En las discusiones del Senado para crear las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se mencionó la opción de Pablo Escudero Morales, Senador por el PVEM y presidente de la Comisión que discute las reglas del SNA, pagar sueldos a los representantes de la organizaciones que tienen una silla ahí en nombre de la sociedad civil. Ernesto Ruffo, Senador por el PAN, expresa su preocupación por lo que representaría ese pago: «Les están cantando las sirenas a estos representantes ciudadanos», y agrega: «Les puse ciudadanos entre comillas, porque empecé a revisarlos más y me di cuenta de que había un patrón en esa representatividad en esas organizaciones, y que ese patrón era la academia”.
Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– La propuesta de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no sólo no prevé cambios al Código Penal Federal para castigar con cárcel este tipo de faltas.
También, de acuerdo con el documento publicado el 28 de abril, propone detener los procedimientos de investigación y sanciones cuando “el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el Servidor Público”, como expone el artículo 101 de la iniciativa de Ley de Responsabilidades.
Y, entre otras propuestas, elimina el sistema de compras públicas “Compranet” de una nueva “plataforma digital única” que se pretende desarrollar para el cumplimiento de obligaciones del SNA.
Al plantear la búsqueda de un acuerdo con el resto de las fracciones, el Senador del Verde, Pablo Escudero Morales, yerno del priísta Manlio Fabio Beltrones Rivera y presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado de la República, mencionó que el paquete de cinco iniciativas cuenta con el “respaldo” de organizaciones como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la Red por la Rendición de Cuentas, México Evalúa, Fundar y otras.
“No omito recordarles que estos cinco instrumentos (…) cuentan con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil”, planteó Escudero Morales en una carta enviada el 16 de mayo a otros integrantes de la Comisión Anticorrupción que preside en el Senado.
“Que mediante oficio del 28 de abril del 2016, el Maestro Eduardo Bohórquez, enlace de las organizaciones sociales que han sido invitadas al ejercicio de parlamento abierto en torno a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción (…) señaló que coinciden con los contenidos sustantivos de los proyectos y reiteran su reconocimiento por incorporar sus propuestas”, agregó Escudero.
En su oficio del 28 de abril, las organizaciones indican que están de acuerdo con el “contenido sustantivo” de la propuesta, aunque recuerdan que todavía falta la redacción de los tipos penales que castiguen estos ilícitos.
“Deseamos expresar a ustedes que, en efecto, coincidimos con los contenidos sustantivos de los proyectos que se han elaborado a lo largo de esos diálogos y reconocemos el esfuerzo realizado para recuperar nuestras observaciones en cada uno de ellos”, dice el posicionamiento público de las organizaciones mencionadas.
“Es nuestra opinión que el Poder Legislativo debe completar esta tarea con las reformas faltantes en materia penal. Estimamos imperativo que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción. Sin esos dos cambios adicionales, el Sistema nacería incompleto y este esfuerzo sería insuficiente”, agregan.
Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana y enlace de las organizaciones con el Senado en la discusión, menciona en entrevista que la carta presentada es una “opinión”, mas no un aval a lo que, además, dijo, es sólo un cuaderno de trabajo elaborado por los senadores Escudero y Raúl Cervantes Andrade [éste último del PRI] y no un dictamen final sobre las leyes que deben aprobarse.
“No hubo ningún apoyo de parte de las organizaciones. Lo que hubo fueron reuniones técnicas con el PAN, con el PRD, con el PRI, con el Verde; con todos ellos se hicieron propuestas. Esa [el ‘respaldo’] sería la interpretación del Senador Escudero”, dijo Bohórquez López.
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción consiste en la redacción de las nuevas Ley General del SNA, Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; también, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; estas dos últimas, base de la investigación penal de la corrupción pero que no fueron incluidas en la propuesta PRI-Verde.
El plazo constitucional para que toda esta legislación estuviera lista, de acuerdo con la reforma constitucional que la ordenó en 2015, es el próximo 27 de mayo. Pero, de acuerdo con un anuncio del líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, se discutirá después de las elecciones de junio próximo, en un periodo extraordinario.
LA DISCUSIÓN DE LOS SALARIOS
El Senador panista Ernesto Ruffo Appel, integrante de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, planteó en entrevista con SinEmbargo que, si bien los representantes de las organizaciones citadas mantuvieron conversaciones con integrantes de las bancadas del PAN y del PRD, en la semana previa a la presentación de la propuesta de Escudero se ausentaron.
En el contexto de esta separación de las organizaciones, dice Ruffo Appel, estuvo el planteamiento que hizo Escudero en una reunión para que hubiera salarios para los integrantes ciudadanos que ocuparan la denominada «séptima silla» del SNA.
Y también estuvo, plantea Ruffo, la discusión sobre el control de esta participación ciudadana y sobre el cual las organizaciones mencionadas, narró el panista, también expresaron temer que pudiera caer en grupos afines a Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Ahora que estábamos discutiendo las leyes secundarias, fue cuando (las organizaciones) dijeron que la gran asamblea de organizaciones ‘nos la puede ganar El Peje’; y nosotros dijimos ‘mejor que esa selección del Comité Ciudadano la haga el Senado (…) Y estábamos discutiendo eso, cuando de repente de ellos se dijo, porque lo dijo Escudero, que recibirían un sueldo”, dice Ruffo.
