Tras las críticas recibidas por parte de organismos civiles y empresariales, el Presidente Enrique Peña Nieto decidió vetar el Artículo 32 de la llamada Ley «3de3», que obligaba a empresarios y civiles a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses en caso de recibir recursos públicos.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto vetó este jueves la aprobación de incisos del Artículo 32 de la La Ley General de Responsabilidades Administrativas que obligaba a la iniciativa privada y a los ciudadanos que recibieran recursos públicos a presentar su declaración «3de3».
El Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, dio a conocer la decisión en un mensaje a medios de comunicación: «Este día el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la facultad Constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como facultad de veto, devolverá al Senado de la República para su análisis el articulo 32 inciso b y c de la Ley general de responsabilidades administrativas y otros 15 artículos más relacionados con este artículo 32», dijo.
Castillejos Cervantes explicó que se proponen modificaciones a los artículos por considerar que contienen «medidas excesivas» que afectarían la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción.
“El Gobierno de México ha escuchado las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Anticorrupción […]. La presentación de las declaraciones de millones y millones de mexicanos que salen todos los días a ganarse la vida de forma honesta, en nada ayudaría a combatir la corrupción y en todo perjudicaría su vida privada y pondría en riesgo sus derechos humanos.”, dijo el funcionario.
Sin embargo, dijo que la modificación o eliminación de este artículo no “disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado”.
Algunas organizaciones como México Evalúa acusaron que el Artículo 32 se metió sin discusión previa ni aviso y obligaba a que toda persona física o moral que recibiera recursos públicos tenía que presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, la llamada «3de3».
Otro de los artículos que causó controversia y que no fue vetado por el Presidente es el 29. El motivo de la indignación por parte de diferentes grupos de la sociedad radica en que deja al criterio de cada funcionario el hecho de publicar sus declaraciones, ya que si considera que hacerlo pondrá en peligro su vida, tiene la facultad de reservar esta información.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, tal y como fue aprobada en la Cámara de Senadores y ratificada en la de Diputados, protege los intereses de servidores públicos al dar la opción de omitir sus declaraciones, coincidieron diversos analistas.
El 15 de junio de este año, el Senado de la República la aprobó con 94 votos a favor, 23 en contra y menos exigencias para los funcionarios de las que contemplaba la versión original. La Cámara de Diputados la ratificó sin modificaciones.
El dictamen aprobado fue propuesto por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en abril pasado como una versión diferente a la iniciativa ciudadana presentada para esa legislación, la cual fue respaldada por 634 mil firmas.
La iniciativa respaldada por los ciudadanos proponía definir claramente la corrupción, a partir de 10 tipos de conductas ilegales. Además, buscaba rediseñar el Sistema de Responsabilidades de los servidores públicos y planteaba sanciones a particulares en hechos de corrupción.
En cuanto al controvertido tema de la publicidad y contenido de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del de la Revolución Democrática (PRD) pidieron reservar el artículo 29 referente a este tema con el fin de que la redacción “abrazara” la propuesta y formatos firmados por ciudadanos.
Distintas organizaciones, incluso empresarios, advirtieron que la aprobación del Artículo 32 pretendió desviar la atención del triunfo ciudadano que significó este paquete de leyes que fue redactada por grupos de la sociedad civil y avalada con 634 mil firmas de ciudadanos mexicanos.
EMPRESARIOS Y CIUDADANOS PRESIONAN
La noche del pasado martes, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón y Gustavo de Hoyos Walther de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresaron los errores de los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo inoperable que resultaría la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de dueños y de los trabajadores de las empresas, así como de los becarios y beneficiarios de los programas gubernamentales, que más allá de lograr transparencia, llevaría a la incertidumbre jurídica.
La recepción a empresarios en Los Pinos no formaba parte de la agenda pública del Ejecutivo pero se dio en un contexto en el cual este sector ha manifestado su rechazo a cierto contenido de la Ley «3de3».
Gustavo de Hoyos incluso reiteró ante el Presidente que tal como quedaron redactados los artículos mencionados responden a una “ocurrencia de madrugada” de los legisladores.
Tras la reunión, de dos horas y media, Castañón destacó la disposición de Peña para escuchar las inquietudes de los empresarios y buscar alternativas para “enmendar el error”.
“El Presidente fue muy sensible de escuchar y nos dijo que, desde su perspectiva, en sus atribuciones, está valorando la mejor acción para darle viabilidad al Sistema Anticorrupción.
“Es decir que el sistema opere, y en eso nosotros nos hemos quedado tranquilos, que en esta valoración se está contemplando las opiniones de todos”, destacó el presidente del CCE.
CIUDADANOS EXIGEN VETO
Más de 100 mil ciudadanos firmaron una petición en la plataforma Change.org para solicitar al Presidente vetar los artículos 29 y 32 de la versión de la Ley «3de3» que aprobó el Congreso.
“El Presidente Enrique Peña Nieto tiene el poder de corregir la versión de la #Ley3de3 que aprobó el Senado y la Cámara de Diputados.
“Los ciudadanos de México queremos que use su derecho de VETO para los artículos 29 y 32”, se exigía en la petición.
Un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) difundido esta semana concluyó que el desenlace legislativo de la Ley 3de3 fue una muestra más de cómo la clase política parece más interesada en conservar sus esferas de poder e intereses intactos, que tomar en cuenta los crecientes niveles de hartazgo entre la ciudadanía en torno al tema de corrupción.
“La discusión, las modificaciones y la aprobación del paquete de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Congreso de la Unión, demostraron-una vez más- que el combate a la corrupción dista de ser una prioridad del gobierno y de los partidos políticos”, refiere el análisis.
