La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó una alerta temprana al Gobierno de Oaxaca con el fin de lograr la salvaguarda de los derechos humanos de los integrantes del Comité de Resistencia ante el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, en específico sus derechos como pueblos indígenas, a la información y a un medio ambiente sano.
Prodesc y comuneros de Unión Hidalgo aplaudieron la decisión; no obstante, esperan que se efectúe a la brevedad por lo que hicieron un llamado al Gobierno mexicano a que cumpla y dote de protección a la comunidad zapoteca en la que habitan alrededor de 14 mil personas.
El señor Óscar Marín Gómez tiene 73 años y se dedica a la siembra de sorgo, la situación lo hizo convertirse también en defensor del medio ambiente y recuerda que hace algunos años él y otros comuneros recibieron amenazas por oponerse a la instauración de eólicas. «Estoy en contra de las eólicas porque estos señores llegaron sin consulta ni nada. Llegaron a posicionarse muy cerca de la población y producen mucho ruido y contaminación por el aceite que tiran y no se les ve para nada que quieran aportar algo a la población», sostiene.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana sobre el conflicto de las centrales eólicas en la localidad de Unión Hidalgo, en la que insta a los representantes del Gobierno del estado a implementar acciones para eliminar el riesgo de violaciones a los derechos humanos de opositores a dichos proyectos en el territorio situado en la región del Istmo de Tehuantepec.
El Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (Prodesc), organización que ha dado acompañamiento a la comunidad indígena zapoteca, señala que tras la instalación de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A. de C.V. (Demex) en el territorio, hace ya varios años, habitantes se han visto en la necesidad de defender sus derechos humanos y con ello han llegado amenazas, intimidaciones y agresiones físicas.
Ante la situación, en entrevista para SinEmbargo, el maestro Juan Rodríguez Ramos, coordinador general de Visitadurías de la Defensoría, explicó que la alerta temprana busca justamente la salvaguarda de los derechos humanos de los integrantes del Comité de Resistencia ante el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, en específico sus derechos como pueblos indígenas, a la información y a un medio ambiente sano.
«Nosotros consideramos que existe un alto riesgo de que si no se refuerza la seguridad de Unión Hidalgo pudiera haber hechos de difícil o imposible reparación. Es prudente alertar al Estado para que refuerce la seguridad y se proteja la integridad personal de los defensores y los habitantes de la comunidad», indicó.
La Defensoría instó a Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a que instruya a las secretarías General de Gobierno, de Asuntos Indígenas, de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable y a la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del estado –quienes se han reunido con los comuneros para hablar sobre la implementación de los proyectos eólicos–, a que implementen mecanismos eficaces para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes.
Por otro lado, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal emprender acciones tales como recorridos de seguridad y vigilancia en el poblado para así proteger la vida e integridad física de los defensores y todos los habitantes.
Mientras tanto, a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo estatal le urgió a ejecutar las acciones concernientes para lograr la atención integral del mecanismo de alerta temprana.
Finalmente, a Wilson Sánchez Chávez, Alcalde de Unión Hidalgo, le pidió promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los lugareños como pueblo y comunidad indígena, en apego a lo estipulado por Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El maestro Rodríguez Ramos manifestó que la Secretaría de Energía planeaba llevar a cabo una consulta con la población sobre una nueva central eoloeléctrica de nombre «Gunaa Sicarú», propiedad de la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF. Sin embargo, tras los sismos de septiembre pasado, la comunidad no ha logrado ponerse de pie, por lo que no existen condiciones para llevar a cabo dicho proceso.
Aunado a ello, Juan Antonio López, coordinador del área jurídica de Prodesc, aseguró que la empresa EDF ya cuenta con todos los permisos de generación, además de la evaluación de impacto ambiental y social presentados y autorizados, por lo que la consulta de ninguna manera sería previa, libre ni informada.
EXIGEN SEGURIDAD PARA UNIÓN HIDALGO
Tanto Prodesc, como comuneros de Unión Hidalgo aplaudieron la decisión, no obstante, esperan que se efectúe a la brevedad por lo que hicieron un llamado al Gobierno mexicano a que cumpla y dote de protección a la comunidad zapoteca en la que habitan alrededor de 14 mil personas que han visto sus derechos violentados con la instauración de un parque eólico de aproximadamente mil 800 hectáreas.
El señor Óscar Marín Gómez tiene 73 años y se dedica a la siembra de sorgo, la situación lo hizo convertirse también en defensor del medio ambiente y recuerda que hace algunos años él y otros comuneros recibieron amenazas por oponerse a la instauración de eólicas, por lo que agradeció el actuar de la Defensoría y exigió al Gobierno atender la alerta.
«Estoy en contra de las eólicas porque estos señores llegaron sin consulta ni nada. Llegaron a posicionarse muy cerca de la población y producen mucho ruido y contaminación por el aceite que tiran y no se les ve para nada que quieran aportar algo a la población», dijo.
Juan Antonio López reconoció el trabajo del organismo público autónomo tras la presentación de la alerta y urgió a las autoridades a acatarla e implementar a la brevedad las acciones demandada, entre ellas, recorridos de seguridad y vigilancia en la población de Unión Hidalgo.
«La Defensoría está señalando el riesgo y ahora es responsabilidad de las autoridades a nivel estatal y federal el tomar acciones para que este riesgo se extinga, no continúe y se evite así cualquier posible daño que se pueda lamentar posteriormente», subrayó el licenciado.
CONFLICTOS DE ANTAÑO
López recordó que hace varios años llegaron trabajadores de la empresa Demex a Unión Hidalgo y comenzaron a visitar a los dueños de las tierras de la comunidad zapoteca para persuadirlos y convencerlos de rentarles sus terrenos a cambio de supuestos beneficios económicos, además de la oportunidad de continuar con el aprovechamiento de la tierra, pero nunca manifestaron en qué consistía la obra, ni sus consecuencias.
Cerca de 2011, Demex regresó y a pesar de que las tierras son ejidales, logró convencer a los comuneros de firmar actas notariales individuales, además de contratos de arrendamiento de carácter civil, con lo que la empresa consiguió arrancar con la construcción de la primera fase del proyecto Piedra Larga.
«Esta empresa que se llama Demex fue la primera y es la única que está instalada en el territorio de Unión Hidalgo. Llegó y se instaló con mentiras, con engaños, no respetó la calidad de la tierra que es de propiedad agraria. Con ayuda de notarios públicos firmó contratos de arrendamiento e hicieron escrituras privadas sobre tierra que es comunal», expuso el licenciado.
Desde ese momento empezó la defensa y también llegaron los problemas, lo cual ha derivado ya en algunas agresiones hacia los opositores: detenciones arbitrarias y amenazas constantes, comentó. En la actualidad, dijo, la situación ha empeorado por el intento de la empresa francesa EDF de instalar un nuevo parque en el territorio de Unión Hidalgo.
