El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la determinación adoptada por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandata continuar con el proceso de revocación de mandato con el presupuesto existente e informó que acatará la decisión en sus términos.
Por Eduard Ribas i Admetlla
Ciudad de México, 23 de diciembre (EFE).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se anotó un tanto en su enfrentamiento con el Instituto Nacional Electoral (INE) al lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara reactivar los preparativos de la consulta de revocación en la que los mexicanos decidirán si el mandatario debe seguir en el cargo o no.
«Fue una muy buena decisión porque es la democracia, porque no se debe obstaculizar la democracia, y segundo, no se debe violar la Constitución», declaró este jueves López Obrador en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.
El añejo enfrentamiento entre el Presidente y el órgano electoral se había recrudecido el pasado viernes cuando el INE suspendió parte de los preparativos de la consulta al considerar que el Congreso no le entregó suficiente presupuesto.
Pero la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite el miércoles por la noche un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Cámara de Diputados contra esta decisión.
En la práctica, esto implica que el acuerdo del INE queda suspendido mientras los ministros resuelven el recurso, por lo que el organismo electoral está obligado a proseguir con los preparativos de la consulta con el presupuesto asignado.
«El INE siempre acata al Juez», dijo este jueves en redes Ciro Murayama, uno de los consejeros electorales partidarios de aplazar la consulta.
UN EJERCICIO POLÉMICO
Como parte de su plan para fomentar la democracia directa, López Obrador quiere que el próximo año se convoque una consulta para que los mexicanos decidan si debe dimitir o seguir en el cargo hasta concluir su presidencia en 2024.
La iniciativa ha sido muy criticada por la oposición, que la considera un mecanismo de propaganda política, puesto que el mandatario cuenta con una popularidad superior al 60 %.
«Yo considero que oponerse a la revocación del mandato, a que se celebre una consulta, a que se le pregunte a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad, es actuar de manera antidemocrática», expresó este jueves López Obrador.
Para la convocatoria de este ejercicio es necesario recabar 2,7 millones de firmas de la ciudadanía, algo de lo que se están encargando organizaciones cercanas al oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Pero el presidente del INE, Lorenzo Córdova, calcula que su organización requiere más de 3.800 millones de pesos (184 millones de dólares), por lo que el presupuesto de 1.500 millones de pesos (72,5 millones de dólares) asignado por el Congreso resulta insuficiente, algo que ya ha denunciado ante la Suprema Corte.
López Obrador no descartó que sea el «pueblo» el que acabe organizando la consulta, como cuando en 2018 se convocó un referendo informal para cancelar las obras del aeropuerto de Texcoco.
«En un año y medio el presidente no ha logrado movilizar a la población como quisiera y necesita este ejercicio para refrendar su liderazgo y seguir en campaña electoral, que es el espacio en el que se siente cómodo», dijo a Efe Khemvirg Puente, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
EL ENÉSIMO CHOQUE
Las autoridades electorales independientes se han convertido durante los últimos meses en uno de los blancos favoritos de las críticas del presidente en sus ruedas de prensa matutinas.
El mandatario enfureció cuando el INE y el Tribunal Electoral suspendieron la candidatura a gobernador del estado de Guerrero del oficialista Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y de irregularidades financieras en la campaña.
También denunció que los consejeros electorales «fingen ser demócratas» y que no pusieron «voluntad» para organizar la consulta del pasado 1 de agosto sobre enjuiciar por corrupción a los expresidentes del país, la cual alcanzó solo el 7 por ciento de participación.
Para esa consulta, el Instituto Electoral solo puso un tercio de las mesas que se instalan en unas elecciones normales, después de que el Congreso diera un portazo a su solicitud de un mayor presupuesto para el referendo.
Ante estos choques, López Obrador ha anunciado una reforma constitucional para modificar el sistema electoral, si bien no ha dado mayores detalles al respecto, además de que necesita el apoyo de la oposición.
Desde Morena también han amagado con impulsar juicios políticos contra consejeros como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
«Es probable una reforma electoral que pueda disminuir la estructura burocrática del INE y que sea un organismo electoral con menos presupuesto y también con menos funciones», opinó Puente.
