De acuerdo con cifras del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno –realizado en 2016 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)– hasta ese año había 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado, la mayoría de ellos por violencia.
En 2017, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado” en el que documentó 25 episodios de violencia directa o indirecta que afectaron a 20 mil 390 mexicanos. Los desplazamientos se registraron en al menos nueve estados, 27 municipios y 79 localidades. Las entidades con más episodios fueron Guerrero, con siete; Sinaloa, con cinco, y Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con tres en cada caso.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- En noviembre de 2017, cerca de 5 mil tsotsiles chiapanecos se desplazaron desde el municipio de Chalchihuitán a la zona montañosa del estado. A pesar del temor a ser perseguidos por grupos armados, marcharon dejando atrás sus cosechas, animales, posesiones y viviendas. Forzados por la violencia comenzaron a vivir en condiciones infrahumanas: bajas temperaturas, poco o nulo acceso a agua potable e insalubridad en materia de higiene y saneamiento, lo que provocó el brote de enfermedades. Debido al frío y a la escasez de alimentos, en diciembre ya se reportaba la muerte de un bebé de tan solo tres días de nacido, tres niñas menores de cuatro años de edad y dos adultos mayores.
El conflicto que los había orillado a migrar tenía como antecedente un viejo enfrentamiento por el territorio entre los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó. La segunda era denunciada por la organización de la sociedad civil CDH Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que brindaba apoyo a los comuneros, como “pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas”.
Los gobiernos federal y estatal se comprometieron a cumplir con el desarme y desarticulación de los grupos armados, pero no cumplieron. Dos meses después de haber huido de su territorio 3 mil 858 personas retornaron a su lugar de origen. Otras mil 165 personas decidieron no retornar por el temor constatado de las acciones armadas en su contra.
De acuerdo con algunos testimonios, documentados por el Frayba, las ráfagas de balas provenientes desde trincheras no han cesado y han continuado con masacres y otras violaciones graves de derechos humanos de los pueblos originarios. Migrar sigue siendo una opción permanente.
El caso de Chenaló y Chalchihuitán ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los más graves de migración forzada; sin embargo, no es el único. Tan solo en el 2017, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH) denunció el registro de 25 eventos de desplazamiento interno obligado por la violencia, que afectaron a 20 mil 390 personas.
En México, el desplazamiento interno forzado es un fenómeno que tomó auge en los años 70, ocasionado principalmente por intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputas por la tierra y recursos naturales. Sin embargo, en los últimos años las cifras se han incrementado como consecuencia de la proliferación de grupos del crimen organizado que sostiene luchas por el territorio y extorsionan a los habitantes de las comunidades en las que tienen presencia.
De acuerdo con cifras del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno –realizado en 2016 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)– hasta ese año había 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado, la mayoría de ellos por violencia.
MIGRAR COMO FORMA DE VIDA
En al década de los años noventa, Kofi Annan, entonces Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió: “El desplazamiento interno está emergiendo como una de las grandes tragedias de nuestras vidas”. A partir de entonces el desplazamiento interno ha crecido de tal manera que en el 2013, alrededor de 33 millones de personas se habían movilizado al interior de sus países.
En México, el desplazamiento interno no es un suceso reciente. La marginación, la pobreza, la falta de oportunidades y la centralización de los servicios ha empujado a miles de personas a migrar año con año con el único propósito de mejorar las condiciones de vida propias y las de sus familias.
De acuerdo con las cifras de la Conapo, el número de migrantes internos ha variado en las distintas décadas; sin embargo, a partir de los años noventa se comenzó a experimentar un incremento en la variable. Las cifras señalan que el número de personas desplazadas pasó de 3.4 millones en el quinquenio 1985-1990, a 5.9 millones entre 1995 y 2000, 6.6 millones de 2005 a 2o10 y 6.4 millones entre 2010 y 2015. La tendencia demuestra que la migración intraestatal aumentó, pasando de 39.4 millones entre 1995 y 2000, 46.9 de 2005 a 2010 y 50.1 entre 2010 y 2015.
Para 2015, los estados con tasas netas migratorias negativas más altas fueron Guerrero (-5.2) ,Ciudad de México (-5.0), Tamaulipas (-2.5) , Zacatecas (-2.2) , Chiapas (-2.2) y Michoacán (-2.1) . En contraste, las tasas migratorias positivas más altas fueron para los estados de Quintana Roo (10.0), Baja California Sur (9.1), Querétaro (8.6), Colima (5.5) y Campeche (4.4).
La migración en México depende de las características de las diferentes regiones.
José Martín Iñiguez, académico experto en migración de la Universidad Iberoamericana, explica que el 98 por ciento de la población mexicana que decide migrar se dirige hacia Estados Unidos atraídos por la diferencia salarial. Sin embargo, aquellos que migran de manera interna se acercan a los polos económicos nacionales como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro. Las ciudades fronterizas suelen recibir a las personas que no logran cruzar a Estados Unidos porque se quedan sin dinero o porque debido al cobro de cuotas por parte del crimen organizado se quedaron imposibilitados de continuar en el camino.
