La agencia Moody’s planteó que la deuda de corto plazo, de acuerdo con los últimos reportes de la ASF, indican que algunos gobiernos locales no reportan la cantidad exacta, destacó la agencia. La calificadora detalló que durante 2017, Michoacán no reportó nueve préstamos de corto plazo por 6,482 millones de pesos (30 por ciento del total de la deuda reportada o 9 por ciento de los ingresos totales) ni en sus estados financieros de 2017 ni en el Registro Público Único y la entidad no pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10 mil 227 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría.
Ciudad de México, 23 de julio (Economía Hoy).- Las auditorías federales recientes revelaron que no todos los Gobiernos locales y regionales están cumpliendo las nuevas reglas implementadas desde el 2016, sobre todo aquellas que tienen que ver con la deuda de corto plazo, la cual es más riesgosa y podría presionar la liquidez de sus finanzas, advirtió Moody’s.
A través de un informe, la calificadora detalló que desde la implementación de las Leyes de Contabilidad Gubernamental y desde 2016 con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en México, los requerimientos de contabilidad y transparencia de la deuda estatal y municipal se fortalecieron; sin embargo, hay prácticas inconsistentes de divulgación de información, deficientes controles internos y falta de planeación.
«Esto indica que, en general, las prácticas de gobierno de los gobiernos locales en México han mejorado, pero permanecen débiles en varios aspectos y continúan presionando el desempeño financiero y la liquidez», advirtió.
En lo que se refiere a la revelación de la deuda de corto plazo los últimos reportes de la ASF indican que algunos gobiernos locales no reportan toda la deuda de este tipo. También se encontraron discrepancias entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda.
«Esta falta de consistencia complica los esfuerzos de calcular el monto total de la deuda, el costo del servicio de la deuda, así como los riesgos de liquidez», advirtió Moody’s.
La calificadora detalla que durante 2017, Michoacán no reportó nueve préstamos de corto plazo por 6 mil 482 millones de pesos (30 por ciento del total de la deuda reportada o 9 por ciento de los ingresos totales) ni en sus estados financieros de 2017 ni en el Registro Público Único y el estado no pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10 mil 227 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría. Adicionalmente, la auditoría encontró diferencias por 3 mil 589 millones de pesos entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros de Michoacán y la reportada en el registro de deuda.
Además hay pasivos no reportados, que son difíciles de predecir y ponen presión adicional a la liquidez de los Gobiernos regionales.
«Muchos no reportan o algunos pasivos, tales como impuestos por pagar al Gobierno federal o contribuciones por pagar a los sistemas de pensiones federales, los cuales son difíciles de estimar sin la divulgación suficiente. Estos pasivos pueden crear presiones de liquidez inesperadas porque el Gobierno federal tiene el derecho a descontar dichos montos automáticamente de las participaciones (ingresos no etiquetados) de los estados.
COPARMEX ALERTA
Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Jalisco son las entidades federativas que concentran el 60 por ciento de los recursos no aclarados durante e ejercicio fiscal 2018, de acuerdo con un ejercicio realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El informe Dinero Prófugo de la Coparmex reveló que Oaxaca no ha transparentado 1,943 millones de pesos; el Estado de México, mil 814 millones; Chiapas mil 071 millones y Jalisco mil 070 millones de pesos.
La patronal mexicana destacó que en 28 estados aún es necesario aclarar en qué se gastaron 9 mil 789 millones de pesos. Cifra equivalente al 15 por ciento del presupuesto asignado al proyecto del aeropuerto en Santa Lucía.
Ante ello, la Coparmex planteó como necesario aplicar mecanismos de transparencia en la materia.
Además, hay cuatro entidades en las que hay recursos pendientes por aclarar, éstos son: Baja California, Querétaro, Sinaloa y Sonora, por lo que Coparmex llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar seguimiento de la información.
