Las organizaciones civiles México Evalúa, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Borde Político, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, IMCO, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Gestión Social y Cooperación presentarán al Congreso de la Unión una propuesta sobre ingreso, gasto y deuda pública para elevar la calidad del Paquete Económico 2018.
En septiembre pasado, la Secretaría de Hacienda entregó un plan que prevé un gasto de 5 billones 236 mil 375 millones 600 mil pesos, lo que implica un recorte de 28 mil 300 millones de pesos con respecto a lo presentado en 2017.
Ciudad de México 23 de octubre (SinEmbargo).– Investigadores de organizaciones civiles han vislumbrado que el gasto público en 2018 -que incluye comunicación social, viáticos y aguinaldos al gobierno federal- será mayor al propuesto, y el rubro «perdedor» será la inversión pública para infraestructura, clave en generación de empleos y desarrollo.
Para 2018, año electoral, la Secretaría de Hacienda propuso al Congreso un gasto público de 5,236,375.6 millones de pesos, el 22 por ciento del PIB.
Mariana Campos, de México Evalúa, resaltó que esta cifra es similar al gasto de 2014, por lo que ve difícil que se cumpla y se cuestiona a dónde irá ese dinero público.
Del gasto programable, solo el 11.9 por ciento está previsto para inversión pública, el nivel más bajo desde 2002.
Campos destacó que este rubro para infraestructura se gasta a través de fideicomisos, lo que dificulta darle seguimiento.
Ante ello urgió a mecanismos de transparencia en estos, ya que no hay alguna instancia que siga su ejecución ni publica sus estados financieros.
A nivel local, Marco Zamarripa, del Consejo Civil de Instituciones Laguna, expuso que de 2012 a 2016, la recaudación en Coahuila subió 797 millones de pesos, pero la inversión pública cayó 637 millones de pesos y ahora son la segunda entidad con mayor deuda per cápita.
Asimismo, Mariana Campos de México Evalúa señaló que los rubros de Presidencia, Secretaría de Hacienda, servicios en traslados y viáticos, comunicación social, y aguinaldo y gratificación al gobierno federal deben ser más vigilados porque en ellos se gasta más de lo aprobado a pesar de la serie de recortes anunciados ante la caída de los ingresos petroleros.
Sunny Villa, investigadora del CIEP, dijo que el Paquete Económico de 2018 refleja que su prioridad es pagar la deuda sobre lo importante.
Destacó que del total del gasto público, el 83.8 por ciento es obligatorio para el saldo de pensiones, deuda y participaciones a estados.
Otro 13 por ciento va para el presupuesto a programas, cuyo reparto está bastante fragmentado, afirmó Villa. De los más de 600 programas, el 65 por ciento del presupuesto va para 25.
Alfredo Elizondo, de Gesoc, documentó que solo dos de cada 10 programas sociales están bien diseñados y cubren sus metas.
Los ocho programas restantes, destino del 55 por ciento del presupuesto para programas sociales, tienen problemas de desempeño o son opacos.
Javier Gala, del CEESP, llamó a cambios estructurales en el destino del gasto público ya que, ejemplificó con el Tren México Toluca, no hubo una «correcta planificación» y requirió recursos frente a mayores problemas en seguridad e impartición de justicia.
«La inversión pública se dedica a temas simples, pero no en los necesarios que se quedan rezagados», declaró Gala.
Respecto al gasto que puede destinarse al proceso de reconstrucción luego de los sismos de septiembre, Mariana Campos de México Evalúa alertó que el Fonden ha recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación: el 53 por ciento de 15 auditorías con un monto de 17 mil millones de pesos tuvo un dictamen negativo principalmente en Chiapas, Guerrero, Tabasco y Nuevo León.
Entre las irregularidades destacaron los atrasos de entrega de obra y contratación de empresas sin capacidades, así como la falta de reintegro por cancelación de obras.
Por ello Campos urgió a la dotación de instrumentos de control para las entidades afectadas en el uso de los recursos enviados para la reconstrucción.
“CONGRESO SOMBRA”
En un contexto de elecciones y reconstrucción tras los sismos de septiembre, siete organizaciones civiles evalúan a fondo el Paquete Económico 2018 para elevar la calidad del gasto público ante «la falta de capacidad técnica» del Congreso para darle seguimiento puntual, así como ausencia de un contrapeso frente a la Secretaría de Hacienda.
Las recomendaciones que surjan a lo largo de las mesas de análisis del «Congreso Sombra» sobre ingreso, gasto y deuda pública, serán enviadas a los legisladores.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, aseguró que durante el otoño el Congreso discute el ingreso, gasto y deuda para 2018, es decir, el dinero de los mexicanos y los recursos tanto para salud o seguridad como para propaganda y «moches», por lo que es necesario que la ciudadanía vigile su calidad.
«Quienes deciden no son sensibles a lo que la sociedad y situación del país exige», dijo.
Jaime expuso que al Gobierno le gusta «darse cheques en blanco» con los recursos públicos, se endeuda para gastar ni invertir (los niveles de inversión pública siguen a la baja), y «no sabe controlarse» al gastar más en sí mismo que lo aprobado por el Congreso.
«Desde el Pacto por México, el Congreso está [tan] enfermo de consenso que parece complicidad», afirmó.
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Vidal Llerenas, Diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), coincidió en que «hay un deterioro» en la discusión de los legisladores en torno al Paquete Económico, por lo que el Congreso «no está sirviendo» para mejorar la calidad de ingresos y gasto público, ni es un contrapeso.
«Es muy extraño que el PRI tenga el voto de los demás; votan con el Gobierno. Se abren posibilidades de corrupción durante la repartición de recursos entre gobiernos locales», declaró Llerenas.
Sobre el gasto en publicidad oficial y seguridad destacó que tiene niveles de discreción que no debería.
Mariana Campos, coordinadora de Gasto público en México Evalúa, dijo que la brecha entre lo aprobado por el Congreso y lo gastado ha aumentado más durante este sexenio.
Expuso que hay dos conversaciones: el presupuesto aprobado por el Congreso y lo que revela la cuenta pública sobre el monto gastado. Esto, determinó Campos, evidencia que no hay transparencia al no compartir el verdadero plan de gasto, así como una ausencia de interacción entre las comisiones del Congreso de Hacienda y Presupuesto, y los ejecutores del gasto.
«Es una separación que no debería haber en una democracia a la que aspira ser México», afirmó.
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El investigador Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), se dijo preocupado por las posibles prácticas clientelares que se practiquen en un año electoral en un país con 55 millones de pobres.
Prevé que haya ajustes a este Paquete Económico por la incertidumbre y volatilidad en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Aunque reconoció que la deuda pública ha bajado de 50 a 48 por ciento del PIB, no es proporcional a los ingresos, y el presupuesto está privilegiando la macroestabilidad, lo que no generará crecimiento ni empleos formales.
Mariana Niembro, directora de Borde Político, aseguró que basta ver lo que sucede dentro de las comisiones de Hacienda y de Presupuestos para encontrar prácticas que en otros países no suceden como la aprobación de dictámenes en minutos.
«En una democracia plural e incluyente, el Congreso debe ser un contrapeso al Ejecutivo», determinó.
Las otras organizaciones que presentarán propuestas son el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (Imef) y Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
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