La empresa israelita NSO Group, regulada por el gobierno de Israel, establece que solamente vende sus sistemas de espionaje a gobiernos y que estos sistemas deben ser utilizados de manera exclusiva para combatir el crimen y evitar actos terroristas. Por su parte, en nuestro país, el espionaje es permitido bajo la orden de un juez y bajo los mismos principios: cuando se trata de criminales o de personajes que representan un riesgo para la seguridad nacional.
El spyware “Pegasus”, que fue comprado por el gobierno mexicano a la empresa israelí NSO Group, es considerado por los especialistas uno de los instrumentos más sofisticados para invadir un teléfono celular, tener acceso a todos sus archivos e imágenes, a su cámara y micrófono, así como poder registrar las calves personales para entrar a las cuentas de correo y comunicación digital.
Cada instalación de este sistema de espionaje a una persona requiere de una licencia por la que se pagan miles de dólares a la empresa NSO Group. Dependiendo del paquete que haya comprado el gobierno mexicano es el costo de cada “infección”. Para instalar este sistema en el celular de un apersona se requiere, de acuerdo a la ley, la existencia de un expediente que contenga, entre otros documentos, la orden de un juez que permita realizar esta acción a las instituciones de seguridad del Estado.
Wikileaks reveló en 2015 que México fue el principal comprador de otro sistema de espionaje de la empresa italiana Hacking Team, llamado Galileo y Da Vinci, invirtiendo una suma de 6 mil 537 millones de dólares para licencias de este software de espionaje. El reporte señaló que el sistema fue comprado por los gobiernos de Puebla, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco, Querétaro, Estado de México, además del CISEN que desde 2010 era cliente de esta empresa italiana.
Hace tres meses denunciamos públicamente que habíamos sido víctimas de espionaje con el spyware “Pegasus de la empresa isaraeli, Luis Manuel Encarnación de la red de organizaciones Contrapeso, el Dr. Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública y yo, director de El Poder del Consumidor, presentando públicamente un análisis realizado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, uno de los laboratorios independientes más reconocidos internacionalmente en el análisis de este tipo de instrumentos. El documento técnico de Citizen Lab confirma que las tres personas mencionadas fuimos víctimas de este acto de espionaje, el origen de este sistema y su forma de actuar. Es la primera vez que se comprueba, con un reporte técnico, que activistas son víctimas de espionaje en nuestro país. Se sabe que es una práctica común en México, sin embargo, es la primera vez que hay un reporte técnico de un organismo reconocido internacionalmente que lo demuestra.
Unos días antes, el 11 de febrero, el New York Times dio a conocer este caso del espionaje en México a los activistas y al académico en su primera plana, dedicándole una página entera en sus interiores, al tiempo que Citizen Lab publicaba el reporte en su página oficial. La noticia tuvo un revuelo generando una fuerte indignación internacional, especialmente, entre la comunidad científica y de organizaciones especializadas en la salud pública y la nutrición.
La noticia del espionaje se da en un contexto donde la comunidad científica y de organizaciones civiles especializadas en la salud pública ha venido denunciando la fuerte interferencia de la industria de bebidas para bloquear las políticas contra la obesidad y la diabetes, donde esta comunidad ha denunciado el financiamiento de las refresqueras a seudocientíficos para negar los daños de sus productos, ha denunciado todo una estrategia multimillonaria para detener toda medida que pueda afectar sus ingresos y ha señalado el contubernio de autoridades con estas empresas.
El acto de espionaje contra tres personas que habían promovido el impuesto a estos productos en México y su incremento, fue considerado como un acto de servicio del gobierno mexicano a los intereses de estas grandes corporaciones. El hecho de que el sistema de espionaje solo se venda a gobiernos y que en el momento que se “infectaron” nuestros teléfonos celulares estuviéramos promoviendo que el impuesto se aumentara a las bebidas azucaradas, ha hecho suponer lo anterior.
Un hecho que no debe dejarse de lado es que el sistema de espionaje se introdujo a los teléfonos celulares a través de textos SMS que contenían mensaje de intimidación, como el llevar a la página de Gayoso. Es decir, si no se prueba lo contrario, este sistema introducido desde una entidad gubernamental, violando los derechos de privacidad del investigador y los activistas, no sólo buscaba espiar si no también intimidarnos y amenazarnos. ¿A quién se buscaba servir con este espionaje y estas amenazas?, ¿Quién lo estaba haciendo?.
El caso y los documentos técnicos se hicieron públicos demandando al gobierno la investigación de quién estuvo detrás de este espionaje, de quiénes son los responsables, para castigarlos. El 14 de febrero la senadora Marta Tagle presentó un punto de acuerdo demandando a la Secretaría de Gobernación la investigación de este caso de espionaje contra activistas y un académico que trabajamos en la promoción de políticas de salud pública contra la obesidad y la diabetes y que en el momento de la “infección” promovíamos un aumento al impuesto a las bebidas azucaradas, como recomendaba internacionalmente la Organización Mundial de la Salud.
