La PGR ejercitó acción penal en contra de los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas, así como Mauro Taboada Salgado, detenidos el pasado 22 de enero por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, el Ministerio Púbico federal sólo los acusó del delito de portación ilegal de armas de fuego.
México, 24 ene (EFE).- Los tres presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida hace más de un año en Iguala, Guerrero, fueron hoy consignados por delito de portación de arma de fuego, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Con la consignación, los arrestados quedan ante el Poder Judicial de la Federación en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero para que se inicie su proceso. A través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, los tres hombres, detenidos el pasado jueves y viernes, fueron internados en un centro federal de readaptación social en el estado de Durango.
En el anuncio de su captura, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que Bernabé Sotelo Salinas, Cruz Sotelo Salinas y Mauro Taboada Salgado fueron arrestados en el proceso de «identificación, localización y detención de los autores materiales e intelectuales» de la tragedia ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Los presuntos criminales fueron consignados por el «delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército en flagrancia», sostuvo la Fiscalía en un comunicado. Sin embargo, remarcó que estas consignaciones «no excluyen cualquier otra que derive de la propia investigación sobre la desaparición de los estudiantes, en virtud de señalamientos de otros actores ya detenidos, material probatorio diverso o de otras causas penales abiertas».
De acuerdo con la Fiscalía, los hermanos Sotelo Salinas han reconocido su participación y conocimiento en los hechos violentos que terminaron con seis personas fallecidas y los 43 estudiantes de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» desaparecidos.
El tercero, Taboada Salgado, fue puesto a disposición de un juez federal, «a quien le tocará determinar y valorar su situación jurídica en relación con los citados hechos», continúa la PGR.
Según la versión oficial de lo ocurrido esa noche, los jóvenes fueron retenidos por policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
La CNS señaló que Bernabé y Cruz Sotelo Salinas «habrían recibido a los jóvenes» por parte de elementos de la Policía de Iguala, mientras que Taboada estaría involucrado en el asesinato de Julio César Mondragón.
Mondragón fue una de las víctimas fatales de los ataques de esa noche contra los estudiantes de Ayotzinapa, presuntamente ordenados por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Su cuerpo fue hallado al día siguiente con la cara desollada.
La versión oficial de los hechos fue cuestionada por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudian el caso desde marzo pasado. Actualmente, una unidad especial de la fiscalía mexicana analiza otras líneas de investigación para hallar la verdad sobre lo ocurrido.
LA CNDH DESTACA LAS DETENCIONES
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que manifiesta que las tres últimas detenciones por la desaparición de 43 normalistas, se inscriben en el avance del cumplimiento de dos de sus Observaciones y Propuestas formuladas a la PGR el 23 de julio pasado, contenidas en el documento “Estado de la Investigación del Caso iguala”.
De acuerdo con el comunicado, la observación número 5 se formuló con objeto de que la PGR procurara el cumplimiento de los mandamientos judiciales de detención y de que profundizara sus investigaciones para establecer la identidad de otros involucrados.
En la observación 23, la CNDH propuso profundizar las investigaciones que permitieran conocer la estructura y el modus operandi de la organización criminal Guerreros Unidos, concretamente en las ciudades de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero.
