El ex Secretario de Comunicaciones y Transportes federal (2012-2018) y del Estado de México (2005-2011), Gerardo Ruiz Esparza, acumula cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República. Este agosto, la iniciativa Ahora pidió investigarlo por la compra con sobreprecio de 20 millones de dólares en 2009 de un sistema de barrera móvil (abandonado) con cargo al Circuito Exterior Mexiquense a una empresa relacionada con un compadre del ex Presidente Enrique Peña Nieto, así como por otorgar en 2008 a OHL México (ahora Aleatica) la concesión del Viaducto Bicentenario pese a que había una oferta económica más alta, lo que generó un daño al erario público de la entidad por mil 629 millones de pesos.
En noviembre de 2018, la organización ya había presentado cuatro denuncias; entre otros posibles delitos destaca la supuesta transferencia de 3 mil 600 millones de pesos al Gobierno del Estado de México, presuntamente para la campaña del Gobernador Alfredo del Mazo.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– “Si hubo traslado de dinero ilegal, me sumo a la denuncia. Vayamos a denunciar a OHL por haber transmitido dinero ilegal a España. No tengo conocimiento absolutamente de nadie, y lo digo aquí bajo protesta de decir verdad. Pero si lo hizo, y lo hizo indebidamente, con mucho gusto me sumaría yo a una denuncia en contra de la empresa por hacer algo indebido en contra de México”, dijo en el Senado el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al Senador Emilio Álvarez Icaza, quien lo señaló de ser «protagonista principal» de casos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
«No hay nada», continuó, «absolutamente nada, ningún vínculo que una con [Grupo] Higa, una empresa que hoy no tiene un solo contrato con la Secretaría; no hay vínculo para nada con OHL, empresa que tiene una concesión y un contrato con la Secretaría de 17 mil contratos. No han sido favorecidas en ningún sentido. Han cumplido con su trabajo», argumentó en su última comparecencia ante la Cámara de Senadores el 17 de octubre del año pasado. En 2015 audios filtrados lo relacionaron con los supuestos sobornos de esta constructora española.
«Le tomo la palabra», le contestó el Senador. «Vamos a presentar la denuncia por el caso de la transferencia de recursos ilegales a España y a Suiza con posible uso electoral [de 1.4 millones de euros] y también por los subsidios [de 3 mil 600 millones de pesos al Gobierno del Estado de México]. Ojalá alguien de su oficina se contacte conmigo para que podamos entonces definir la ruta. Con mucho gusto, le tomo la palabra».
En noviembre de 2018, la iniciativa Ahora, encabezada por Álvarez Icaza, interpuso cuatro denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra en ese momento el Secretario de Estado Gerardo Ruiz Esparza, por presuntas transferencias ilegales de dinero y concesiones irregulares a la constructora OHL México (hoy Aleatica).
«Al final Ruiz Esparza no acudió a la Fiscalía para presentar las denuncias. Pero una de ellas tiene una relevancia especial, porque se refiere a aquella transferencia de 3 mil 600 millones de pesos que hizo Ruiz Esparza ilegalmente desde la Secretaría de Comunicaciones [en septiembre de 2016] al Gobierno del Estado de México [de Eruviel Ávila Villegas] como un supuesto subsidio, en algo completamente irregular armado por Ruiz Esparza y Videgaray», aseguró en entrevista el abogado Paulo Díez Gargari, quien acompañó a Ahora en las denuncias y a quien la Auditoría Superior Federal (ASF) le notificó hace unas semanas que retomará esa investigación.
«Quien designó arbitrariamente el monto a pagar fue Banobras, cuyo director en esa época era [el Gobernador supuestamente beneficiado para su campaña en 2017] Alfredo del Mazo y el delegado del Fondo Nacional de Infraestructura era el hoy Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Luis Limón Chávez», agregó.
Durante la comparecencia en el Senado, Ruiz Esparza comentó sobre ese subsidio que no sabía «de qué hablaba» el Senador Álvarez Icaza.
Pero explicó que para evitar entregar por 20 años la carretera Chamapa-Lechería al Gobierno del Estado de México, lo cual tenía un costo de 5 mil millones de pesos anuales, «la Secretaría de Hacienda y Crédito Público [encabezada por Luis Videgaray Caso] determinó en ese momento cómo se pagaba eso en lugar de entregar la autopista. Fue un acuerdo ajeno a la SCT. Desconozco cuánto fue, desconozco su destino, no participé en ello».
Como Iniciativa Ciudadana @ahora_mx denunciamos el posible delito en la adjudicación a @Aleatica_Mx (#OHL) para construir, operar y mantener el Viaducto Bicentenario, y la innecesaria compra de un sistema de barrera móvil en el Circuito Exterior Mexiquense, ambas con sobreprecio. pic.twitter.com/8UFrFPUwLG
— Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) August 15, 2019
El 15 de agosto pasado la organización civil Ahora presentó una quinta denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Está relacionada con el Punto de Acuerdo aprobado por la Legislatura del Estado de México días antes, para que el Gobernador Alfredo del Mazo informe y la Fiscalía estatal inicie una investigación de los hechos probablemente constitutivos de delito relacionados con la compra a un sobreprecio de 20 millones de dólares del sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense en 2009, cuando Ruiz Esparza era el Secretario de Comunicaciones del Estado de México (2005-2011).
