El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) busca blindar las obras de su administración de los amparos promovidos por los empresarios Claudio X. González y su hijo, Claudio X. González Guajardo, así como del exministro José Ramón Cossío.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró en que sí conoce a los X. González, pero no tiene nada qué ver con el grupo político que representan y aseguró que no sabe por qué el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo relaciona con ellos.
“No tengo relación con los X. González. En el tiempo que estuve o estoy en el consejo de Mexicanos Contra la Corrupción no fue en los tiempos en los que estuvo Claudio X. González. Está María Amparo Casar. Ella me invitó a formar parte de un consejo asesor y esa es la única función que tengo. No tengo ninguna relación. Los conozco como los conoce muchas personas. Claudio hijo venía a la Corte con los asuntos, que por cierto fueron muy importantes, para abrir o tratar de abrir las bitácoras de vuelos del Presidente Peña, las listas de las personas a las que el SAT les condonaba los impuestos”, dijo Cossío en una entrevista en el programa “Los Periodistas” que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en el canal de SinEmbargo al Aire por YouTube.
“No tengo más conocimiento sobre él. Yo entré a Mexicanos cuando ya estaba María Amparo Casar. Ha sido un proceso interesante. Yo nunca he estado en una reunión de Mexicanos con Claudio X. González. He estado con María Amparo”, explicó José Ramón.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) busca blindar las obras de su administración de los amparos promovidos por los empresarios Claudio X. González y su hijo, Claudio X. González Guajardo, así como del exministro José Ramón Cossío, quien asesora legalmente al grupo opositor.
–Entonces, ¿por qué lo trae el Presidente en la mirilla? –le preguntó Páez Varela a Cossío.
–Pues eso quisiera yo saber. Fíjense que pensé, antes de que tomara posesión, que hasta teníamos una buena relación. Cuando él estaba de Jefe de Gobierno incluso me hizo un par de consultas, buenas además, a través del maestro Ortiz Pinchetti [Joé Agustín Ortiz Pinchietti], tuvimos una conversación agradable cuando estaba él haciendo los segundos pisos yo estaba ahí de profesor, luego también sobre unos terrenos por el Estadio Azteca… todo esto probono –respondió el Ministro en retiro.
«De repente yo dije: ¿de dónde salió esto? A lo mejor alguien lo fue a intrigar, no lo sé, no lo sé. Ya estoy habilitando una hipótesis, que no la voy a desarrollar, pero nomás así la dejé caer. Entonces, alguien lo anda intrigando y andamos en esas», agregó José Ramon Cossío.
EL ACUERDO ES “INCONSTITUCIONAL”
Sobre el acuerdo en relación con los megaproyectos del Presidente, José Ramón Cossío señaló que es “inconstitucional”.
“El Presidente le puso acuerdo y creo que es inconstitucional. Nosotros cuando hacemos los temas en derecho planteamos primero un tema que le llamamos fundamentación, este artículo está fundamentado en el 89 de la Constitución, el cual dice que las facultades y obligaciones del Presidente son promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”, dijo.
“Luego el decreto dice que se fundamenta en el artículo 26 que habla del sistema de planeación democrática, que el resultado es el Plan Nacional de Desarrollo. El tercero dice que se basa en el artículo 90”, añadió Cossío en entrevista transmitida para el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Para el Ministro en retiro, el segundo problema de este decreto es que utiliza el concepto de seguridad nacional. “Mi punto es que el Presidente no puede definir qué es seguridad nacional porque eso le compete al Congreso de la Unión”.
Cossío destacó tres problemas del decreto:
1. Si las cámaras de Diputados y Senadores promovieran una controversia irían a la Corte a preguntar si es constitucional o no y ahí tendría problemas ese decreto.
2. El INAI debe decir si va contra su función.
3. Que una persona que haya sido desplazada y quiere otorgar un servicio para una de estas obras puede inconformarse.
El lunes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo «en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional».
Este acuerdo fue rápidamente tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya está analizando si el acuerdo «vulnera el derecho de acceso a la información».
Además, este martes José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, denunció en Twitter a raíz de este acuerdo que «cada día es más evidente que Andrés Manuel López Obrador cree estar por encima de la ley».
Sin embargo, este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo publicado busca blindar las obras de su administración de los amparos promovidos por los empresarios Claudio X. González y su hijo, Claudio X. González Guajardo, así como del exministro José Ramón Cossío, quien asesora legalmente al grupo opositor.
«¿Cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? Como 120 días más o menos. ¿Se imaginan si a Claudio X. González, papá e hijo –porque actúan de manera coordinada y conjunta–, junto con el exministro Cossío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto [Felipe Ángeles]?», preguntó el Presidente durante su habitual conferencia de prensa matutina.
Claudio X., como se le conoce de manera coloquial, es opositor de su Gobierno y el principal promotor de la alianza “Va por México”, que unió al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para enfrentar a Morena en las elecciones de este 2021.
Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que si los jueces amparan a los opositores contra estas obras poco antes de entregarlas, quedarán inconclusas porque se le acabará el tiempo a su administración para enfrentar en los tribunales, ganar y retomar.
Por ello, defendió el acuerdo que se dio a conocer este lunes, ya que busca “agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya”.
El Jefe del Ejecutivo federal explicó que también se pretende dar tiempo para presentar toda la documentación de las obras, esto en el entendido de que las empresas y «las dependencias del Gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias».
«Eso fue el acuerdo. Es un asunto interno de las dependencias. Por ejemplo, que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o ayude a Fonatur, a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo y no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, concluir las obras. Esto no tiene nada qué ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas», destacó.
Asimismo, el Presidente de México subrayó que en su Gobierno existe la convicción de actuar con honestidad, por lo que habrá “cero corrupción y también cero impunidad”. «No somos iguales. Eso es lo que les molesta mucho porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, a robar a manos llenas y ahora no pueden, ni podrán», advirtió.
"Es un acuerdo para agilizar tramites y que por los tramites burocráticos no se detengan las obras"
Fue lo que dijo el presidente @lopezobrador_ sobre el documento donde declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos de su sexenio. pic.twitter.com/DZmxqx5hSJ
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 23, 2021
PROYECTOS Y OBRAS, ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL POR DECRETO
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó este lunes un decreto por el que se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su Gobierno.
El decreto, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.
Por si te lo perdiste…
Hoy presentamos el reporte semanal de #AvancesTrenMaya 54/157.
Aquí te dejamos un resumen ?¡El #TrenMaya avanza! pic.twitter.com/DB1PQBqRih
— Tren Maya (@TrenMayaMX) November 23, 2021
De esta manera, el mandatario podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos.
El acuerdo, que consta de tres artículos y está firmado por López Obrador, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.
El acuerdo entró en vigor este martes e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.
“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento.
La autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
