Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– La reforma a la Ley de Obras Públicas, tal y como está redactada, no sirve para evitar «fiascos» como el tren bala México-Querétaro o como la Línea 12 del Metro y, peor aún, no da certidumbre jurídica a las empresas, contratistas y participantes en convocatorias públicas de que no habrá “amigos”, “compadres” o grupos constructores que vendan “casas blancas” beneficiados de forma indebida por procesos irregulares, reconocieron senadores y analistas.
Los legisladores encargados de revisar la minuta enviada por la Cámara de Diputados reconocieron que el texto no le servirá ni al Gobierno federal, ni a los ciudadanos, ni a los propios contratistas que pretendan ganar licitaciones públicas de forma clara y transparente.
“Estaríamos en problemas si aprobamos la Ley de Obras Públicas así como está”, afirmó el Senador Salvador Vega Casillas, del Partido Acción Nacional (PAN).
En momentos en que es más palpable que nunca la vulnerabilidad del sistema de los procesos de contratación pública, especialistas, autoridades y organizaciones de la sociedad civil presentaron a los senadores múltiples observaciones a la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Las observaciones demostraron carencias que le impedirán a la norma propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto cumplir con el propósito de fortalecer, eficientar y transparentar los procesos de licitación y contratación de obras públicas.
Los especialistas observaron que la minuta carece de disposiciones para evitar los conflictos de interés, uno de los grandes problemas que enfrenta la inversión en obras públicas.
Ante ello plantearon que el texto debe ser modificado a fin de incluir en el documento final el crear agentes externos e interinstitucionales para consolidar la transparencia en las licitaciones y abrir los concursos para obra a todos los agentes antes de que se ejecuten los proyectos.
Hubo una propuesta para establecer una cláusula anticorrupción, después de haber alertado que la minuta es omisa en promover competencia, atender conflictos de interés y comprometer transparencia suficiente y efectiva.
También destacaron la importancia de establecer candados para evitar que futuras obras públicas de gran importancia terminen como la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México o el Tren Rápido México-Querétaro que se ordenó la revocación del contrato, una vez que se destapó un posible conflicto de interés.
Asimismo se detectaron diversas irregularidades presentadas durante el proceso de licitación, destacó el que la Constructora Teya, integrante del consorcio que ganó la licitación, forma parte del grupo empresarial que rentó aeronaves para la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto.
Constructora Teya es parte de Grupo Higa, que tiene un largo historial de licitaciones ganadas en el Estado de México, cuando Peña Nieto era Gobernador.
El Senador Salvador Vega Casillas destacó tres ejes principales que debe contener la minuta: planeación para la ejecución de proyectos, transparencia de todo el proceso y evitar la discrecionalidad con la que manejan los recursos públicos.
“Por lo que la propuesta debe ser modificada y revisada, para evitar que el gobierno se vea afectado”, expuso.
Quien fuera Secretario de la Función Pública durante el sexenio pasado señaló la importancia de evitar que la reforma a la Ley de Obras Públicas cuidar que existan contradicciones con los marcos jurídicos recientemente aprobados en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Por ejemplo, dijo, una de las inconsistencias originadas tras la aprobación de la Ley anticorrupción pues en la minuta de la legislación de Obras Públicas, específicamente en el artículo 77 fracción IV, existen grandes diferencias en los montos con lo aprobado previamente en lo relativo a castigar la falsedad.
EXPERTOS OPINAN
Los académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentes en el foro “Análisis de la Minuta de la Ley de Obras Públicas», organizado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, coincidieron en que si bien el texto contiene algunos avances, es necesario rectificar varios puntos sustantivos, a fin de dar certidumbre jurídica a las empresas, contratistas y participantes y para evitar que se mantenga la corrupción en este sector.
Mariana Campos, representante de la organización México Evalúa, consideró elemental generar mayores condiciones de competencia y precisar que las adjudicaciones directas se hacen únicamente en casos de emergencia o cuando existe un solo oferente de un bien o servicio.
Reprochó que prácticamente está ausente el tema de auditoría y el tema de evaluación en la minuta aprobada por la Cámara de Diputados.
“Es muy importante cuidar el diseño de estas tres fases en la ley y en mi opinión tenemos todavía que darle un mayor énfasis a lo que sucede antes de la contratación y lo que sucede también después”, dijo Mariana Campos.