«Lo del Circuito Exterior Mexiquense es un asunto que huele mucho a corrupción, por todo lo que tiene que ver con Aleatica, antes OHL. Lo que nosotros planteamos es que la Fiscalía tiene que indagar para que determine si hay omisión o daños al erario público estatal y actúe en consecuencia. El ‘Señor del socavón’ [Ruiz Esparza] estuvo inmerso en estas trampas de la compra de las barreras móviles que no les han servido a los mexiquenses. Ahí están abandonadas», dijo vía telefónica el Diputado Faustino de la Cruz Pérez que presentó el Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados mexiquense.
Sin embargo, reconoció que al ser un gobierno priista ve «muy complicado» que el Fiscal estatal Alejandro Gómez Sánchez indague «porque es un entramado de orden jurídico y político, donde el gobierno ha sembrado sus redes de corrupción. Yo digo que fue una pesadilla que nos cuesta mucho y es una sangría a la economía de los mexiquenses».
El sistema de barrera móvil fue adjudicado en 2009, sin licitación pública, a Operadora Barrier Systems de México, empresa constituida en 2007. Uno de sus accionistas es Ricardo Arturo San Román Dunne, hermano de Roberto San Román Dunne, compadre del entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, «y podría estar vinculada con la casa de este último en Ixtapan de la Sal», expone el comunicado sobre la denuncia.
The Wall Street Journal reveló en 2015 que Peña Nieto adquirió a una empresa de Roberto San Román Widerkehr una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal en 2005.
«Como el sistema comprado no era necesario, fue abandonado durante 10 años debajo de un puente en el Circuito Exterior Mexiquense y la Av. Central, muy cerca de la caseta de cobro auxiliar A5 (Hank González), donde pasó la mitad de su vida útil echándose a perder sin beneficio para nadie, salvo para Aleatica, que registró 480 millones de pesos como supuesta inversión de recursos propios por este concepto en el Circuito Exterior Mexiquense, lo que le genera un rendimiento real anual de 10 por ciento más inflación», agrega la denuncia.
Al día de hoy, esa inversión supera los 1,500 millones de pesos de rendimiento.
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En esta denuncia reciente ante la FGR también se le señala a Ruiz Esparza la concesión del Viaducto Bicentenario adjudicada en 2008 a OHL México pese a haber una oferta económica de otro participante más alta. Esa decisión generó al 31 de diciembre del 2018 un quebranto para la hacienda pública del Estado de México de mil 629 millones de pesos.
La oferta económica de Aleatica (antes OHL) era un pago inicial de 700 millones de pesos en favor del gobierno del Estado de México y el otro participante ofreció 1,500 millones de pesos, es decir, el doble, documentó el abogado Paulo Díez.
Además, Aleatica ofreció como contraprestación periódica que se le paga a la entidad que otorga la concesión el 0.5 por ciento de los ingresos que se cobran durante la vida del proyecto de la concesión y el otro participante ofreció el 20 por ciento, es decir, cuarenta veces más.
«Entonces por qué se le adjudicó a Aleatica cuando existía una mejor oferta, más superior y más competente para el gobierno del Estado de México», cuestionó el abogado.
«Lo importante no es si alguien va o no a la cárcel, si no acabar con todas estas redes de corrupción donde están entremezcladas las mismas empresas y personajes», dijo, por lo que espera que las denuncias avancen en la FGR ahora que se salió el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, «que estaba ahí solo para proteger a Peña Nieto y a su pandilla».
«No solo se trata de los delitos que se cometieron con la adjudicación del Viaducto y no haber cobrado las comisiones, sino que –como en todos los temas de corrupción relacionados con infraestructura carretera pública de largo plazo–, los efectos se siguen generando en el tiempo durante décadas. Los vamos a seguir pagando los que usamos esas carreteras», afirmó Díez Gargari.
LAS PRIMERAS 4 DENUNCIAS
El 29 de noviembre la iniciativa Ahora, representada por el Senador Emilio Álvarez Icaza y la Diputada Lucía Riojas, interpuso cuatro denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), contra Gerardo Ruiz Esparza en su carácter de Secretario de Comunicaciones federal (2012-2018) y Secretario de Comunicaciones en el Estado de México (2005-2011).
Una denuncia pidió investigar la transferencia de la Constructora Proyectos Viales de México, subsidiaria de OHL México, de 1.4 millones de euros a Suiza para presuntamente financiar una campaña electoral en España, sede de OHL.
