En su sentencia, el Consejo de Estado constató que el acceso al agua potable y a los sanitarios es «manifiestamente insuficiente» y que no se ha encargado de la recogida de basuras ni de la apertura de accesos para los vehículos de emergencias.

Confirma así el dictamen del Tribunal Administrativo de Lille (norte de Francia), que daba al Gobierno un plazo de 48 horas para hacer un censo de los menores en situación de desamparo y le obligaba a gestionar con la administración departamental la búsqueda de alojamiento.

El Consejo de Estado reconoció que el Ejecutivo francés ha efectuado numerosos esfuerzos de cara a la atención social, médica y psicológica de los inmigrantes más vulnerables en ese lugar, pero consideró incompleto el despliegue previsto.

Admitió que no se puede reprochar al Estado ninguna carencia en materia de asilo, en la medida en que ofrece información y acompaña a los demandantes, pero subrayó que los cerca de 4.500 inmigrantes que viven en el lugar tienen unas condiciones de vida que les expone a «tratamientos inhumanos o degradantes».

La máxima instancia administrativa confirma la sentencia del Tribunal de Lille, que pedía construir puntos suplementarios de abastecimiento de agua, letrinas y acceso para los servicios de emergencias, y le requería que se ocupara de la recogida de basuras y de la limpieza del campamento.

La sentencia fue dictada tras una denuncia de las ONG Médicos del Mundo y «Secours Catholique» sobre la situación del campamento de Calais (noroeste de Francia).

Los jueces rechazaron entonces otras peticiones de las ONG, como la distribución de dos comidas diarias a cargo del Ayuntamiento de Calais o la confiscación de edificios vacíos para acoger a los inmigrantes.

Un día después de esa primera sentencia, el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, afirmó que ya estaban en marcha las medidas de mejora de las condiciones sanitarias y tachó de «injusto» el proceso abierto contra el Estado.