Activistas y organismos internacionales reprobaron la actuación del Gobierno mexicano hacia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que este domingo rindió su último informe sobre el caso Iguala. Las conclusiones acusan que no se siguieron líneas de investigación clave, que se manipuló evidencia y que se protege a sospechosos. La PGR afirma que seguirá las recomendaciones de los expertos independientes.
Por Sandra Rodríguez y Shaila Rosagel
Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, muestra una división dentro del Estado, así como una nueva mancha en el historial de violaciones a los derechos humanos que ya acumula el Gobierno mexicano, consideraron activistas y organismos internacionales.
El informe del GIEI, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contradice la versión oficial de los hechos y critica la investigación del Gobierno mexicano hasta la fecha.
Acusa al Gobierno de no haber seguido líneas de investigación clave, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechados de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”. El Gobierno negó un pedido de los expertos y familiares de extender su mandato y continuar con su investigación.
Mary Speck, directora del Crisis Group para México y América central, consideró que el informe no sólo deja una vez más en evidencia la crisis de derechos humanos en el país sino que también muestra una división dentro del mismo Estado mexicano, ya que el haber permitido la operación del GIEI muestra que hay un sector dentro del Gobierno que sí busca que se resuelva el tema de los normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, pero al negarse a que continuara su mandato, demuestra que otro parte no quiere esclarecer la situación.
“Por lo que hemos escuchado [la relación entre los expertos y el Gobierno] ha terminado de la peor manera para el Gobierno y para las víctimas que en lugar de esclarecer la situación se quedan con más preguntas que respuestas. El Gobierno tiene que reconsiderar la posibilidad de extender si no el mandato del GIEI, el de algún otro grupo independiente, con apoyo internacional, que pueda esclarecer este caso y los otros de desaparición forzada. En Guerrero la violencia está aumentado, no hay soluciones, como dijeron al final, es una encrucijada de la que México tiene que salir”, expresó.
Consideró que la partida del GIEI muestra un “Estado dividido: el Estado los invitó, hay gente que los quiere, por eso no debemos condenar a todo el Estado; hay divisiones y bloqueos que no se explican ¿por qué invitarlos y luego no participar [en el trabajo del grupo]?”.
En un comunicado, Amnistía Internacional (AI) consideró que el informe del grupo de expertos representa “una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del Gobierno mexicano”.
“La determinación absoluta del Gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites,” dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar el pedido de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación hoy, las autoridades Mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto”, agregó el comunicado.
“La respuesta oficial a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de tres personas es la trágica ilustración de la actitud que tiene Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: Esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen. Esto no es solo ilegal, es inmoral y es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas”, añadió.
El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia Zardain, expuso que la manera en la que los integrantes del GIEI se van de México, no sólo cuestionando la investigación oficial, sino acusando al Gobierno de obstruir su labor, habla aún peor del Gobierno.
“Se ve que hay una falta de voluntad del Gobierno de México, un Gobierno que es partidocracia de criminales que no está dispuesto a servir al país sino a intereses de otros grupos”, expresó.
A su juicio, el tema Ayotzinapa es la muestra de que el sistema está “completamente podrido, no hay voluntad política, lo que requerimos es un cambio radical, decisivo, así no se puede”.
LA REACCIÓN DEL GOBIERNO
Tras conocer el último informe del GIEI, el Presidente Enrique Peña Nieto, expresó a través de su cuenta de Twitter que “La @PGR_mx analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Peña Nieto agradeció la “información” y “recomendaciones” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Con apertura, responsabilidad y apego a Derecho, la @PGR_MX seguirá trabajando para que haya justicia”, escribió el Presidente en el último de sus tres mensajes.
Posteriormente, en un mensaje a medios, Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, aseguró que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público.
Y afirmó que la confianza entre víctimas y autoridades “es fundamental”, para la solución del caso, misma que dijo, “se ha fortalecido”. Se comprometió a que la PGR mantendrá el acercamiento con los familiares de los desaparecidos, intensificará las búsquedas, analizará las nuevas evidencias y tendrá reuniones constantes con expertos.
Anunció también que esta semana se dará a conocer un informe con toda la investigación sobre la desaparición de los normalistas, que incluye 201 tomos y 14 anexos.
