La bancada mayoritaria en el Congreso, la del Partido Revolucionario Institucional, puso en aprietos al que se supone es su líder máximo: el Presidente Enrique Peña Nieto. Le abrió otro frente de disputa con la iniciativa privada y con organizaciones civiles por aprobar la presentación de las declaraciones «3de3» para empresarios y civiles, criticaron legisladores de oposición. El Artículo 32, coincidieron, tenía fallas de redacción desde su origen y aun así los priistas no lo vetaron para ahorrarle otro problema a su Presidente, destacaron; otro más, sin embargo, también observaron que el veto de la Ley, decretado ayer Peña Nieto, es un acto de sumisión ante los hombres del dinero en México.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).— La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso, junto con sus satélites, terminaron por poner al Presidente Enrique Peña Nieto en un problema más, al aprobar el Artículo 32 en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), también conocida como «3de3», que obligaba a los miembros de empresas a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, coincidieron legisladores de oposición.
Los legisladores comentaron que en medio de la inestabilidad social generada por la represión de la Policía Federal (PF) en Nochixtlán, Oaxaca, contra maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la población civil, además del constante reclamo social por la corrupción que impera en su sexenio, el partido oficial le propinó otro golpe a la percepción de un Primer Mandarario debilitado.
Ayer, analistas consultados por Bloomberg destacaron esa posición del Presidente. La débil postura de Enrique Peña Nieto en materia de corrupción le ha hecho perder capital político, pero la matanza ocurrida el fin de semana en Oaxaca es un recordatorio de la debilidad que enfrenta el Estado de Derecho en México y que pone en duda la capacidad de negociación del Ejecutivo, dijeron.
En este escenario, el Ejecutivo federal tuvo que hacer uso de su facultad de veto a las leyes aprobadas por el Congreso, y exigir que se enmiende lo que la iniciativa privada, junto con organizaciones de la sociedad civil, consideraron un atentado contra sus derechos.
Fue en la madrugada del 14 de junio pasado, cuando el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidieron respaldar una reserva para modificar el Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas hecha por Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza (Panal).
La posición del PRI y el Verde resultó un boomerang para su líder en Los Pinos.
En el Senado de la República, la Cámara que aprobó la aplicación de la Ley «3de3» para empresarios y ciudadanos, el tricolor es liderado por Emilio Gamboa Patrón, a quien se considera un incondicional de Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien el lunes pasado renunció a la presidencia nacional priista.
También en el Senado, la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, encargada de elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción, es presidida por Pablo Escudero Morales, yerno de Beltrones Rivera.
Pero en la Cámara de Diputados, donde la bancada priista es presidida por el mexiquense César Camacho Quiroz, ex Gobernador del Estado de México, y cercano a Peña Nieto, tampoco se cuidaron las repercusiones de la decisión, y no se vetó a tiempo la decisión del Senado y lo que claramente se veía como un problema que afectaría al Presidente.
La Senadora independiente Martha Tagle Martínez detalló que la Ley en efecto fue un error por donde se le vea.
“Yo voté en contra y pienso que fue una reserva hecha a las dos de la mañana, muy mal redactada y desafortunada porque obligaba no sólo a los grandes empresarios a presentar declaraciones públicas, cuando sus patrimonios no necesariamente tienen que venir de los recursos públicos”, expuso.
Los reclamos, dijo, eran de esperarse y por supuesto que tendría que golpear al Presidente, expuso.
Un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) difundido esta semana concluyó que el desenlace legislativo de la Ley «3de3» fue una muestra más de cómo la clase política parece más interesada en conservar sus esferas de poder e intereses intactos, que tomar en cuenta los crecientes niveles de hartazgo entre la ciudadanía en torno al tema de corrupción.
“La discusión, las modificaciones y la aprobación del paquete de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Congreso de la Unión, demostraron –una vez más– que el combate a la corrupción dista de ser una prioridad del Gobierno federal y de los partidos políticos”, refiere el análisis.
