En este momento se discute en el Senado de la República la Ley de Transparencia y Acceso a la Información presentada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), quien entregó diez puntos a considerar para que esta reforma no sufra un grave retroceso.
La fracción del PRI y del PVEM se han mostrado renuentes, sobre todo, en un aspecto: en seguir teniendo el derecho a mantener secreta la información cuando se trate de un riesgo que ponga en jaque la economía o seguridad nacional.
El IFAI es un órgano que se encarga a nivel nacional de transparentar la información que debe o no hacerse pública de las instituciones de nuestro país y sus servidores públicos, pero,según lo declarado por una de sus comisionadas, María Patricia Kurczyn Villalobos, no tiene la posibilidad de sancionar (aunque se debate esta posibilidad) sino sólo limitarse a emitir recomendaciones y a turnarlas a las dependencias correspondientes para que les den cauce. El que se encargaría de esta función sería, en este caso, sobre todo cuando se trata de asuntos que involucran actos de corrupción, la Secretaría de la Función Pública, donde ha sido recientemente nombrado Virgilio Andrade, quien fue señalado por conflictos de interés en virtud de ser amigo personal de Luis Videgaray, uno de los servidores públicos a quien tendría que investigar en primera instancia. Kurczyn Villalobos afirma que hacerlo de esa manera sería, para su gusto, “un proceso burocrático, que sí llega a sancionar, pero es un proceso largo”.
Por otro lado, en este momento no hay ordenamiento legal que obligue a los servidores públicos a que hagan pública su declaración patrimonial, que queda en decisión suya, aunque esta información sí esté para consulta en caso de algún conflicto legal, pero que, cuando dejan de serlo, estos funcionarios podrían pedir que se borre aquella información que les afecte, como sucedió con el sonado caso de la familia Sánchez Alcántara, quien pidió a Google que borrara datos suyos que aparecían en notas periodísticas que los ligaban a hechos de corrupción relacionados con el expresidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún.
A esta debilidad del IFAI se agrega el caso del tren rápido, en el que un ciudadano no pudo obtener respuesta a una petición sobre el acuerdo emitido por el presidente de la República mediante el cual cancelaba el contrato respectivo. El ciudadano fue turnado por el IFAI a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ésta le diera respuesta, sin poder hacer nada (el IFAI) para obligar al presidente a darla, “porque según la comisionada- es el Presidente”.
La labor del IFAI, acusada ya de hacer gastos excesivos en su sede, debería de replantearse. Si no puede más que solicitar se brinde información a la ciudadanía sin imponer las sanciones respectivas en caso de encontrar serias irregularidades en la actuación de instituciones y funcionarios, si además va a promover la borra de información importante del pasado que sirva para reconstruir el presente en un país lleno de opacidades y si, además, no va a tocar a las altas esferas del poder (principalmente a la investidura del presidente de la República), entonces el IFAI implicaría un gasto más para la sociedad mexicana y no habría, por este motivo, ningún argumento válido para apoyar su existencia.
@rogelioguedea
