La prohibición de drogas en México es parte de un largo recorrido histórico que data de 1871, cuando Benito Juárez era Presidente, a cuatro años de haber sido reinstaurada la República en México. Sin embargo, hubo un lapso de seis meses a partir de 1940, en el que la distribución y la posesión de narcóticos fue permitida por la Ley.
Luego, con el paso de los años, hasta llegar al presente, la proscripción se convirtió en una encarnizada batalla en contra del crimen organizado, que tuvo su punto de quiebre en 2006.
Las cifras oficiales revelan que la estrategia prohibitoria y la lucha frontal han tenido un amplio costo de vidas en los últimos años, en comparación con los golpes sufridos por los grandes cárteles mexicanos. Entre 2006 y 2017, por ejemplo, fueron registradas 123 mil 517 ejecuciones atribuidas al crimen organizado; cifra que representa el 60 por ciento de la totalidad de homicidios dolosos registrados en el periodo [208 mil 285 casos].
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– La regulación prohibicionista de la mariguana y de las drogas distintas del tabaco y del alcohol, que data de principios del siglo XX, “ha fracasado” porque no reduce el consumo y consolida, en cambio, «una poderosa economía subterránea […] que multiplica los costos sociales del consumo de drogas”, refiere un reporte [2016] del Senado de la República.
Más allá de que el consumo de drogas ha ido en aumento en los últimos 38 años, que las ganancias del crimen organizado son cada vez más cuantiosas y que la justicia no repara la impunidad, la violencia se volvió el pan de cada día en nuestro país: durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa [2006-2012] hubo 27 ejecuciones por día que fueron ligadas al crimen organizado, de acuerdo con cifras de Semáforo Delictivo. Y en la actualidad, bajo la tutela de Enrique Peña Nieto [2012-2018], la sangría diaria le arrebata la vida a 30 personas en promedio.
Según la organización, el narcomenudeo causa entre ocho y 10 mil muertes cada año, lo que significa que poco más de la mitad de los homicidios en México [un promedio anual de 55.8 por ciento] son ejecuciones, aunque existen estados de la República en que el 80 por ciento de los asesinatos están ligados al narcomenudeo.
Esta situación acontece a la par que, en los últimos 17 años, los grupos del crimen organizado prosperaran. Según la Procuraduría General de la República (PGR), en la actualidad, nueve grandes cárteles que acogen a 36 grupos menores, controlan el negocio de las drogas en el país. Con los ex presidentes Vicente Fox Quesada [2000-2006] y Calderón Hinojosa eran siete, respectivamente, que fueron evolucionando y fragmentándose en pequeños grupos hasta consolidar los actuales.
Hoy día, los resultados de la guerra contra el narcotráfico, iniciada en Michoacán en diciembre de 2006 con el despliegue de 6 mil 500 soldados, aunada a la regulación prohibicionista que impera, no sólo no han cumplido con sus objetivos principales, sino que parecieran retroceder en la necesidad de pacificar a un país que en este 2017, alcanzó cifras históricas en homicidios dolosos. Los números hablan por sí solos.
De 1997 a 2006, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes decreció en un 30 por ciento a nivel nacional [al pasar de 16 mil 866 a 11 mil 806]. A partir de entonces la sangría fue en escalada, desdibujando a su paso el avance de los últimos 20 años: entre 2006 y 2017, la tasa se incrementó en 77 por ciento [pasó de 11 mil 806 a 20 mil 878], refieren cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
No obstante en los últimos 38 años, entre 1988 y 2016, el uso de mariguana de la población mexicana de entre 12 y 65 años aumentó en al menos 84.5 por ciento [pasó de 1.03 a 1.9-2.4 por ciento de la población], según cifras comparadas de la Secretaría de Salud. En el caso de “cualquier droga”, el incremento mínimo fue de 114 por ciento [pasó de 1.23 a 2.7-3.2].
Al aumentar el consumo, los ingresos del crimen organizado por el negocio de las drogas también incrementaron. En la actualidad, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos calcula un mercado en México valuado entre 19 y 29 mil millones de dólares al año.
Sólo el negocio ilegal del cannabis genera entre 183 y 287 mil millones de dólares a nivel mundial, refirió este año la firma Global Financial Integrity (GFI). Y según un reporte de Brightfield Group, la tasa de crecimiento del mercado legal es de 60 por ciento anual.
En México, las cifras oficiales del Gobierno federal apuntan una capacidad de producción de cannabis superior a los cuatro mil millones de dólares al año, para una droga que según el World Drug Report de 2017, se mantiene como el estupefaciente más consumido en el mundo con al menos 183 millones de usuarios a nivel mundial.
