El 5 de abril de 2015, el Gobierno de México, a través del entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, atacó al Relator Especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, y rechazó el informe en el que se alertaba de tortura generalizada y, además, en el Caso Ayotzinapa.
Hoy la ONU-DH ha dicho que “es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del Caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos».
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió hoy al Gobierno de México no sólo ir por los funcionarios ventilados por un video torturando a un detenido del Caso Ayotzinapa, sino además actuar en contra de sus superiores jerárquicos.
Desde el viernes pasado, medios de comunicación publicaron un video que expone la tortura en contra de uno de los detenidos por el Caso Ayotzinapa, Carlos Canto Salgado. El video muestra a Canto con los ojos vendados, maniatado, sometido a asfixia, toques eléctricos, golpes y vejaciones mientras es interrogado por funcionarios públicos.
ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES
“Este caso también se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en febrero de 2017 en el Informe de seguimiento a su misión a México del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez”, dijo Naciones Unidas.
Lo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto hizo, desde antes de que se diera a conocer el informe, fue atacar a Juan Méndez, el Relator. El 5 de abril de ese año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “dio por concluido el tema surgido del informe sobre la tortura en México”, tras reafirmar su postura sobre el desacuerdo por el papel desempeñado por el Relator Especial para dicho trabajo, Juan Méndez.
#Comunicado ? Nueva evidencia de tortura en el caso #Ayotzinapa reafirma la urgencia de investigar a funcionarios que incurrieron en violaciones a derechos humanos y obstruyeron la búsqueda de la justicia y verdad.
Lee el comunicado aquí ? https://t.co/C8Wb7NP9vD pic.twitter.com/htFNHji36I
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) June 24, 2019
El entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo que al igual que México, “otros países no han estado de acuerdo con los señalamientos del Relator, como es el caso de Australia, y también otros que no han atendido sus llamados, como Estados Unidos”.
Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, dijo hoy en un comunicado que “condena categóricamente tales actos de tortura y reitera el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura. ‘Tal como lo mencionó la Alta Comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, en su reciente visita a México, la tortura no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos’”.
El caso de la tortura de Canto “fue documentado por la ONU-DH en su informe ‘Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa’. Canto fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (SEMAR) y su caso es uno de los 34 en que la ONU-DH encontró fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a derechos humanos”, recordó el Alto Comisionado.
“El video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso. Las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas en contra de Canto y, a pesar de ello, no actuaron debidamente”, agregó.
“Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del Caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”, indicó Jan Jarab.
Ante esta nueva evidencia, la ONU-DH reiteró su llamado al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del informe «Doble Injusticia». De igual forma, la ONU-DH insta al Estado a implementar medidas de protección para Canto, sus familiares y su abogado defensor.
“La ONU-DH destaca que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del Caso Ayotzinapa no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción. A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el Gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos”, afirmó el Alto Comisionado.
En cuanto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “la ONU-DH hace un llamado a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación del caso, a descartar en definitiva la denominada ‘verdad histórica’, misma que “fue sostenida indebidamente por la anterior administración y ha sido desacreditada por investigaciones serias e independientes, y a excluir las pruebas obtenidas mediante tortura u otras formas ilícitas, así como aquella información generada por otras instituciones públicas que no abonan a la verdad y la justicia”.
Para lo anterior, “es fundamental que se designe a un Fiscal Especial idóneo para el cargo que cuente con el apoyo de la institución y de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso y la rendición de cuentas de los responsables”, pidió.
La ONU-DH reitera que seguirá proveyendo asistencia técnica al Estado mexicano en el Caso Ayotzinapa, sobre la base del acuerdo suscrito en el marco de la visita oficial a México de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