En la Cámara de Diputados, el 28 de febrero, la Diputada Araceli Damián presentó un punto de acuerdo exigiendo al Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, investigar y procesar judicialmente a los responsables del espionaje a los tres promotores de la salud pública.
El Diputado Rafael Hernández Soriano, hace unos días, el 15 de mayo, presentó otro punto de acuerdo en el que pide al Presidente de la República reconocer, defender y garantizar los derechos de libertad de expresión, privacidad y seguridad al investigador y los activistas defensores del derecho a la salud.
El 22 de marzo se publicó a plana entera en el periódico Reforma una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto exigiendo la investigación y el castigo a los responsables del espionaje, firmada por una larga lista de algunos de los más destacados expertos internacionales en nutrición y salud pública, de las más renombradas organizaciones sociales internacionales trabajando por la salud pública y de las redes más importantes del mundo en seguridad digital.
“Señor presidente Peña Nieto, la comunidad internacional de salud pública le exhorta defender los valores de la libertad de expresión, los derechos humanos y la salud pública, al investigar de fondo esta situación y llevar a los actores responsables ante la justicia”, escribieron.
Señalaron “En un país con unas de las tasas más altas de sobrepeso, obesidad y diabetes, se debería elogiar a estos hombres por sus esfuerzos en defensa de la salud pública, en lugar de vigilar o amenazarlos”.
Más de tres meses han pasado y no hay una sola palabra al respecto por parte del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; ni del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; ni del Procurador General de la República, Raúl Cervantes.
A continuación se reproduce la lista de académicos expertos y organizaciones dedicadas a la salud pública y a la defensa de los derechos humanos y el derecho a la información que han solicitado públicamente al Presidente Enrique Peña, la investigación del caso y el castigo a los culpables.
Académicos
Australia: Mike Daube AO, Curtin University; Stephen Simpson, Charles Perkins Centre, University of Sydney; Anna Peeters, Centre For Population Health Research – Deakin University; Rob Moodie, Melbourne School of Population and Global Health, University of Melbourne; Brasil: Carlos A. Monteiro, Centre for Epidemiological Studies in Health and Nutrition, University of Sao Paulo; Daniela Canella, Rio de Janeiro State University; Inês Rugani Ribeiro de Castro, Institute of Nutrition – State University of Rio de Janeiro; Paula Martins, Departamento de Ciencias de Movimiento Humano, Instituto de Saúde e Sociedade, Universidades Federal de Sao Paulo; Chile: Ricardo Uauy, Instituto de Nutrición, Universidad de Chile; Cristóbal Cuadrado, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile; Estados Unidos: Alicia Fernandez, University of California at San Francisco; Barry M. Popkin, School of Public Health, University of North Carolina; Dean Schillinger, University of California at San Francisco; Frank Chaloupka, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago; Harold Alderman, International Food Policy Research Institute; Jennifer Harris, University of Connecticut; Kelly Brownell, Dean of the Sanford School of Public Health, Duke University; Laura A. Schmidt, Community Engagement and Health Policy Program, Clinical and Translational Science Institute; Manuel Peña, Ex-Representante OPS; Marion Nestle, Professor of Nutrition, Food Studies, and Public Health, New York University; Mary Story, Professor of Global Health and Community and Family Medicine, Duke University; Shiriki Kumanyika, Professor Emerita of Epidemiology, University of Pennsylvania; Raj Patel, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs The University of Texas at Austin; Walter Willett, Professor of Epidemiology and Nutrition, Harvard Chan School of Public Health; William H. Dietz, Milken Institute School of Public Health; Nueva Zelanda: Stefanie Vandevijvere, The University of Auckland; Panamá: Reina Roa, Salud Pública; Perú: Enrique Jacoby, Ex-Asesor Regional en Nutrición OPS; Reino Unido: Corinna Hawkes, Centre for Food Policy School of Arts and Social Sciences; Uruguay: Eduardo Blanco, Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo
Organizaciones
Argentina: Agustina Mozzoni, Fundación para Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS; Ana Tambussi, Fundación InterAmericana del Corazón; Juan M Carballo, Fundación para Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Marta Santore, Fundación InterAmericana del Corazón; Australia: Jane Martin, Obesity Policy Coalition; Bolivia: Karina Garrón, Fundación InterAmericana; Brasil: Ana Paula Brotoletto, Instituto Brasileiro do Defesa do Consumidor IDEC; Elisabetta Recine, The Observatory of Food and Nutrition Security Policies, University of Brasilia; Paula Johns, ACT+ Brasil; FEMAMA, Porto Alegre; Victor Matsudo, Center of Studies from the Physical Fitness Research Laboratory – of São Caetano do Sul; Canadá: Bill Jeffery, Center for Health Science and Law (CHSL); Elisabeth Sterken, International Baby Food Action Network; Chile: Sebastián Peña, Frente por un Chile Saludable; Sofía Bustos, Fundación Actuemos; Sonia