LA HISTÓRICA BATALLA CONTRA LAS DROGAS
La lucha contra las drogas en México halla uno de sus antecedentes históricos a casi nueve años de la intervención francesa en México [1862] y a cuatro años de iniciada la restauración de la República [1867], encabezada por el Presidente Benito Juárez. Corría el 7 de diciembre de 1871, cuando el Congreso de la Unión expidió el Código Penal para el Distrito Federal y para el territorio de la Baja California, que en su Artículo 842 estableció una “pena de cuatro meses de arresto y una multa de 25 a 500 pesos”, a quien “sin la autorización legal elabore para venderlas, sustancias nocivas a la salud o productos químicos que puedan causar grandes estragos”.
Sin embargo, como señala Eduardo López Betancourt en su libro Drogas. Su legalización [2009], “durante todo el siglo XIX y principios del XX, el consumo de drogas fue legal en nuestro país”. Fue después de 1920 que el “ambiente de libre disponibilidad” de drogas -que no se distinguían de los medicamentos- empezó su declive. Ejemplo de ello es lo que Ricardo Pérez Montfort describe en Yerba, goma y polvo [1999], cuando menciona que “hacia julio de 1919 ya se anunciaba que el Consejo de Salubridad preparaba las medidas para atacar el vicio de la intoxicación […] de fumar opio, marihuana, inyectarse heroína, cocaína y otras substancias”. No obstante, reconoce que “las medidas tardarían en aparecer y mucho más en surtir efecto alguno”.
Según el Instituto Belisario Domínguez [2016], las Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneren la raza, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de marzo de 1920, son «el primer antecedente en la legislación mexicana en materia de control de narcóticos”. Tres años después, el Presidente Álvaro Obregón Salido [1920-1924] «emitió el primer decreto presidencial que prohibía y limitaba la producción, la comercialización y el consumo drogas y narcóticos”.
Llegada la administración de Plutarco Elías Calles [1924-1928], dichas disposiciones fueron derogadas. Y en los años 1925 y 1927, respectivamente, promulgó leyes para que el Departamento de Salubridad Pública fuera la institución encargada de autorizar y rechazar la importación de adormidera, cannabis, cocaína, heroína, morfina y opio; y aprobó la emisión del Código Sanitario. Antes, en 1916, la importación de opio ya había sido prohibida por Venustiano Carranza [1917-1920] para evitar el aumento de traficantes en el país, luego de que Estados Unidos legislara normas anti-opio.
En agosto de 1931, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio [1930-1932], fue publicado en el DOF el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, que fue «el primer ordenamiento de carácter penal que estableció la tipificación de conductas relacionadas con las drogas y los delitos contra la salud”, refiere el instituto de investigación del Senado de la República.
Para octubre de ese mismo año, el Reglamento Federal de Toxicomanías estableció un sistema de persecución y denuncia de los «toxicómanos y traficantes de drogas”. Sin embargo, el 17 de febrero de 1940, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río modificó la normatividad para permitir su uso.
Más allá de tres tratados internacionales a los que México se suscribió en 1914, 1925 y 1961 para frenar el tráfico de drogas, fue hasta 1968 «cuando se expidió el primer Código Penal que a nivel federal tipificó de manera clara y precisa las conductas de sembrar, cultivar, cosechar o poseer plantas de ‘cannabis’, pero no criminalizó el consumo”, explica el documento del Instituto Belisario Domínguez.
De ahí en adelante, el siguiente gran paso no tendría lugar hasta el año 2009, cuando se adicionó a la Ley General de Salud el Capítulo VII, titulado “Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo”, que establece las dosis máximas de consumo personal e inmediato de opio, heroína, mariguana, cocaína, LSD, MDA y metanfetamina.
Según el Senado de la República, en la actualidad, los estados que contemplan en su legislación disposiciones relativas al narcomenudeo son Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala.
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LA PUJA POR LEGALIZAR LAS DROGAS
La proscripción de estupefacientes en México se basa en tres principales argumentos: que dañan la salud, provocan adicciones y conllevan altos costos sociales. Y la estrategia de combate del Gobierno Federal, contempla dos ejes fundamentales, de acuerdo con el Senado de la República: la privación prolongada de la libertad -como respuesta pública al consumo privado-; y la contención de la oferta -a través de la persecución penal de la producción, tráfico y comercio de drogas-. Es decir, en nuestro país no se persigue el consumo aunque sí la posesión de estupefacientes.
