La violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo consentida, cuando no promovida, en muchos países del mundo. No existe ninguno en el que no haya manifestaciones de esta clase de violencia, que en la mayoría de los casos sigue siendo oculta e impune.
La violencia y el acoso sexual o laboral, la trata o la mutilación genital femenina también son parte de la violencia hacia las niñas y las mujeres, a pesar de que en demasiadas ocasiones no sean percibidas como tal. Sin embargo, ningún abuso o asesinato pertenece a la esfera de lo privado. Las mujeres y niñas deben estar protegidas en el ámbito público y en el privado para que se reduzcan, por un lado, las barreras que las disuaden de denunciar, y por el otro, las que las lleven a ocultar que sufren violencia.
En México, en los últimos años el alarmante estado que guarda la violencia contra las mujeres y la discriminación, se ve reforzada por los altos índices de impunidad y la falta de acceso a la justicia. Se estima que en el país son asesinadas seis mujeres cada día por crímenes de violencia extrema. Esta situación ha empeorado durante la actual crisis de seguridad pública sin que parezca ser una prioridad para este gobierno.
De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se asesinaron 3,892 mujeres en el transcurso de un año (2012 a 2013). De los delitos catalogados bajo este tipo penal, en un 42% la autoridad no proporciona estatus legal del proceso, 27% han sido consignados, otro 27% se encuentran en investigación, y tan solo el 1.7% terminaron con sentencias condenatorias[1].
Desde 2007, con la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se han promulgado diferentes normas, que mejoran el sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, existen déficits en su implementación, lo cual ocasiona que, en la práctica se dificulte una protección efectiva, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante.
Por otro lado, el sistema de justicia mexicano ha demostrado ser insuficiente para afrontar la investigación con perspectiva de género de casos de violencia contra la mujer, con frecuencia las investigaciones presentan irregularidades como la demora en su iniciación, la lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes, irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información y la falta de consideración de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno de violencia de género.
Aunque nuestro país aceptó una serie de recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, esos compromisos no se han traducido en medidas concretas. Particularmente, la declaratoria de alerta de género, mecanismo previsto en la ley que sigue sin ser una medida efectiva.
La alerta de género fue pensada como un mecanismo de intervención emergente para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Los objetivos ante su implementación, incluyen la investigación de las violaciones a los derechos de las mujeres, la sanción de los responsables, la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas (directas o indirectas), y una reparación del daño que incluye, entre otras compensaciones, la aceptación de responsabilidad por parte del Estado.
Tras ocho años de su incorporación en la LGAMVLV, la alerta de género ha sido solicitado por parte de sociedad civil en once ocasiones, en los estados de Oaxaca, Guanajuato (en dos ocasiones), Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Baja California, sin embargo, en ningún estado se ha activado. Las dilaciones y obstáculos en la activación de la alerta de género sin sustento, suscitan seria preocupaciones acerca del compromiso de las autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de todos los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género.
La situación que viven las mujeres y niñas en México frente a los niveles de violencia e inseguridad, en el que los derechos de las mujeres se han visto gravemente afectados, se acentúa por la falta de datos oficiales fiables sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, particularmente obre la respuesta judicial a las denuncias (archivos, absoluciones, condenas). Lo anterior, hace necesario formular y aplicar leyes, políticas públicas, estrategias y medidas de prevención sólidas para lograr contar con datos fiables, como primer paso para luchar contra esta violencia.
Si bien sigue habiendo resistencia de las autoridades por aceptar las dimensiones reales de la violencia de género, es fundamental que las adecuaciones a los marcos normativos vayan acompañadas de otras medidas necesarias para su efectiva implementación como la aplicación de protocolos de investigación para garantizar una clara perspectiva de género en las diligencias relativas a la comisión de un homicidio contra una mujer, y que la Administración de Justicia actué con debida diligencia en la persecución del delito, investigación de los hechos y protección de las mujeres en riesgo.
En días recientes el Estado de México solicitó al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) declarar la alerta de género en 11 municipios, con el fin de tener apoyo para frenar la violencia contra las mujeres en la entidad. Esto representa un paso importante en la aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, ahora las entidades que integran el SNPSEVM tiene la oportunidad de reforzar esta voluntad política, y romper el círculo de impunidad formalizando la declaratoria de alerta de género.
Su activación, en este, y otros estados, permitirá impulsar políticas públicas donde se dé prioridad a la prevención de la violencia hacia las mujeres en el Estado de México y se adopten medidas efectivas contra los persistentes patrones de graves violaciones a los derechos de las mujeres. Es imprescindible que el compromiso de erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres se convierta en una política de Estado que transforme la situación de las mujeres y niñas en México.
[1] Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Informe cualitativo y cuantitativo: avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar 2012-2014.