Los incisos vetados por Peña Nieto obligaban la presentación de las declaraciones a las Secretarías y Órganos Internos de Control:
b) Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios.
c) Las personas físicas que presenten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior.
Tras el anuncio de que esta Ley, y otros 15 artículos tendrán que ser vueltos a revisar por el Senado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró el anuncio.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex, reconoció en una misiva la sensibilidad del Ejecutivo al escuchar a la sociedad, analizar las demandas y solicitar al Poder Legislativo que revise lo aprobado.
Los empresarios refrendaron el anunció hecho por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, de que las leyes tal cual estaban, contravenían la capacidad de fiscalización del SNA.
PUERTA HACIA LA OPACIDAD
Sin embargo, legisladores de oposición vieron una interpretación del Presidente que no corresponde necesariamente a la Ley expedida por el Senado, y la apertura de una puerta de atrás para que algunos empresarios se mantengan en la opacidad, lo cual también es parte de la debilidad que se percibe de parte del Gobierno federal.
Luis Sánchez Jiménez, Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que la respuesta presidencial es una muestra de la atención que tiene el Gobierno federal hacia a unos pocos sectores cuando protestan. La afectación del empresariado no fue prevista por el PRI, sostuvo, y menos en un momento de crispación social como el que hoy se vive.
“El PRI en el Senado no hace nada sin el consentimiento de Los Pinos, igual sucede en la Cámara de Diputados. Supongamos que se les pasó en el Senado, el Presidente lo pudo haber corregido en la Cámara, pero no lo hizo. Da la impresión de que el Presidente se dobla ahora hacia el poder de los empresarios. Vale más la presión de unos cuantos empresarios que la de miles de maestros, por ejemplo, o miles de ciudadanos movilizándose. Es el poder del dinero. Pues ahí se observa también quién es el que manda en México”, agregó.
En cuanto al argumento de que el SNA se vería rebasado en caso de tener que auditar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los empleados, Sánchez opinó que se tergiversó.
“En un juicio siempre se analiza el espíritu con el que fue legislada. Y, por supuesto, que no se pretende ir a aquellos que reciben una beca del Gobierno federal, o de programas sociales que son recursos públicos. No tiene nada que ver con eso”, dijo.
“Tampoco con que todos los empleados de la empresa constructora hagan su «3de3». Pero aquí pudiese ser que quieren sacar aquellos que hacen obra pública, que tienen una concesión del Gobierno, que son proveedores del Gobierno, pues entonces es arrodillarse de parte del Presidente y mostrar debilidad”, agregó.
El veto de Peña Nieto obligará a la Comisión Permanente del Congreso a convocar un nuevo Periodo Extraordinario y corregir el Artículo 32 de esta ley, una de las siete que componente el sistema, así como a revisar otros 15 artículos, de los cuales la Presidencia habló de manera muy breve en el mensaje de esta noche.
“Sucede que se reformaran otros 15 artículos, pero no deja claro cuáles. Esperamos que uno de ellos sea el Artículo 29 [de la Ley de Responsabilidades Administrativas] que tiene que ver con la publicidad de las declaraciones. La Constitución habla de la protección de datos personales, no de la vida privada”, dijo.
Tagle recordó que no sólo los empresarios pujaron para el veto, sino las organizaciones no gubernamentales que apoyaron la iniciativa «3de3».
Más de 100 mil ciudadanos firmaron una petición en la plataforma Change.org para solicitar al Presidente vetar los artículos 29 y 32 de la versión de la Ley «3de3» que aprobó el Congreso.
“El Presidente Enrique Peña Nieto tiene el poder de corregir la versión de la #Ley3de3 que aprobó el Senado y la Cámara de Diputados.
“Los ciudadanos de México queremos que use su derecho de VETO para los artículos 29 y 32”, se exigía en la petición.
Fueron los propios empresarios, representados por los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón y Gustavo de Hoyos Walther de la Coparmex, quienes hace dos días adelantaban que en una reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario se había comprometido a analizar sus demandas.