El año pasado, cifras del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indicaron que mientras el 41 por ciento de los presos federales habían sido encerrados por cargar con sigo sustancias ilegales con un valor igual o menor a 500 pesos, el 14 por ciento fueron procesados por posesión de más de un millón de pesos en estupefacientes.
La normatividad vigente, relativa a la Ley general de Salud, el Código Penal federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, establece penas de 10 meses a seis años de prisión por portar cantidades superiores a las permitidas, según la “Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato”.
Los malos resultados en las últimas décadas han llevado a analistas y expertos a cuestionar la continuidad de la regulación prohibicionista de la mariguana y de las drogas. Ejemplo de ello es lo comentado por el especialista Jack Cole durante el «Foro Internacional: Drogas un balance a un siglo de su prohibición” [2012], al mencionar que “tenemos que legalizar las drogas para que puedan ser reguladas y controladas por nosotros y no por los criminales”. En su opinión, terminar con la proscripción es terminar con la violencia.
El tema de la legalización ha venido discutiéndose en los últimos años, teniendo como resultado una declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2015, a partir de la cual concedió a cuatro ciudadanos amparos para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y autoconsumir mariguana sin fines comerciales.
La resolución del máximo tribunal mexicano hizo eco de tal forma que, para enero del año entrante, la Comisión Federal Para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dará a conocer la reglamentación para sembrar y cosechar mariguana con fines científicos y terapéuticos. De este modo, se espera que para el primer trimestre de 2018 estén disponibles en México los primeros productos elaborados a base de cannabis.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el tema forma parte de la agenda política nacional. El 17 de febrero de 1940, a unos meses de concluir su mandato, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río [1934-1940] modificó la normatividad para permitir que médicos certificados [Artículo 3] y farmacéuticos [Artículo 4] pudieran prescribir y despachar narcóticos, respectivamente, a todo aquel individuo “que sin fin terapéutico use habitualmente alguna de las drogas a que se refiere el artículo 406 del Código Sanitario” [adormidera, cannabis, cocaína, codeína, heroína, hojas de coca, morfina, opio y otras].
La decisión de Lázaro Cárdenas buscaba evitar que los adictos fueran criminalizados y tener un registro de ellos y tratarlos, pues según quedó asentado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Estado carecía de recursos para atender a todos los dependientes; así como revertir las consecuencias del Reglamento Federal de Toxicomanías de 1931, cuyo “único resultado obtenido […] ha sido la del encarecimiento excesivo de las drogas y hacer que por esa circunstancia obtengan grandes provechos los traficantes”, se lee en la promulgada ley.
La enmienda legal, no obstante, sólo estuvo vigente durante seis meses, ya que debido a presiones por parte del Gobierno de Estados Unidos, México se vio obligado a recular. El vecino del norte estaba muy interesado en parar la distribución de drogas en México, sobre todo la de mariguana -prohibida allá hasta 1937-, pues acusaba a los migrantes mexicanos de promover su consumo en tierra ajena.
Esta situación de prohibición, a juicio de algunos analistas, tiene más que ver con una cuestión económica que de salud o seguridad: «Todos sabemos que el siglo XX introdujo el aspecto del poder económico con gran fuerza, a diferencia del siglo XIX, en el que importaba más el factor social, bohemio, farmaceuta y médico [de las drogas]. Sin embargo, podría afirmarse que el valor de uso por cuestiones culturales o médicas, dio paso al valor de cambio por motivos económicos”, refiere María Mercedes Molina, historiadora de la Universidad de Caldas [2008], en su texto El cannabis en la historia: pasado y presente.
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LAS EJECUCIONES EN LOS ÚLTIMOS DOS SEXENIOS
Entre 2006 y 2017, el SESNSP registró 208 mil 285 homicidios dolosos. Y según las cifras de Lantia Consultores que reproduce Semáforo Delictivo, el 60 por ciento [123 mil 517] de estos asesinatos fueron perpetrados por el crimen organizado.
Con Felipe Calderón Hinojosa hubo 68 mil 545 ejecuciones y con Enrique Peña Nieto 54 mil 972. El año más violento, en ese sentido, fue 2011 con 16 mil 987 casos, cifra cercana a la de 2017 [15 mil 353 casos], que cerrará como el segundo año con más ejecuciones del crimen organizado en los últimos 11 años.
El aumento sostenido de ejecuciones hasta 2012, periodo cuando la carnicería llegó a su apogeo, estuvo acompañado de una serie de sucesos que marcaron el sexenio de Calderón. Desde el despliegue de miles de soldados en Michoacán en diciembre de 2006, la estrategia estuvo encaminada a golpear a los cárteles de la droga en México.