«Sabemos por la justicia de otros países cómo se lava el dinero y se usa en procesos electorales», le dijo Álvarez Icaza a Ruiz Esparza en la comparecencia en el Senado.
La segunda denuncia cuestiona la ampliación a 30 años de la concesión de la autopista Amozoc-Perote otorgada a OHL, a pesar del retraso en la puesta de operación.
Ruiz Esparza comentó en la comparecencia que esa ampliación fue una resolución judicial tomada hace dos sexenios por parte de autoridades federales.
«No fue un tema de favor ni mucho menos ampliarle la concesión a una empresa [OHL México] que ha sido acusada, sabemos muy bien por quién, durante mucho tiempo. No existe problema alguno con este tema salvo el que ha presentado alguna persona que usted sabe bien quién es, increpando a la empresa de manera permanente», le contestó a Álvarez Icaza en alusión al abogado Paulo Díez.
La tercera denuncia es sobre una posible sobreinversión en la concesión de la autopista federal Atizapán-Atlacomulco de OHL México, obra que aunque no está terminada ya está pagada. «Sí tiene la concesión de Atizapán-Atlacomulco. Van retrasados no por problemas de la empresa, sino problemas de derechos de vía y están avanzando», argumentó Ruiz Esparza.
Y la cuarta denuncia pide investigar la transferencia de 3 mil 600 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones federal al Gobierno del Estado de México, a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SASCAEM), y que una parte habría sido utilizada para la campaña del Gobernador Alfredo del Mazo Maza.
«En septiembre de 2016, la SCT a su cargo transfirió un subsidio de 3,600 millones de pesos a la SASCAEM del Estado de México. Son cinco veces el presupuesto de esa entidad justo un año antes de año electoral. La iniciativa Ahora ha documentado de manera sistemática cómo se han utilizado los cuerpos carreteros del Estado de México como un fondo sin fin de corrupción para financiar elecciones. Hay denuncias de que ese dinero se utilizó para la elección de Alfredo del Mazo en el Edomex», le señaló el Senador Álvarez Icaza a Ruiz Esparza.
El abogado Paulo Díez recordó que en 2017 la iniciativa Ahora denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y luego ante el Tribunal Electoral (TEPJF) que se habían desviado por lo menos mil 600 millones de pesos y que podrían haber financiado la campaña de Del Mazo a la gubernatura del Estado de México.
«El TEPJF desechó la demanda porque dijo que no tenía evidencia de que los recursos hubieran sido utilizados para tema electoral, cuando la jurisprudencia señala que el Tribunal puede desechar las demandas cuando tenga evidencia plena de que los recursos se utilizaron para otros fines. Pero eso no existió», afirmó Díez.
La iniciativa Ahora reveló en 2017 en una investigación llamada «El Ciclo» que gobernadores y ex gobernadores del Estado de México obtenían del poder público dinero para financiar campañas electorales y conservar el poder, entre ellos, Enrique Peña Nieto y el Gobernador Alfredo del Mazo.
«En 15 años implica un monto que ronda los 90 mil millones de pesos. Un fraude a partir de la concesión de dos sistemas carreteros, el Circuito Exterior Mexiquense de 110 kilómetros, y el Viaducto Bicentenario de 22 kilómetros», reportó hace dos años.
… Y EL PASO EXPRÉS
Un hombre y su hijo murieron en julio de 2017 luego de caer a un socavón que se abrió en el Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, una obra de la SCT que presentó retraso de cuatro meses, costó el doble del precio acordado y la Auditoría Superior de la Federación le observó irregularidades por 300 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2015.
«El socavón es una buena imagen de la administración de esta Secretaría. Y no lo digo yo. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación 34/2018, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca son atribuibles a la SCT y fueron el origen de esta tragedia donde un padre y un hijo perdieron la vida. Es un ejemplo de corrupción, cinismo y sin dolor», expuso el Senador Emilio Álvarez en aquella comparecencia ante el Senado.
«Dice usted que es un ejemplo de corrupción, yo diría que fue un ejemplo el que la SCT haya sido la única que se preocupó por la pérdida de estas dos vidas. Nadie más. Y fueron debidamente indemnizadas las familias y las esposas ante autoridad competente», le respondió el Secretario Ruiz Esparza.
Argumentó que por qué de los 50 socavones en el país a partir del ocurrido en el Pasó Exprés, «el único que en un momento dado amerita la definición de corrupción y la definición de responsabilidad es este». Reiteró que se derivó de un deslave de basura y no de «un deseo de alguna empresa o de un servidor por hacerle daño a alguna persona», y recordó que hubo tres horas de posibilidades para rescatar a las personas.
El delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón, fue cesado de su cargo al considerar que tuvo responsabilidad por el socavón.
«Yo ya le pedí perdón a la familia y ante los medios manifesté mi responsabilidad, y hablé del lamentable acontecimiento», concluyó Ruiz Esparza.