ESCAPAR O MORIR
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y Unitang Dreams, afirma que en el mundo existen alrededor 180 millones de migrantes que son empujados a buscar mejores oportunidades económicas y mayor seguridad; tal y como se empieza a extender en el país. Afirma que en los últimos 20 años ha existido una tendencia menor de migración exterior, contrarió a lo que ocurre con la migración interna.
Para la experta el fenómeno que continuará mientras no existan condiciones de vida básica, suele ser mucho más agresivo con las personas en condiciones de marginación que además de enfrentar la pobreza y la discriminación, en los últimos años han tenido que afrontar los problemas de inseguridad y violencia.
“El migrante es una persona que cambio de lugar de residencia, es importante dejarlo en claro. Un factor para la migración es la oportunidad de cambiar a un ambiente más vivible”. Eunice Rendón.
Por su parte, Martín Iñiguez afirma que el incremento en la violencia durante el sexenio de Felipe Calderón tiene relación con el aumento del flujo de movilidad interno. Añade que a partir de la “guerra contra el narcotráfico” existió una reingeniería administrativa de los grupos criminales que los orillo a prácticas como el cobro de derecho de piso y el tráfico de personas que pusieron en un peligro latente a ciertas poblaciones del país ubicadas en los estados con de mayor índice de violencia.
En el informe sobre la evolución de la Tasa Nacional de Homicidios elaborada por el INEGI, entre 1990 y 2010 se registró un incremento que pasó de 8 a 18 suceso por cada 100,000 habitantes en todo el territorio nacional. La ciudad más violenta fue Ciudad Juárez, en esta había hasta 108.5 homicidios por cada 100,000 mil habitantes.
En 2017, la CMDPDH presentó el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado” con el cuál documento 25 episodios de violencia directa o indirecta que afectaron a 20 mil 390 personas. . Los desplazamientos se registraron en al menos 9 estados, 27 municipios y 79 localidades. La entidades con más episodios fueron Guerrero con siete , Sinaloa con cinco, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con tres respectivamente.
Chiapas fue el estado de donde salieron más personas, al menos 6 mil 090, seguido de Guerrero con 5 mil 948, Sinaloa con 2 mil 967, Oaxaca con 2 mil 700, Michoacán con mil 350, Chihuahua con 693, Durango con 365, Zacatecas con 230 y Coahuila con 47 personas.
Entre las formas de violencia se registraron ocho episodios de ataques armados en contra de la población, seis enfrentamientos armados y tres desalojos con violencia: dos por temor a la violencia y uno por disputas por el territorio entre grupos criminales y uno junto al asesinato de defensores de la comunidad.
En el 92 por ciento de los casos se mencionó el desplazamiento de familias, por lo que existió un perfil variado de personas: mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas y adultos mayores. Asimismo, el 36 por ciento del total señaló cono víctimas a poblaciones indígenas principalmente del estado de Chiapas.
La magnitud real de los desplazamiento provocados por violencia es aún desconocida ya que además de las movilizaciones masivas existen aquellas que se van dando de manera gradual e individualizada. Los que salen componen familias con padres o hijos desaparecidos, extorsionadas por el pago de cuotas de piso, amenazados por el secuestro al negarse a trabajar con el crimen organizado, o bien, personas que huyen por el miedo de las historias de inseguridad que escuchan.
RIESGOS EN EL CAMINO
El pasado 8 de noviembre, 70 personas decidieron avanzar en medio de la noche hacia la cabecera municipal de Copalillo, Guerrero. El grupo conformado por 35 niños y niñas, 21 mujeres y 14 hombres huía por la noche tratando evitar al conjunto del crimen organizado que los forzó a salir de su lugar de residencia. Los migrantes querían evitar el peligro, sin embargo migrar es un riesgo en sí mismo.
“Perder la vida es el primero de los riesgos”, explica Eunice Rendón, quien además señala otros peligros como las violaciones de derechos humanos, la violación sexual –sobre todo de mujeres–, la cooptación del crimen y los prejuicios sobre la salud ocasionados por las largas caminatas, la deshidratación y el calor. Agrega que el riesgo es para todos los casos, migrantes extranjeros o nacionales, sin embargo los más vulnerables de grupos suelen ser las mujeres, niñas y niños.
“El gran reto para el nuevo Gobierno es precisamente replantearse el nuevo modelo económico a partir de un Estado que tenga una mayor justicia social”. Martín Iñiguez.
Para Martín Iñiguez, investigador de la Ibero, sí existe una alternativa para evitar el crecimiento acelerado de los procesos de desplazamiento interno: el cambio en modelo económico.
“Desafortunadamente en nuestro país, el capitalismo es un capitalismo salvaje que no le han puesto los límites el poder político y por lo tanto, al no tener límites, lo ha llevado es al crecimiento exponencial de la pobreza al no pagar salarios justos, al permitir que exista una explotación de la mano de obra y eso nos lleva obviamente a la inmigración. Por lo tanto, la única manera de cambiar lo que hoy tenemos es cambiar el modelo económico y el papel del Estado”, plantea.
