Marko Cortés Mendoza acusó que el Presidente de México pretende «tapar la corrupción» por medio del nuevo decreto presidencial que emitió este lunes con respecto a la información relacionada a megaproyectos como el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) empleará todos los recursos legales posibles en contra del decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el cual establece que la información sobre los proyectos de infraestructura de la administración federal es declarada como asunto de seguridad nacional, informó el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza.
Asimismo, el presidente nacional del PAN acusó que hay una red de corrupción de trasiego de hidrocarburos de manera ilegal en Tamaulipas, vinculado con empresarios que están financiando y prestándoles vehículos a políticos como el Diputado Erasmo González Robledo, del partido Morena, por lo que exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación.
“Hay diputados federales, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados, Diputado de Morena con un vehículo, asignado, prestado por un empresario vinculado a este tráfico ilegal de hidrocarburos, Alcalde de Morena en el estado de Tamaulipas”, denunció.
Por medio de un comunicado, el partido de oposición aseguró que el Gobierno federal pretende «tapar la corrupción» de megaproyectos como el Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles» por medio del decreto presidencial que se publicó este lunes, por lo que mostró su apoyo hacia organismos y particulares que lo impugnen.
Le pedimos al presidente @lopezobrador_ que sus hechos hablen más que sus palabras, porque fue a decir a Washington lo que no quiere hacer en México.pic.twitter.com/DAu1SuUKgr
— Acción Nacional (@AccionNacional) November 21, 2021
«Lo que está haciendo con este decreto es generar puras adjudicaciones directas, discrecionales y evitar que la información pueda ser consultada”, puntualizó Cortés Mendoza, a la vez que dijo a la administración actual que «el que nada debe, nada teme».
El abanderado del blanquiazul declaró que la decisión del Ejecutivo federal es «preocupante», inconstitucional y «peligrosa» porque atenta contra la libre competencia, el libre mercado, la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional, ya que se trata de recursos públicos que deben estar al escrutinio de los ciudadanos. A su vez, declaró que el decreto busca evitar las licitaciones públicas para los contratos de proyectos de infraestructura y darlos directamente a quien el Gobierno decida.
Sin embargo, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en contra del nuevo decreto presidencial.
“El decreto del Presidente López Obrador de los proyectos de infraestructura es para tapar la corrupción de su Gobierno, es para que no la podamos conocer y por ello es que la vamos a combatir, y estamos seguros que en la Corte nos darán la razón, les darán la razón a los mexicanos y se desechará este decreto que es tapadera de los actos de corrupción de todos los cercanos del Presidente”, sostuvo.
DECRETO PRESIDENCIAL BLINDA MEGAPROYECTOS
El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este lunes por la tarde de interés público y seguridad nacional “la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura”, incluidos el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y otros.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), edición vespertina, el acuerdo indica que los proyectos incluidos son “de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Además, el acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Tras darse a conocer el acuerdo, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, entre las que destacan la del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, y la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Valeria Moy.