El año en que los soldados salieron a la calle, por ejemplo, hubo dos mil 119 ejecutados. Al año siguiente, la cifra aumentó a dos mil 828. Entonces el Gobierno federal celebró la detención en Tamaulipas de Osiel Cárdenas Guillén, supuesto líder del Cártel del Golfo quien en 2010 fue extraditado a Estados Unidos; aumentó a 20 mil los soldados desplegados en todo el territorio nacional; y para junio de 2007, 284 policías federales fueron despedidos en medio de señalamientos de corrupción.
Los años 2008 a 2012, que en conjunto acumulan 63 mil 598 ejecuciones, corrieron con una serie de detenciones de capos mexicanos: Eduardo Arrellano Félix [arrestado en 2008 y extraditado en 2012], Alfredo Beltrán Leyva [arrestado en 2008 y extraditado en 2016], Carlos Beltrán Leyva [2010], Manuel Garibay Espinoza [2010], Édgar Valdez Villarreal [2010], Flavio Méndez Santiago [2011], Mario Jiménez Pérez [2011], Marcos Carmona Hernández [2011], Martín Omar Estrada Luna [2011], Benjamín Arellano Félix [arrestado en 2002 y extraditado en 2011], José de Jesús Méndez Vargas [2011], Jesús Enrique Rejón Aguilar [2011], José Antonio Acosta Hernández [2011], Moisés Montero Álvarez [2011], Carlos Oliva Castillo [2011] y Mario Cárdenas Guillén [2012].
Pero también fueron abatidos algunos de los líderes más importantes del crimen organizado en nuestro país: Braulio Arellano Domínguez [2009], Arturo Beltrán Leyva [2009], Pedro Roberto Velázquez Amador [2010], Ignacio “Nacho Coronel Villarreal [2010], Antonio Ezequiel Cárdenas Guillán [2010] y Heriberto Lazcano Lazcano [2012].
En contraste, tres titulares de las fuerzas de seguridad pública cayeron en 2008. Dos asesinados a manos del narcotráfico -Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico; y Esteban Roble Espinosa, jefe de la Policía Judicial-; y uno, Víctor Gerardo Garay, destituido después de ser acusado de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva.
La guerra contra el narco, además, cobró la vida de civiles. En septiembre de 2008, año en que hubo 6 mil 837 ejecuciones de 13 mil 155 homicidios dolosos a nivel nacional, ocho personas murieron luego de la detonación de unas granadas en el zócalo de Morelia, en Michoacán, durante la celebración del día de la Independencia mexicana. Dos años después, las autoridades de Tamaulipas descubrieron los cuerpos sin vida de 72 migrantes sudamericanos. Y en agosto de 2011, 52 personas fueron masacradas en un ataque al Casino Royale de Monterrey, Nuevo León; siniestro que sucedió al descubrimiento de 177 cuerpos en fosas clandestinas, localizadas en abril en Tamaulipas.
Llegado el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien decidió continuar con la lucha frontal contra el crimen organizado -inclusive impulsando este año la Ley de Seguridad Interior que da facultades al Ejército mexicano para intervenir en materia de seguridad pública en las calles-, las matanzas no serían tan intensas como en años anteriores, aunque en los dos últimos años las ejecuciones han repuntado de manera preocupante con 12 mil 224 y 15 mil 353 ejecutados en 2016 y 2017, respectivamente.
Durante el actual sexenio, la muerte de 54 mil 972 personas a causa del crimen organizado -de 91 mil 960 homicidios dolosos ocurridos en el periodo- es mucho costo en comparación con los resultados obtenidos del ataque frontal -por la vía del plomo- a la delincuencia. Uno de los casos más infaustos y actuales fue el hallazgo, en marzo de este año, de 250 cráneos humanos en Veracruz.
Entre 2013 y 2017, las autoridades lograron abatir a un padrino [Nazario Moreno González en 2014, fundador de La Familia michoacana] y arrestar a siete capos mexicanos: Miguel Ángel Treviño Morales [2013], Mario Ramírez Treviño [arrestado en 2013 y extraditado en 2017], Joaquin «El Chapo» Guzmán Loera [arrestado en 2014, fugado en 2015, reaprendido en 2016 y extraditado en 2017], Vicente Carrillo Fuentes [2014], Héctor Beltrán Leyva [2014], Omar Treviño Morales [2015] y Dámaso López Núñez [2017].
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