La línea principal de impacto para invitar a leer el trabajo periodístico de Investigaciones El País -el diario español- sobre la participación activísima de la Procuraduría General de la República y de la Embajada de México en aquel país, durante el arresto, encarcelamiento y posterior liberación de Humberto Moreira, alerta: “Misión: Salvar en Madrid a Humberto Moreira”.

Para los mexicanos que vivimos (y padecemos) el actual Gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, ese enunciado tiene una traducción que los mexicanos entendemos muy bien: Misión: Salvar la corrupción. Ya de manera sistemática, la representación federal se ha empeñado en salvar a los sospechosos comunes de corrupción, especialmente cuando están ligados al círculo Presidencial, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Gobierno de la República o en los Estados en poder del tricolor.

Dedicar los recursos económicos, humanos y los bienes de la Nación para “salvar” a Humberto Moreira de la prisión en España, es una afrenta enorme de la Presidencia hacia los mexicanos todos. Las lecturas son muchas: Hay mexicanos de primera y los que restan, la corrupción en este país es un mal endémico en la estructura de gobierno, el Ejecutivo de la República es cómplice de presuntos culpables, la PGR está al servicio de la clase política, la corrupción inicia en la estructura gubernamental y de ahí se disemina a los sectores productivos de este país, pasando por los gubernamentales y los políticos.

“La corrupción en México, Transamos y no avanzamos”, titula el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) el análisis que hace a partir del estudio internacional para determinar la competitividad de 43 países participantes, donde México se sitúa en la posición 36. Ocupa así una posición en los diez países menos competitivos, junto a Sudáfrica, Perú, Argentina, Rusia, Colombia, Indonesia, India, Guatemala y Nigeria.

Al análisis de la información, los estudios refieren que el principal problema de México para no avanzar es, precisamente, la corrupción.

El Instituto concluye que los factores que inhiben la competitividad, se encuentran, mayores costos de la delincuencia y menor propiedad de acreedores y a la propiedad, menor estabilidad política, menor libertad de expresión, libertades civiles y estabilidad política debido al aumento de la probabilidad de interferencia militar.

Todas, al menos las de este apartado, son premisas que tienen que ver con la corrupción del sistema mexicano. Hay delincuencia y crimen organizado y narcotráfico, porque existe la corrupción en las instituciones (como la PGR) que les proveen de impunidad para seguir delinquiendo. Hay menos libertades y represión a los derechos civiles porque hay corrupción y abuso de poder. Se da la inestabilidad política y la falta de confianza en este sector, porque impera la corrupción –y como en el caso Moreira-, la impunidad. Y de la interferencia del Ejército, pues ahí tiene a las Fuerzas Armadas que como en el pasado, buscan ser intocables, pero algunos de sus elementos –probado- están en prisión por participación en hechos de ataques a civiles y colusión con cárteles de las drogas.

El análisis del IMCO concluye con propuestas para inhibir los factores negativos que impiden que México sea un país competitivo. Solo transcribiré los que ellos ubicaron en la primera posición:

“Sistema de derecho confiable y objetivo: Robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Profesionalizar a las policías estatales. Asociar la clave única de identidad con datos biométricos”.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), hace unos días presentó su informe con índice de percepción de corrupción. El México que gobierna Enrique Peña Nieto se ubica en la posición 95 de 168 países que fueron referenciados para medir la percepción de corrupción mundial. Peor aún, de los 34 países que integran la OCDE, México quedó en último lugar. Es el país más corrupto pues.

La corrupción genera impunidad. Y en este Gobierno esto se está convirtiendo en una norma. No sólo en casos como el de Humberto Moreira, donde el Gobierno mexicano, de acuerdo al reporte de Investigaciones El País, por lo menos intentó presionar a la Fiscalía Española, incluso con llamadas de la propia Procuradora, Arely Gómez, para liberar al sospechoso de hacer transacciones con recursos de procedencia ilícita (que de suyo si considera usted que Moreira era maestro, la abundancia económica es no solo extraña, sino llamativa… para otros gobiernos, al menos). Lo lograron, de alguna manera, Humberto Moreira fue liberado y hoy se encuentra en nuestro país amenazando con estampar, con la venia del PRI y de la Presidencia por supuesto, su nombre en alguna boleta electoral.

No importa que, como lo publicó El País, -a cuyos periodistas por cierto ni la Embajada de México en España ni la Procuraduría General de la República en nuestro país- ofrecieron declaraciones para confirmar o negar lo que investigadores de la Fiscalía Anticorrupción ibérica dieron a conocer de manera extraoficial: “Que el Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición (De Moreira) toda la maquinaria diplomática y legal de la Embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel…”.

“La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del ex Gobernador de Coahuila. Arely Gómez González, Procuradora General de la República y ex Senadora del PRI, telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la Fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, responde un portavoz de la Fiscalía General del Estado. La acusación contra Moreira –sobreseída provisionalmente días después por el juez Pedraz- la piden en España los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. La Fiscalía española declinó facilitar información a Arely Gómez”.

En el ojo de las autoridades de los Estados Unidos, donde han encarcelado a colaboradores suyos y otros son buscados, Humberto Moreira puede sentirse seguro. Cuenta con el peso de todo el Estado Mexicano para protegerle y salvarle de investigaciones sobre corrupción. Enrique Peña Nieto es generoso con sus amigos. Salvando a la corrupción, su gobierno lo ha exonerado a él y a su esposa de probable tráfico de influencias y conflicto de intereses en la adquisición y renta de bienes inmuebles.

También ha dejado libre de duda sobre la comisión de un delito similar a su Secretario de Hacienda Luis Videgaray. No investiga la denunciada corrupción en el Gobierno de Veracruz, y la represión a la libertad de expresión y las libertades de civiles por parte del Gobernador, Javier Duarte. Ha intercedido ante Washington –con emisarios por lo pronto- para que la visa de turista le sea devuelta a Jorge Hank Rhon. No investiga el enriquecimiento ilícito de Carlos Romero Deschamps, ni lleva a buen puerto los señalamientos, también de tráfico de influencias, conflicto de intereses y corrupción de OHL. Mucho menos permitió que se juzgara por delitos electorales a su aliado –otro- Arturo Escobar del Partido Verde Ecologista de México.

Nada, la Presidencia de Enrique Peña Nieto y su Procuraduría no abonan a la política anticorrupción. Sus dos casos paradigmáticos, el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y la persecución de los funcionarios del Gobierno de Sonora que encabezó el panista Guillermo Padres (que ciertamente hay elementos para procesarlos), son más investigaciones de corte político que de combate a la corrupción.

Ningún priísta o asociado priísta o de la Presidencia de la República, ha sido investigado, procesado o juzgado. Ninguno. En este país, en este gobierno, tal parece que la Misión del actual Presidente de la República es salvar la corrupción, por encima de toda la vergüenza extinta en este sexenio.

Adela Navarro Bello

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