueblos originarios frente al temor de que una nueva fiebre del oro repita el genocidio de las poblaciones originarias en sus territorios. Para Randolfe Rodrigues, senador opositor del estado de Amapá, «se trata el ataque más grave que haya sufrido la Amazonía en 50 años», refiere el NYT. Aunque su discusión está «suspendida» de momento, las reformas al texto podrían mantener intacta la intención de profundizar el extractivismo en la zona porque todavía ningún sector ambiental ha sido llamado a debatirlo, detalla Público.
TODOS A PERDER
Según la versión que maneja la Funai, la matanza de los indígenas en el Vale do Javari se supo porque los presuntos asesinos se ufanaron de haberlos masacrado en un bar y, como prueba de su «hazaña», mostraron un remo y otras pertenencias de las víctimas.
La organización, que se encarga de monitorear a las comunidades aisladas, emprendió la tarea de formular la denuncia ante la Fiscalía, pero tampoco ocultó el tema de fondo: ¿pudo haberse evitado? En abril de este año, el gobierno de Temer decretó un recorte de 38 por ciento a los recursos de la Funai y voceros indígenas alertaron que la demarcación de tierras estaba prácticamente paralizada desde abril de 2016.
La Funai advirtió que estaba en situación «crítica» porque el recorte ponía en riesgo entre 70 a 130 unidades administrativas, de las 260 existentes. Es decir, podían ser clausuradas. ¿Y cuáles fueron las misiones más afectadas por el tijeretazo presupuestario? Las encargadas de salvaguardar a las comunidades aisladas voluntariamente, de acuerdo a un reporte del Folha publicado en abril de este año: «Todo el mundo va a perder con eso, no solamente los indígenas. Hay riesgo de aumento de los conflictos con muertes, incidentes con repercusión en el exterior y eso le va a pesar en la cabeza al presidente Temer», advertía en ese entonces el miembro del Instituto Socioambiental (ISA), Márcio Santilli.
«La reducción de los presupuestos incide muchísimo, es parte importante del problema -explica Moncada-, porque el monitoreo que debería realizar la Funai es fundamental para prevenir este tipo de cosas. Al tener claro el tipo de conflictos que se presentan en los territorios, ya sean armados no estatales (guerrilleros), madereros ilegales o garimpos, se pueden aplicar medidas de acción y salvaguarda en sitios específicos. La Amazonía es un territorio gigantesco y debes contar con información oportuna, veraz, equitativa y con referencias geográficas porque son lugares a los que no puedas llegar en autobús. Si le quitas los recursos a esa actividad, te quedas viendo la selva en blanco, te jodiste».
¿NUEVO HAXIMÚ?
El doctor Aimé Tillett, coautor del libro Minería en la Amazonía Venezolana: Derechos Indígenas y Ambientales. El caso del pueblo Yanomami, recuerda el precedente judicial que dejaron en Brasil este tipo de casos, con el fallo tras la masacre de Haximú.
«Lo importante de ese caso es que ocurrió la primera sentencia en Brasil por genocidio, eso sienta un precedente de jurisprudencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) hizo presión para que se tomaran medidas contundentes porque aunque el crimen se cometió en Venezuela, los responsables fueron ciudadanos brasileños y se procesaron judicialmente allá», explica Tillett a RT.
Desde de la invasión minera, que ocurrió en los años 80 del siglo pasado en la búsqueda de oro en los territorios de Brasil y Venezuela, han muerto más de 2 mil miembros de la étnia Yanomami (integrada por 31 mil personas), «en su mayoría por la acción de enfermedades epidémicas y endémicas introducidas por los garimpeiros, pero también se han producido abundantes casos de muertes y agresiones violentas de los mineros contra los Yanomami», refiere Tillett en el texto.
La masacre de Haximú ocurrió en 1993 con el cruel asesinato de 16 indígenas a manos de mineros ilegales. Las víctimas fueron cuatro hombres, un anciano, dos ancianas, una mujer joven visitante de la comunidad de Homoxi, tres adolescentes, una niña de un año y otra de tres, y tres niños entre seis y ocho años.
La situación, al parecer, se ha repetido en Brasil. Según la poca información oficial disponible, varios de los los presuntos responsables ya han sido apresados. La CIDH ha exhortado al Estado brasileño a «implementar medidas inmediatas» para «proteger a las comunidades indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, y sus tierras y territorios, de incursiones o actos de violencia por parte de terceros», pero el detalle es cómo esas acciones podrán llevarse a cabo mientras la mitad de la Amazonía fue puesta, hace un mes, en subasta.
