La violencia homicida en Michoacán ha tenido un incremento constante desde 2015 a la fecha, periodo en el que hubo un alza de 186.97 por ciento en los homicidios. Especialistas consultados por SinEmbargo ven detrás de esta situación la disputa entre diferentes agrupaciones criminales que se pelean el estado, pero también la falta de una política de seguridad coordinada.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- La ola de violencia en Michoacán mantiene un crecimiento sostenido desde 2015 a la fecha debido a la fragmentación de los grupos criminales que se disputan el territorio contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por la presunta colusión de los gobiernos estatales con el crimen y porque las autoridades federales no han intervenido para contener la crisis de inseguridad, coincidieron especialistas.
Este periodo, en el cual los homicidios iniciaron un aumento constante, corresponde con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo (2015-2021), investigado por la Fiscalía General de la República, como dio a conocer SinEmbargo, pero también alcanza a la administración del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, quien no ha podido contener la violencia, como muestran las cifras.
Apenas el pasado martes 20 de junio, ocho personas fueron asesinadas por un sólo hombre en cinco acontecimientos diferentes ocurridos en los municipios de Jacona de Plancarte y Zamora. Luego de los asesinatos se registró una persecución que terminó en un enfrentamiento entre elementos policiacos con el agresor, mismo que fue asesinado, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las cifras proporcionadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dan cuenta de cómo a partir de 2015 se dio un crecimiento sostenido de los casos de homicidio doloso. De este año a 2021, muestran los mismos datos, hubo una alza del 186.97 por ciento, al pasar de 952 víctimas en 2015 a 2 mil 732. En tanto, en la última década la violencia homicida se disparó 261 por ciento al pasar de 773 personas asesinadas en 2011 al total de víctimas reportadas en 2021.
En comparación con el año anterior, en el que se reportaron al menos 2 mil 433 víctimas de homicidios, el aumento fue de 12.28 por ciento. Además se prevé que para este año la cifra siga creciendo de la misma manera, pues en menos de medio año, al menos mil 204 personas han sido asesinadas, siendo el mes de marzo el más sangriento con un total de 272 víctimas de homicidio doloso.
Fue en 2016, el primer año completo de Silvano Aureoles como Gobernador, cuando se registró el repunte –de un año a otro– más pronunciado de este periodo. En ese entonces las víctimas de homicidio doloso pasaron de 952 a mil 450, un incremento del 52.63 por ciento. Para 2017, subieron un 2.13 por ciento, con un total de 1 mil 481 víctimas. En 2018, el incremento fue de 9.58 por ciento. En 2019 se reportó otro pico, cuando se dispararon un 28.15 por cierto. Y en el último año de su sexenio, se presentó otro repunte significativo de 16.97 por ciento, al pasar de 2 mil 80 casos en 2019 a 2 mil 433 personas en 2020.
En el 2021, ya en el sexenio de actual Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, también hubo otro incremento en la violencia. Ese año se reportaron al menos 2 mil 732 víctimas de homicidio doloso, un 12.28 por ciento más que los registrados en 2020, que fueron al menos 2 mil 433 víctimas.
La ola de terror y violencia también ha dejado al menos a 35 mil personas desplazadas desde 2013 por los enfrentamientos, de acuerdo con activistas del estado de Michoacán.
“En términos de seguridad, estamos peor que nunca”, dijo Hipólito Mora, fundador y exlíder del movimiento de autodefensas, en una entrevista con la agencia estadounidense Associated Press, a inicios de este año.
Los especialistas en materia de seguridad, Edgar Guerra Blanco, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador y especialista en seguridad pública de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicaron que los enfrentamientos entre grupos armados antagónicos; autodefensas que se convirtieron o están relacionadas con el crimen organizado; la corrupción y colusión por parte de autoridades locales, así como la permisividad del Gobierno federal, al no querer atender con las Fuerzas Armadas la violencia, son parte de los factores por los que hoy Michoacán está sumergido en una crisis de inseguridad que no cesa y que coloca a la entidad en un «estado de emergencia».
«En Michoacán la situación es crítica, es una situación de emergencia que está fuera de control. Los gobiernos (estatal, local y federal) no se han sabido coordinar para atender la violencia que se les salió de control porque ahora son diferentes tipos grupos los que están disputándose los mercados y los territorios y el Gobierno federal no está interviniendo a través de las Fuerzas Armadas”, expresó Edgar Guerra.
