Amnistía mencionó que el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, al pasar de mil 165 a 2 mil 403, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– Amnistía Internacional presentó este viernes un amplio análisis en el que alertó por los «niveles catastróficos» que ha alcanzado la «epidemia» de tortura en México con más del doble de denuncias de asfixia, violaciones y otros tipos de abuso sexual, choques eléctricos y golpizas ocurridas a nivel federal en el último año.
“Hace un año, hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en México podría haberse empeorado aún más y ahora vemos que eso es exactamente lo que ha pasado mientras el gobierno continúa ignorando una crisis que ellos mismos crearon”, dijo este día Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el análisis titulado «Promesas en el papel, impunidad diaria», Amnistía refiere que «los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos». Dice que esto socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar estas prácticas.
La organización internacional dijo que a un año de la publicación de su informe «Tortura y otros malos tratos en México», esta agresión persiste en el país, y el número de denuncias recibidas por las autoridades federales ha ido en aumento.
Amnistía mencionó que el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, al pasar de mil 165 a 2 mil 403, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Procuraduría dijo al organismo defensor de derechos humanos que no cuenta con “una cifra dura” sobre el número de cargos presentados durante 2014 contra los responsables.
«A pesar del marcado aumento en el número de denuncias de tortura y otros malos tratos, la cantidad de posibles víctimas que fueron examinadas por expertos forenses oficiales bajó en 2014. La PGR tiene 1 mil 600 pedidos de exámenes forenses pendientes», informó Amnistía.
Recordó que el Presidente Enrique Peña Nieto ha prometido presentar al Congreso una iniciativa de Ley General sobre tortura como primer paso para abordar esta crisis. Sin embargo, refirió que con menos de tres meses para la fecha límite en la que el congreso debe aprobar la Ley, la iniciativa todavía no se ha presentado.
“Una robusta Ley General contra la tortura, que signifique más que palabras y asegure justicia para las víctimas, sería un buen primer paso para que México se recupere de la profunda crisis de derechos humanos en la que está inmerso,” dijo Erika Guevara-Rosas.
Amnistía refirió que las autoridades federales no han hecho un seguimiento de la información vital sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.
«Aparte de carecer de datos fiables sobre la tortura y los malos tratos, la PGR no ha podido proporcionar a Amnistía Internacional información desglosada por género, nacionalidad y edad respecto a los 2 mil 403 casos registrados, y se ha limitado a decir que simplemente no mantenía esos registros», denunció la organización.
Dijo que la falta de esos datos desglosados socava seriamente el cumplimiento de la obligación de prevenir e investigar adecuadamente las denuncias de tortura y otros malos tratos y, en última instancia, impide a las autoridades elaborar políticas específicas para abordar sus causas y el impacto que la tortura y los malos tratos tienen sobre los distintos grupos afectados.
Detalló que ha documentado numerosos casos en los que, pese a haberse denunciado torturas, las autoridades no han mostrado la diligencia debida para hacer un seguimiento de esas denuncias. «En muchos casos, a la denuncia de tortura simplemente se le asigna un número de expediente, sin que lleguen a producirse avances claros en la investigación», lamentó.
Amnistía denunció que los agentes del Estado sospechosos de haber infligido torturas a menudo permanecen en sus cargos pese a que se hayan abierto investigaciones contra ellos.
Dijo que en muchos casos, los agentes del ministerio público ni siquiera analizan las pruebas más básicas, como los registros de la detención, las pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave.
El análisis de la organización mostró que los médicos que examinan a los detenidos después de su arresto como los expertos no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.
«Las normas existentes en México permiten a los médicos oficiales clasificar las lesiones de los detenidos en tres categorías: el detenido no muestra señales de lesión; el detenido presenta lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días; el detenido presenta lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 días en sanar», explicó la organización.
Dijo que estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas, que con frecuencia son sometidas a métodos que pueden no dejar lesiones visibles, como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica. En el caso de Enrique Guerrero, el médico oficial que observó sus lesiones tras su arresto las clasificó como no graves.
«Con el fin de abordar adecuadamente el encubrimiento de la tortura y los malos tratos en México, es necesario definir por ley que la tortura no se limita a actos que causan únicamente lesiones físicas graves, conforme establecen el derecho y las normas internacionales», dice el análisis.
Amnistía dijo que las investigaciones sobre tortura y otros malos tratos deben basarse en una diversidad de pruebas, y deben ser rápidas y diligentes desde el primer momento en que se realizan las denuncias.
Refirió que los agentes del ministerio público deben tratar la tortura y otros malos tratos como un delito grave que debe ser examinado con todas las pruebas a su disposición, incluidas las irregularidades en los registros de detención, las lesiones anotadas en el momento de la detención, los testimonios de testigos, posibles víctimas y torturadores, superiores y funcionarios, y las inspecciones del lugar del crimen.
