El organismo dio a conocer que sus áreas especializadas se encuentran estudiando los alcances del acuerdo emitido y que de ser necesario, se explorarán las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó este martes que ya analiza si el acuerdo que declara las obras del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador como temas de interés público y seguridad nacional vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
«El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) analiza de fondo el Acuerdo, publicado, el lunes 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación, por el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados«, dijo.
En un comunicado, el organismo explicó que en el artículo primero, el documento señala expresamente que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
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— INAI (@INAImexico) November 23, 2021
Al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advirtió que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo.
Ante dicha situación, las áreas especializadas del Instituto Nacional de Transparencia estudian los alcances del acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.
«En este contexto, el INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información, facultado para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, evalúa si dicho Acuerdo no se contrapone a lo establecido en dicho marco normativo», finalizó el organismo.
PROYECTOS Y OBRAS, ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL POR DECRETO
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El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó este lunes un decreto por el que se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su Gobierno.
El decreto, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que son de «interés público y de seguridad nacional» la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren «prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional».
Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.
De esta manera, el mandatario podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos.
El acuerdo, que consta de tres artículos y está firmado por López Obrador, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual administración continúe «con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social».
El acuerdo entró en vigor este martes e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.
«Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo», explica el documento.
La autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
INCONSTITUCIONAL
Tras la publicación, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México José Ramón Cossío, aseguró en su cuenta de Twitter, que el decreto del Presidente «es evidentemente inconstitucional».
En tanto, Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y legislador del opositor Partido Acción Nacional (PAN), aseguró en la misma red social que el decreto era «increíble».
Por si te lo perdiste…
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— Tren Maya (@TrenMayaMX) November 23, 2021
«Prácticamente con esto el Gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga, esto es flagrantemente inconstitucional, es un cinismo total el desprecio por la legalidad de López Obrador», precisó.
Pese al discurso de austeridad y las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el Gobierno priorice los megaproyectos del Presidente López Obrador.
Tan sólo el gasto en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía de la capital, y la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y el aeropuerto de Tulum equivalen al 0.76 por ciento del PIB, reveló en septiembre pasado un análisis de la asociación «México, ¿Cómo Vamos?».
No obstante, López Obrador, indicó que las cuatro obras de infraestructura emblema de su Gobierno crearon en 2020 al menos unos 150 mil empleos.
Este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional. https://t.co/1o6bWjIylP
— José Ramón Cossío D. (@JRCossio) November 23, 2021
–Con información de EFE
