Los hechos recientes demuestran que los criminales locales han perdido el respeto por la Iglesia; sin embargo, otros habrían buscado mantener la guerra «entre ellos» y evitar asesinatos que los pongan en alerta ante las autoridades.
Por Peter Appleby
Ciudad de México, 12 de julio (InSight Crime).- Pese a que México es considerado el segundo país más católico del planeta, los sacerdotes no se salvan del viacrucis de extorsión, golpizas e incluso homicidios por parte del crimen organizado.
El asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico dentro de una Iglesia en Chihuahua el 20 de junio provocó una protesta nacional. Si bien unas doce personas han sido arrestadas en relación con el crimen, el presunto asesino permanece fugitivo.
El sospechoso de homicidio, José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, es un cabecilla de los Salazar, célula del Cartel de Sinaloa, quien presuntamente asesinó a las tres personas después de que el guía turístico Pedro Eliodoro Palma entrara corriendo a la Iglesia de los religiosos Javier Campos y Joaquín César Mora en busca de protección frente al capo.
Los asesinatos desataron la indignación general, y esta detonó una persecución masiva y llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de cinco millones de pesos mexicanos por información que permitiera la captura de «El Chueco».
Sin embargo, lo ocurrido en Chihuahua no es un caso aislado. México ha encabezado en varias ocasiones la lista de los países más peligrosos del mundo para ejercer el sacerdocio católico. Entre 2008 y 2016, el país ocupó el primer lugar de manera consecutiva, según un reporte del Centro Católico Multimedial. En 2021, fueron asesinados al menos cuatro representantes de la Iglesia, como informó Vatican News, lo que eleva a siete el total de prelados asesinados desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018.
Unos días después de los asesinatos, el arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, presentó una denuncia pública en la que decía que en dos ocasiones ha sido detenido por grupos criminales en “retenes” informales apostados a lo largo de las carreteras al norte de Jalisco. Lo mismo afirmó otro prelado: Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, una de las ciudades más violentas de México, narró a la prensa la misma experiencia.
A comienzos de julio, el diario mexicano Excélsior informó que se ha generalizado la extorsión a las iglesias en México por parte de organizaciones criminales. El informe cita datos del Centro Católico Multimedial, que señala que anualmente mil 400 iglesias, un 12 por ciento del total de templos del país, son víctimas de alguna forma de delito, como robos y extorsiones. Los curas que oponen resistencia son amenazados o golpeados.
Pero no todos los grupos criminales están ejerciendo esta práctica. Con el fin de detener la violencia contra los líderes religiosos, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al parecer publicó un video en el que llaman a todos los carteles a detener el hostigamiento a los grupos religiosos, sus líderes y seguidores, y a mantener la guerra “entre ellos”. El llamado, publicado el 7 de julio, recuerda la tregua que los Caballeros Templarios pidieron en 2012 en honor a la visita del papa Benedicto XVI a México.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
Los hechos recientes demuestran que los criminales locales han perdido el respeto por la Iglesia. Históricamente, los representantes de la Iglesia en México han desempeñado un papel importante como voceros de las comunidades locales y como mediadores en los conflictos, con más o menos éxito.
El año pasado, el exembajador del Vaticano ante México, Franco Coppola, ayudó a negociar un cese al fuego en Aguililla, Michoacán, escenario de una intensa guerra entre carteles. Pero el cese al fuego se rompió en menos de 24 horas.
En Chilapa, una comunidad rural al sur del Estado de Guerrero, dos obispos contribuyeron a reducir los homicidios de 117 en 2017 a 14 en 2021 mediante un diálogo con Los Ardillos, grupo criminal local conocido por ejercer violencia contra las comunidades indígenas.
Sin embargo, la constante extorsión a iglesias y sacerdotes indica que, por lo menos a nivel local, las instituciones religiosas son posibles objetivos.
Un miembro de la Iglesia Mormona declaró a Excelsior que los violentos han pasado por encima de ciertos “códigos” que gobernaban la interacción entre la delincuencia y las iglesias, incluido el respeto por los funerales.
Pero según Guadalupe Correa-Cabrera, experta en crimen organizado en México, no hay muchos indicios de que los grandes carteles estén pensando en organizar ataques contra las iglesias.
“No podemos decir que los grupos criminales importantes que operan de manera organizada [como el CJNG o el Cartel de Sinaloa] sean los que obtienen rentas de las iglesias o los grupos religiosos como estrategia formal”, comentó Correa-Cabrera. “Los carteles se han diversificado, pero no hay pruebas de que los grupos que se dedican a atacar a los grupos religiosos sean los mismos que venden drogas”.
En efecto, las células que operan a nombre de estos grupos grandes, como la banda de «El Chueco», pueden considerar a la extorsión como un recurso valioso.
Para complicar más las cosas —apunta Correa-Cabrera—, México está inundado de diferentes grupos locales pequeños que afirman ser parte de organizaciones criminales mayores.
Tras los asesinatos de Chihuahua, el Obispo Noriega Barceló declaró al diario Milenio que debe construirse un “pacto social” que incluya las voces de los jefes de los carteles si se quiere terminar con la plaga de violencia que azota al país.
Otras voces de la Iglesia adoptaron una postura mucho más crítica, indicando que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha resuelto nada.
La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), organización de obispos católicos, emitió un comunicado en el mes de junio, en el que critica la postura del gobierno en materia de seguridad, diciendo que “es tiempo de revisar las estrategias de seguridad que están fracasando”. Llamó además a un diálogo abierto entre todos los miembros de la sociedad, incluidos sus elementos al margen de la ley, para avanzar hacia la paz.