Covarrubias, Fundación Educación Popular en Salud; Alianza para el Control de ECNT; Lucía Sepúlveda, Red Acción Plaguicida y Alternativas; Ciudad de Ho Chi Minh Claudio Schuftan, Movimiento por la Salud de los Pueblos; Colombia: Carolina Piñeros Ospina, RedPapaz; César Rodríguez Garavito, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad; Esperanza Cerón, Educar Consumidores; Juan Carlos Morales, Foodfirst Internaional Action Network (FIAN); Fundación Colombiana de Obesidad (Funcobes); Mesa por las ENT; Cuba: Alberto Morales Salinas, Cardiocentro “E Che Guevara”; Ecuador: Hugo Noboa Cruz, Plataforma por la Salud y Vida; Wilma Freire, Universidad San Francisco; Instituto de Investigaciones en Salud y Nutrición (ISYN); Estados Unidos: Andrew Rosenberg, Union of Concerned Scientists; Beatriz M Champagne, Inter-American Heart Foundation; Harold Goldstein, Public Health Advocates; Jim Krieger, Healthy Food America; Jordan Jarvis, Young Professionals Chronic Disease Network (YPCDN); José Luis Castro, Vital Strategies; Larry Cohen, Prevention Institute; Lynn Silver, Public Health Institute; Matthew L. Myers, Campaign for Tobacco – Free Kids; Michael F. Jacobson, Center for Science in the Public Interest; Ricardo J. Salvador, Union of Concerned Scientists; India Amit Srivastava, India Resource Center; México: Ana Larrañaga, ContraPESO; Erick Antonio Ochoa, Fundación InterAmericana del Corazón; Juan Núñez Guadarrama, Coalición México Salud-Hable; ; Julieta Ponce Sánchez, Centro de Orientación Alimentaria; Lorena Vazquez Ordaz, The Hunger Project México; Lulú V. Barrera, Luchadoras; Pete Noll, Puente a la Salud Comunitaria; Rafael Shuchleib, Fundación InterAmericana del Corazón; Rebeca Monroy Torres, Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del estado de Guanajuto A.C. (OUSANEG); Rosario Cobo, Instituto Maya A.C; Teresa Fernández, Prevención de Enfermedades Crónicas perspectiva y accion comunitaria, Tlalpan, Fundación InterAmericana del Corazón; Alianza por la Salud Alimentaria; FIAN México; Nueva Zelanda: Gareth Morgan, The Morgan Foundation; Perú: Carlos Farías, Alianza ENT; Crisólogo Cáceres, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC); Reino Unido: Kate Allen, World Cancer Research Fund International; World Public Health Nutrition Association; Suiza: Katie Dain, NCD Alliance; Camille Selleger, Geneva Infant Feeding Association (IBFAN-GIFA); Uruguay: Eduardo Bianco, Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo; María Rosa Curuchet, Asociación Uruguaya de Nutricionistas (AUDYN); Instituto Nacional de Cáncer; Venezuela: Humano Derecho; Regionales: Eduardo Cazap, Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM); Deborah Chen, InterAmerican Heart Foundation Caribbean; Laura Michéle, FIAN International; Stefano Prato, Society for International Development; Trevor Hassell, Healthy Caribbean Coalition; Consumers International Latinoamérica.
Organizaciones de derechos humanos, derechos digitales y derecho a la información rechazaron el espionaje gubernamental a defensores del derecho a la salud en México
El 14 de febrero pasado diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de derechos digitales y de derecho a la información, hicieron una carta pública rechazando los actos de espionaje contra defensores del derecho a la salud en México con “la utilización gubernamental de programas informáticos altamente intrusivos… en contra de académicos y organizaciones de la sociedad civil”.
Las organizaciones firmantes exigieron el cese del “hostigamiento y la vigilancia”, y llamaron a “emprender de manera urgente una investigación exhaustiva, seria e imparcial, que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal en México”.
Las demandas de investigación no han encontrado ninguna respuesta por parte del gobierno mexicano.
La carta está firmada por:
Access Now; Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP); Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Association of Caribbean Media Workers: ARTICLE 19; Australian Privacy Foundation; Bestbits; Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos); Centro de Estudios Constitucionales y en Derechos Humanos de Rosario; Centro Horizontal; Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (CERIGUA): Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMPDH); Contingente MX, DATA; Datos Protegidos, Derechos Digitales; Electronic Frontier Foundation (EFF); Enjambre Digital; Espacio Público, Venezuela; Fundación Karisma; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); Fundamedios, Ecuador; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Hiperderecho, Perú; Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX-ALC); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX); Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); Katarzyna Szymielewicz: Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH); Panoptykon Foundation; Patient Privacy Rights; Privacy International; Public Knowledge; Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D); Renata Aquino Ribeiro; Researcher E.I. Collective; Reporteros Sin Fronteras; SocialTIC; SonTusDatos Artículo 12, A.C.; Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital (Chiapas, MX); TEDIC, Paraguay; Tierra Común: Usuarios Digitales, Ecuador; Washington Office on Latin America (WOLA).
