Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– Senadores y diputados de izquierda, así como organizaciones de la sociedad civil de Puebla, demandaron el cese inmediato de la criminalización de la protesta social por parte del Gobernador Rafael Moreno Valle, luego de que se ha encarcelado de forma arbitraria a 46 activistas durante su administración.
Asimismo exigieron la libertad inmediata del líder popular y activista Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como «Simitrio», detenido el pasado 19 de diciembre por los mismos cargos infundados que se le acusó hace 25 años y por los cuales pasó más de 11 años encarcelado en distintas prisiones estatales y federales.
“Esto es parte de la ola de criminalización que se ha venido denunciando permanentemente en el caso de Puebla y que se suma a la lista de más de 45 presos políticos en el estado”, afirmó la Diputada federal Roxana Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Asimismo, el Senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez sostuvo que es evidente que existe una “clara estrategia” de parte del Gobierno de Rafael Moreno Valle para “eliminar a todos aquellos que se oponen a sus políticas públicas, recurriendo a la intimidación, al hostigamiento, a la represión y al encarcelamiento”.
Para los legisladores federales es urgente la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el fin de revisar las graves violaciones a las garantías individuales de los poblanos que de forma recurrente han sido detenidos sin justificación.
Por ejemplo, durante el mandato de Moreno Valle se detuvo a Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís por ponerse a la construcción de un gasoducto en la región de Atlixco. Ambos encarcelados en abril de este año.
Asimismo, el 18 de octubre policías ministeriales irrumpieron en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan en donde fue asesinado el niño de 13 años José Luis Tehuatle Tamayo, sin que hasta la fecha el gobierno de Puebla haya asumido su responsabilidad por impulsar la llamada “Ley Bala”.
Por el contrario, el gobierno de Moreno Valle detuvo a cinco personas con excesivo uso de la fuerza pública, y se reportó que incluso los policías que realizaron las detenciones amenazaron a los familiares de los indiciados y encañonaron a menores de edad.
“Solicitaremos de manera urgente que ante la violación de derechos humano en Puebla, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda nombrar una comisión especial que investigue todos los hechos ocurridos en el estado”, adelantó la Diputada Roxana Luna.
Por otra parte, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y las organizaciones que integran el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), demandaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que cese el hostigamiento contra activistas en Puebla.
“El 25 de noviembre nos reunimos con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, y había un compromiso por escrito del subsecretario que no iba a ejecutar más órdenes de aprehensión en Puebla. Sin embargo, el día viernes se ejecuta una reaprehensión del compañero Rubén Sarabia ‘Simitrio’, que tiene que ver básicamente con su actividad política”, recordó Francisco Jiménez, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
“Por lo que exigimos en esta tribuna [la Cámara de Diputados] y por estos medios al gobierno federal para que intervenga y cese la represión”, destacó.
Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que «Simitrio» se ha convertido en el número 46 de los presos políticos de Puebla, en medio de una crisis política que no solo toca a Puebla, sino a todo el país en general.
DETENCIÓN DE “SIMITRIO”
El caso más reciente de la detención de un activista poblano, es el de Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como «Simitrio».
En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia de Puebla informó que el pasado 19 de diciembre ejerció acción penal contra el dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, se revocó el beneficio de la libertad condicional que se concedió al activista.
En 1989, Rubén Sarabia fue sentenciado a 25 años seis meses de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y robo de vehículo en agravio de un ciudadano.
Durante el sexenio de Vicente Fox se le concedió libertad condicional. Sin embargo la Procuraduría de Puebla, en colaboración con el estado de Tlaxcala, argumentó que Sarabia cometió diversos ilícitos, entre ellos el delito de despojo. Por lo que el Juez Quinto Penal solicitó la detención del líder popular.
Las organizaciones que integran el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), consideramos que la detención de Rubén Sarabia Sánchez no es cualquier detención, es la ejecución de una decisión de Estado.
“La detención de ‘Simitrio’ es una agresión al Frente Poblano Contra la Represión, y en sí una agresión al movimiento nacional en su conjunto”, expuso el FICAM.
“Nos parece que es un acto de represión; nos parece que ante la coyuntura de violación de Derechos Humanos; ante la condena internacional que México tiene hoy por el caso Tlatlaya, por el caso de Iguala y por los estudiantes y que además habiendo un diálogo con el gobierno federal para la libertad de varios presos, hoy se esté encarcelando de nuevo al compañero Rubén Sarabia ‘Simitrio’”, declaró Francisco Jiménez, de la CNPA.
Consideraron que esto es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social, que se puede deducir por medio de las recientes declaraciones de los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; que han censurado las movilizaciones sociales.
El próximo febrero de 2015 [Rubén Sarabia] lograría su libertad absoluta. Ahora, es detenido nuevamente, acusándolo de los mismos cargos por los que se le acusaba hace 25 años.
“El compañero Rubén Sarabia ‘Simitrio’ era parte de la Comisión de Derechos Humanos que estaba dialogando con la Secretaría de Gobernación la posibilidad de un acuerdo para el campo y para la libertad de muchos presos, en la que se estaba planteando la anticipación de su libertad del compañero”, afirmó Francisco Jiménez.
CONTINÚA HOSTIGAMIENTO
Las organizaciones populares señalaron que la UPVA de Rubén Sarabia se ha pronunciado firmemente contra la represión en Puebla: ha luchado contra la Ley Bala así como contra la Ley que quita poderes a las Juntas Municipales Auxiliares sobre el Registro Civil.
Además la UPAV ha participado en las acciones para condenar la Desaparición Forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, así como participar en la exigencia de su presentación con vida.
Ante estas acciones de resistencia, el FICAM sostuvo que desde el pasado 28 de Noviembre decenas de policías ministeriales “embozados con capuchas negras y con armas de alto calibre catearon la casa de los hijos de ‘Simitrio’, pretendiendo acusar a sus hijos de ser narcomenudistas”.
Por ello, pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación, para frenar la ola de hostigamiento que ejerce contra ellos el Gobierno de Rafael Moreno Valle.