La especialista recomendó siempre entrevistar a los contratistas y documentar por qué razón no participaron en el proceso de licitación.
“Las buenas prácticas señalan que cuando hay licitaciones desiertas o baja participación, de entrada esto es un mal indicador. Nos puede estar sugiriendo que el proyecto está mal preparado, que no es factible, que los tiempos del proceso de participación no es adecuado, que la ley no es adecuada o que puede haber incluso colisión entre contratistas.
Por su parte, Max Kaiser Aranda, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), expuso que la minuta enviada por la colegisladora no fortalece la planeación ni los estudios de mercado, pues estos últimos son considerados sólo un trámite burocrático.
Recalcó que falta establecer una nueva relación entre el sector público y privado, que genere un esquema de seguridad jurídica para ambas partes y, al mismo tiempo, reduzca los riesgos de los interesados.
En su momento, Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana, planteó la urgencia de que la nueva norma transparente la toma de decisiones, desde que se emite la convocatoria hasta la entrega y funcionalidad de las obras.
“Se debe dar a conocer qué, quién y cómo se toman las decisiones”, de lo contrario, advirtió hay riesgo de que se presenten casos de corrupción por parte de las empresas.
Los especialistas coincidieron en proponer que el portal de compras de la Administración Pública Federal “CompraNet”, genere información precisa de proyectos de obras, licitaciones o adquisiciones del gobierno. Además, debe establecer indicadores de tiempo en los que se deben presentar las propuestas de proyectos, por parte de las empresas participantes.
SE TRATA DE ACABAR CON “ELEFANTES BLANCOS”
Otra de las carencias detectadas fue la falta de planeación de las obras, por lo cual muchas de ellas se convierten en verdaderos “elefantes blancos”.
Casos existen muchos, basta recordar la Biblioteca José Vasconcelos, inaugurada en 2006 en el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada. Este “elefante blanco” tuvo un presupuesto inicial de 954 millones de pesos. Sin embargo, tal cantidad de recursos que bien pudieron invertirse en la construcción de decenas de bibliotecas en todo el país fueron insuficientes para que la obra se entregara en el tiempo estimado.
Incluso después de su tardía apertura se detectaron errores en la construcción que permitían filtraciones de agua, las cuales ponían en riesgo el acervo de más de 500 mil libros, por lo que la biblioteca tuvo que cerrar sus puertas en marzo de 2007.
El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo que invertir poco más de 32 millones de pesos para corregir las fallas y permitir que reabriera sus puertas.
Calderón no estuvo exento de construir su propio “elefante blanco”. Para conmemorar el bicentenario de la Independencia de México, el ex Presidente ordenó la construcción de la “Estela de Luz” un monumento concebido para ser tan significativo como el “Ángel de la Independencia”.
Sin embargo, la mega obra estuvo envuelta en varios escándalos financieros, principalmente cuando se descubrió que su costo pasó de 200 millones de pesos presupuestados al inicio de la convocatoria abierta a más de 1,035 millones de pesos.
Debido a esto, un amplio sector de la ciudadanía rebautizó la “Estela de Luz” para nombrarla “Monumento a la corrupción” o “Monumento a las víctimas” de la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón o “Monumento a la paz”, como propuso el poeta Javier Sicilia.
Al respecto, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, coincidió en señalar que es urgente prevenir el mal uso de recursos, ya que muchas obras terminan costando hasta 50 por ciento más de lo presupuestado.
A fin de lograr este propósito, “es necesario hacer una buena planeación de los proyectos para la construcción de obras”, dijo.
El Senador panista Víctor Hermosillo precisó que los procesos de contratación deben ser transparentes para evitar el derroche de dinero de los contribuyentes, pues la obra pública es la más criticada en el ejercicio de los recursos públicos.
José Luis Cortés Delgado, del Colegio de Arquitectos, resaltó que México está rezagado en arquitectura y urbanismo por la falta de planeación en obras sociales y edificaciones. Sugirió que estas dos categorías entren a licitaciones y no se adjudiquen de manera directa, a fin de contar con la mejor propuesta que reditúe la inversión de los recursos aplicados las obras.