“Bueno, salió que les iban a pagar sueldos y me empecé a preocupar porque dije: ‘Les están cantando las sirenas a estos representantes ciudadanos’, y les puse ciudadanos entre comillas, porque empecé a revisarlos más y me di cuenta de que había un patrón en esa representatividad en esas organizaciones, y que ese patrón era la academia”, agrega el también ex Gobernador de Baja California.
Días después, explica, cuando él manifestó su oposición ante la propuesta –que considera dejó fuera de la posibilidad de entrar a la “séptima silla” incluso a las cúpulas empresariales–, el PRI propuso entonces que fueran estas organizaciones académicas las que pre-seleccionaran a los ocupantes de esta posición.
“Y fue cuando quedó muy claro que había un entendimiento de estos representantes de origen académico (…) y dejaron de asistir a las reuniones del University Club, donde estaban el PRD, PAN y las organizaciones, y de pronto se ausentaron”, asegura el Senador panista.
Sobre los salarios, la propuesta PRI-PVEM dice en el artículo 17 de la propuesta de Ley del SNA: «Los integrantes del Comité de Participación no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaria Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no tendrán el carácter de servidores públicos ni gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva».
La primera iniciativa del PAN y del PRD, de acuerdo con un cuadro comparativo, plantea que «los miembros del Comité de Participación Ciudadana percibirán una remuneración por parte del Estado en los términos del Artículo 127 constitucional y su legislación reglamentaria». Luego, ante el planteamiento del PRI-Verde, coinciden con éste salvo en la afirmación de que «no tendrán el carácter de servidores públicos».
VEN DOLO Y PROVECHO POLÍTICO
De acuerdo con Bohórquez, quien fungió como enlace de las organizaciones civiles que han participado en la discusión del SNA en el Senado, las conversaciones con el PAN y el PRD terminaron cuando estos partidos trataron de presentar la colaboración técnica y la suma de sus propuestas como una “coalición” de organizaciones con partidos.
“Creo que en la lógica de los partidos políticos, nos veían como parte de una coalición política, y lo que nunca se dio fue eso: no hubo ruptura porque no hubo coalición”, dijo Bohórquez.
“En todos los momentos en los que nos invitaron a formar parte de una coalición, declinamos; no somos parte de una coalición política, y cuando lo plantearon en el University Club, el PAN y el PRD, digamos que lo que dicen es: ‘vamos juntos en todos los temas’, y dijimos que no, porque no somos grupo parlamentario ni un grupo político”, agregó.
Con respecto a los salarios, Bohórquez dijo que, como integrante de todas las reuniones entre la sociedad civil y los senadores, está seguro de que no hubo ofrecimientos de cargos a cambio de posiciones.
“Lo que están tratando de hacer parecer es que hubo una opinión favorable a cambio de algo, y puedo decir tajantemente que no”, dijo Bohórquez.
“Puedo asegurar que nunca nadie nos ofreció nada a cambio de nada; estuve en las reuniones, entiendo lo que sugiere Ernesto Ruffo, pero es un error, o ¿cómo explica el Senador que en el documento que ellos presentan están también nuestras opiniones?”, cuestionó.
El planteamiento de Ruffo fue considerado como “doloso” por parte de Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas –que aglutina el trabajo de organizaciones como Artículo 19, Fundar o CIDAC, además de instituciones académicas y de Gobierno.
“Los ataques que han tenido los partidos políticos a las intervenciones de algunos representantes de las organizaciones sociales y de la academia no sólo no tienen sustento, sino que son dolosos, y es una reacción a su incapacidad para sostener acuerdos y un uso de la coyuntura electoral para sacar provecho”, dijo Morales a SinEmbargo.
“Hay que tener claro que quienes fuimos a las mesas técnicas, lo único que vimos fue un fracaso del método, porque no había consenso para avanzar con las propuestas y para avanzar en un pre-dictamen, y lo único que existe son documentos de trabajo sin validez”, agregó.
Sobre los salarios, dijo que el planteamiento de las organizaciones era que, si la función era sólo “decorativa”, que no ameritaba remuneraciones, pero que si realmente se buscaba que esta posición funcionara como “contrapeso”, que debían ser incluso sujetos de responsabilidades.
“Sobre la remuneración, lo único que dijimos fue que primero se delimitaran cuáles eran sus funciones para saber si ameritaba o no una remuneración; si iban a hacer unas funciones decorativas, no sustantivas, de colaboración eventual, como ya sucede con muchas organizaciones que no necesitan un canal formal de participación, pues efectivamente no ameritaba”, dijo Morales.
“Pero el papel que propusimos es literalmente un contrapeso institucional; no sólo se propone que (los ciudadanos) presidan la mesa del Sistema, sino que colaboren con el diseño de las políticas anticorrupción, que no es un trabajo menor”, agregó.
La responsabilidad de la falta de avances en la construcción del SNA, insistió Morales, es finalmente de los legisladores. “Ha habido varios ataques infundados de políticos; ahora resulta que la responsabilidad es de las organizaciones. Es el mundo al revés”, dijo.