En ello coincidió Víctor Sánchez: “Hay una crisis mal atendida de seguridad. Una crisis que han descuidado los gobiernos de diferentes partidos, en todos los órdenes de gobierno, y que precisamente esta lógica de dejar hacer y dejar pasar, tiene consecuencias (como el aumento de violencia) y luego cuando el problema crece tanto, tratar de dar marcha atrás es mucho más complicado que si se hubiera atendido a tiempo».
Michoacán es la entidad en la que no sólo se germinó la estrategia de seguridad y la llamada guerra contra el crimen organizado que emprendió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa hace 15 años, sino que también vio nacer a uno de los cárteles más poderosos y bélicos del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación, al tiempo que se desvanecieron otros como Los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana.
Especialistas en seguridad explicaron que otro de los factores que convergen en la crisis de seguridad ha sido la presunta colusión de algunos de gobiernos estatales y locales con los grupos delictivos
El exgobernador priista, Fausto Vallejo Figueroa, por ejemplo, renunció en junio de 2014 alegando motivos de salud, luego de que pidiera en su corto tiempo en el poder licencia por esta misma situación. No obstante, su salida del poder también coincidió con la difusión de una imagen de su hijo, Rodrigo, con Servando Gómez Martínez alias «La Tuta», uno de los líderes de los Caballeros Templarios, quien también grabó un encuentro con él.
Otra muestra de esta colusión de la que hablan los analistas es la de Jesús Reyna García, exgobernador interino y secretario de Gobierno del estado, quien fue acusado y aprehendido por la Procuraduría General de la República (PGR) en abril de 2014 por supuestamente haber protegido a Los Caballeros Templarios, una acusación que se agravó con la difusión de un video de él junto a «La Tuta». Reyna permaneció detenido, sin recibir juicio, ni sentencia durante 4 años y 8 meses hasta que la PGR retiró las acusaciones por no poder comprobar su culpabilidad.
A esto se suma la actual investigación en conta del exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, que está en manos de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la indagatoria, el perredista tejió una presunta red de corrupción desde que era Diputado federal para apuntalar su candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2015.
En tanto que el actual Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, también ha sido señalado por presuntamente tener relaciones con personas allegadas al crimen organizado. El exmandatario estatal, Silvano Aureoles, acusó que Ramírez Bedolla, cuando éste aún era candidato a Gobernador, tendría nexos con el crimen, algo que el morenista siempre ha negado.
LA EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA
Fue en septiembre del año 2006, en el Gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, del PRD, cuando se registraron los primeros eventos de violencia extrema en esa región, cuando al menos cinco cabezas humanas fueron arrojadas en una discoteca en Uruapan.
Víctor Sánchez recordó que Cárdenas Batel solicitó apoyo a la federación, que en ese momento iniciaba Felipe Calderón, y quien, a tan solo nueve días de entrar al cargo, el 11 de diciembre de 2006, puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán.
De esta manera se desplegaron inicialmente cerca de cuatro mil 260 elementos castrenses, 46 aeronaves y 246 vehículos intervinieron la entidad. Pero además de apoyarse en la milicia empleó a la Policía Federal —que en ese entonces apenas nacía—, frente a la cual colocó a Genaro García Luna, un hombre de todas sus confianzas que actualmente se encuentra preso por presuntos vínculos con los cárteles de la droga, aquellas agrupaciones a las que debía combatir.
“Ese fue el primer operativo importante en este proceso de la guerra contra el narco. Entonces, este primer pico de violencia que advertimos en 2006, lo más probable es que se diera por la intervención de las propias autoridades federales”, explicó Víctor Sánchez.
“Comenzó la intervención de las fuerzas del Estado mexicano, con la famosa guerra contra las drogas, y eso generó como respuesta una subida en la tasa de homicidios, que reportó en su momento el Gobernador Cárdenas ante el Gobierno federal y éste aprovechó esa coyuntura para hacer una demostración de fuerza”, abundó Edgar Guerra.
En ese periodo había al menos tres cárteles en tierra caliente: Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, una célula llamada “La Empresa” que era una incisión de Los Zetas, y el cártel de Los Valencia, asociado con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quienes se enfrentaban al Cártel del Golfo y La Familia Michoacana.
Las víctimas de homicidio doloso en Michoacán ascendieron en ese entonces a un total de 956 —reportados en 2006—, lo que representó un alza de al menos un 44.41 por ciento, con respecto a los 662 casos que se registraron en 2005.
