«Si hay un producto en este país que le ha hecho tanto daño a la población es el refresco», dijo Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, al señalar a la ANPRAC y a las empresas de comida chatarra de emprender una campaña en contra del Subsecretario Hugo López-Gatell, quien alertó la semana pasada sobre las consecuencias del «veneno embotellado».
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Si hay un producto que le ha hecho tanto daño a la salud de los mexicanos es el refresco, por lo que los argumentos de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) para evitar que no se estigmatice a la industria llamándola «veneno embotellado» son indignantes, aseguró Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, organización que defiende los derechos de los consumidores.
«Es indignante ver los argumentos de la ANPRAC en el comunicado. Si hay un producto en este país que le ha hecho tanto daño a la población es el refresco», dijo Calvillo en entrevista. «¿Qué calificativo se le puede dar a las bebidas azucaradas cuando se estima que 40 mil muertes al año están asociadas a su consumo?»
El también miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet acusó a la industria del refresco y la chatarra de contribuir por años a la epidemia de diabetes en México mediante cabildeos con el Gobierno, introduciendo sus productos en las cooperativas escolares y con estrategias de comercialización en zonas indígenas como Chiapas, donde el doctor Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, alertó el viernes del «veneno embotellado».
«Está plenamente documentada la entrega de refrigeradores de Coca-Cola a familias en diversas poblaciones de Chiapas, donde también se les subsidia la energía eléctrica a cambio de que comercialicen el refresco», señaló. «Es terrible lo que ha pasado con Coca-Cola en esas comunidades indígenas y el daño que ha hecho a la población».
El pasado 17 de julio, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez afirmó que para conservar la salud de los mexicanos, quienes hoy enfrentan la pandemia de la COVID-19, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados.
«¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental?», expresó el Subsecretario en Chiapas causando la inconformidad de la ANPRAC, que pidió a las autoridades sanitarias de México no estigmatizar y tener un diálogo respetuoso con la industria.
El martes pasado, el Subsecretario volvió a insistir en el tema, dijo que el tabaco y las bebidas azucaradas matan, pero antes se hablaba con eufemismos.
La asociación que representa a 120 embotelladores mexicanos de bebidas señaló que un calificativo como el utilizado por López-Gatell «evidencia una animadversión personal contra la industria», la cual aseguró está «basada en prejuicios e información imprecisa».
Reprueba la ANPRAC estigmatización de la industria refresquera; llama a un diálogo respetuoso y constructivo #Comunicado ?? pic.twitter.com/FCGQZajHCQ
— Industria Mexicana de Bebidas (@AnpracAC) July 19, 2020
Sobre la defensa de la ANPRAC y las declaraciones de López-Gatell, el director del Poder del Consumidor recordó que el Subsecretario no es el primero que declarar que el refresco es «veneno». «El exrelator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, habló en su reporte sobre México acerca de la cocacolonización del país», dijo.
En el informe «Derecho a la Alimentación en México», publicado en marzo de 2012, Olivier de Schutter explica que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLAN, hoy T-MEC) provocó el incremento del consumo del refresco en el país.
El Relator señaló que “debido a la presión de la industria agro-alimentaria, representada por ConMéxico, algunas medidas importantes para influir en los hábitos de los consumidores, incluyendo el aumento de impuestos a los refrescos y alimentos ricos en grasas trans o en azúcar, no se hicieron parte del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria”.
«Las bebidas azucaradas representan el 70 por ciento de la azúcar añadida a la dieta de los mexicanos, somos el primer país en muerte por diabetes y eso se vincula, en la mayoría de los casos, al alto consumo de azúcar a través de bebidas», dijo Alejandro Calvillo.
El sobrepeso y la obesidad afecta a tres de cada cuatro mexicanos y es un problema de salud que le cuesta al país el 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); mientras que la diabetes, declarada desde 2016 epidemia en México, afecta a 8.7 millones de personas.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (SSA), el 81 por ciento de las personas que mueren por coronavirus en México tiene una enfermedad crónica causada por un modelo de mala alimentación.
“México ha sido el primer y segundo lugar en la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes, y hoy es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por COVID-19″, dijo López-Gatell la semana pasada. «El 81 por ciento de las personas que fallecen por COVID tiene alguna de estas enfermedades crónicas que se las ha causado este modelo de alimentación que predomina en México desde hace más de 30 años”.
ATACAN A LÓPEZ-GATELL POR EL ETIQUETADO
Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor, también habló acerca del ataque de las empresas de la comida chatarra a López-Gatell por la aprobación del etiquetado. Dijo que las corporaciones que forman parte de ConMéxico, como Coca-Cola FEMSA, Nestlé, Kellog’s y Bimbo, perdieron el apoyo que tenían desde el Gobierno y por eso emprenden campañas contra el funcionario, quien ha respaldado la modificación a la Ley General de Salud, aprobada en enero y que en octubre hará obligatorio un nuevo etiquetado frontal en productos que contengan altos niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías.
«Coca-Cola FEMSA es la que más ha emprendido estas campañas», expuso. «Nestlé actúa por debajo del agua, pero varios exfuncionarios y exsecretarios de Salud han estado vinculados con la empresa a través de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), que ha tenido una influencia muy fuerte en las políticas de salud del país».
Calvillo acusó al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMéxico) «de ser el principal actor de cabildeo y bloqueo de políticas contra la obesidad en el país».
El sistema de etiquetado vigente en México –el que vemos en la parte inferior de los paquetes– es el de Guías Diarias de Alimentación (GDA), que consiste en mostrar los porcentajes de azúcares totales, grasa saturada, otras grasas, sodio y calorías de una porción del producto respecto a las cantidades recomendadas en una dieta de 2 mil kilocalorías. Pero con el nuevo etiquetado, que entra en vigor en octubre, todos los productos incluirán etiquetas con advertencias como: “Alto en calorías”, “Alto en sodio” y “Alto en grasas saturadas”.
Representantes de organizaciones en pro de la salud, empresas y Gobierno llevaron a cabo mesas de diálogo antes de que el Congreso aprobará la modificación a la Norma Oficial Mexicana 051. En el proceso se denunció cabildeos fallidos con legisladores y el Presidente por parte de las corporaciones, las cuales también echaron a andar toda su maquinaria alertando del nuevo etiquetado en Estados Unidos y Suiza.
«Fue un proceso totalmente abierto y democrático, sin embargo lo que ocurrió y a lo que no está acostumbrada la industria, es a que el Gobierno estuviera del lado de la salud pública», detalló Calvillo. «La industria trató de influir fuera del proceso legal, pretendió que viniera algo de la Presidencia de la República para parar la Norma, pero la postura de Presidencia fue muy clara al decir que no era con ellos sino con el grupo de trabajo».
El director de El Poder del Consumidor explicó que ahora, cuando está apunto de entrar en vigor, atacan a López-Gatell e intentan evitar la aplicación del nuevo etiquetado mediante amparos.
«Ellos (industria) pretenden a través de acciones legales tratar de parar la implementación de la Norma, primero fue un amparo para evitar su implementación y no prosperó. Ahorita hay grupos de abogados ofreciendo sus servicios para intentar amparar a las empresas una vez que entre en vigor», explicó. «Lo que pasó es que en este Gobierno se rompió esa presencia que tenían las empresas a través de la Secretaría de Salud, de Economía y de Cofepris».