Entre 2007 y 2012, el crecimiento de los homicidios era ligero. Michoacán estaba en un periodo de relativa calma debido a que la organización, Los Caballeros Templarios, era la que tenía el mayor control del territorio, indicaron los especialistas
En el 2010, La Familia Michoacana rompió con Los Caballeros Templarios, quienes se habían quedado con el control del 90 por ciento de la organización criminal y el 10 por ciento lo perdieron en la incisión de los grupos delictivos, de acuerdo con Víctor Sánchez, analista de seguridad.
Fue en 2013 cuando los asesinatos se dispararon al registrarse 902 víctimas de homicidio dolosos, un 19.47 por ciento más de las 755 registradas en 2012.
Ante el avance del crimen organizado se crearon los llamados grupos de autodefensa, los cuales impusieron su ley y frente a lo cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto decidió nombrar a Alfredo Castillo como Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.
“Fue un periodo muy convulso, de muchos enfrentamientos” detalló Víctor Sánchez, el investigador de la Universidad de Coahuila.
En ese mismo año, 2013, en varias localidades se crearon grupos de autodefensa que buscaban frenar el avance del CJNG, como ocurre en Aguililla, sin embargo, algunos de estos grupos a lo largo del tiempo se incorporaron al crimen.
“El Cártel Jalisco Nueva Generación se incorporó a Michoacán y para ello aprovechó el movimiento social de las autodefensas que en ese momento se estaba gestando. Podemos decir que –al inicio– las autodefensas eran legítimas o que surgieron por el hartazgo de la población, pero eso cambió en el transcurso de los años. Podemos hablar de una serie de autodefensas que fueron financiadas por el propio CJNG para entrar a diferentes zonas de Michoacán. Esto dispara evidentemente la violencia por el choque entre autodefensas con Los Caballeros Templarios, que también peleaban con algunas células del Cártel Jalisco Nueva Generación”, explicó el investigador de la Universidad de Coahuila.
Los especialistas recordaron que en 2015 en Michoacán se da un proceso primero de atomización y de desmembramiento de Caballeros Templarios, luego de que muchos de sus líderes fueron arrestados y otros cayeron abatidos, y porque el Cártel Jalisco Nueva Generación fue avanzando en el control territorial.
Los especialistas detallaron que el actual origen de la violencia en Michoacán se explica por una ofensiva muy grande del CJNG que por todos los medios intenta entrar a zonas donde otras organizaciones pequeñas se están defendiendo con uñas y dientes.
“Lo que tenemos es que a partir de 2015 y hasta la fecha, hay una multiplicidad de organizaciones criminales que se están disputando el control de Michoacán ”, dijo Víctor Sánchez.
Actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación pelea el control de la entidad con el grupo local de Los Viagras. Los enfrentamientos han involucrado el uso de artillería pesada y drones que arrojan explosivos. La respuesta del Gobierno ha sido contener las incursiones del Cártel de Jalisco, sin que haga mucho más por detener a las otras organizaciones, acusan especialistas.
Información oficial establece que al menos nueve cárteles de la droga operan en las diversas regiones de Michoacán: el CJNG, La Nueva Familia Michoacana, La (antigua) Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Cártel de Los Correa, Cártel de Zicuirán y Cártel de El Camaleón.
Sin embargo, los expertos destacaron que la violencia no se ha contenido porque ha habido cierta permisibilidad de los gobiernos federal y del estado.
“Creo yo que el mayor error es que ha habido cierta permisibilidad e incluso un repliegue inexplicable de las fuerzas federales y locales cuando la violencia se incrementa”, dijo Edgar Guerra.
Los especialistas coincidieron en que los hechos en Michoacán muestran una ausencia del Estado mexicano en su conjunto, y destacaron que es urgente que los gobiernos se coordinen para establecer estrategias que puedan contener la inseguridad en la región.
“Hace unos meses veíamos cómo elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, abandonaban Aguililla porque estaban subiendo los niveles de violencia. Abandonaron la ciudad y dejaron a la población a su suerte. Evitar ese ese tipo de confrontación genera vacíos de poder, los cuales son aprovechados por las organizaciones criminales que terminan adueñándose de las regiones provocando más violencia”, abundó Víctor Sánchez.
El investigador Edgar Guerra coincidió en que el Estado mexicano simplemente ha renunciado en tratar de resolver la pugna que existe entre distintos grupos delictivos en la zona.
“El Estado, hay que decir, se encuentra en una situación muy compleja porque, por un lado, si decide utilizar la fuerza del Estado esto puede generar todavía más violencia […] Entonces el Gobierno está en una encrucijada de qué hacer y lo que ha hecho es que se ha mantenido a distancia”, dijo el especialista.
