Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– El tema de transparencia se mantiene como un pendiente en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que fue reformada en 2014 y de la cual actualmente se analiza una iniciativa de reforma en comisiones del Senado de la República, aseguraron especialistas consultados por SinEmbargo.
Destacaron que mientras no exista claridad tanto en la incautación de los recursos de procedencia ilícita como en la forma cómo se destruyen las redes de financiamiento del crimen organizado, la guerra contra las drogas que se libra en México desde hace casi nueve años se mantendrá por muchos años más.
El lavado de dinero es parte de las historias que la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene bajo llave. De la administración federal, esta entidad se ha convertido en la que más información mantiene guardada y para uso exclusivo: un millón 695 mil 921 casos de un total de 12 millones 120 mil 071 que ahora guarda el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Apegada a la reforma del Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) de 2008, que le permite a las autoridades considerar las averiguaciones previas como “confidenciales”, la PGR ha logrado clasificar hasta por 18 años datos que revelarían la identidad de los detenidos o el paradero de los bienes o montos de dinero enajenados por delitos vinculados con lavado de dinero.
A juicio de algunos entrevistados, la Procuraduría no ha sido transparente para demostrar el delito de lavado de dinero con algunos detenidos. Por ejemplo, el 22 de febrero de 2014 elementos de la Marina detuvieron a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, al cual se le fincaron cargos por el delito de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre los recursos financieros de “El Chapo”, la triangulación de recursos, el financiamiento o soborno a servidores públicos, etcétera.
Como se ha documentado en diversos medios de comunicación, las redes de lavado de dinero de Joaquín Guzmán alcanzaron países de Sur y Centroamérica. El mismo caso de sesgo informativo se ha repetido para los “capos” detenidos desde el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
“El uso de la ley y sus herramientas se hace de manera discrecional”, Abraham Vergara, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana.
APLICACIÓN A DISCRECIONALIDAD
En 2014, el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, detectó 114 mil operaciones financieras “inusuales” y 84 denuncias por lavado de dinero. Los ciudadanos no pueden conocer los detalles porque la PGR mantiene la información en archivos para uso exclusivo.
De manera particular, en la reserva de la Procuraduría se mantiene hasta 2020, los dictámenes de lavado de dinero elaborados por el Sistema de Administración Tributaria. Además, dado que sus procesos aún continúan, no es posible acceder al expediente Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán, entre otros personajes.
Por la dimensión de los recursos evadidos por Guzmán Loera, es la detención más importante del Gobierno de Enrique Peña Nieto en este ámbito, pero –dada la categoría de “reserva”– para los ciudadanos no es posible conocer en dónde están los bienes que les fueron enajenados y más aún, qué se hizo con el dinero que eludieron ante el Estado Mexicano.
En 2012, la revista Forbes calculó la fortuna del capo en más de mil millones de dólares, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estima que la cifra anual generada por el cártel, sólo por la exportación de drogas a ese país, está entre 19 mil a 39 mil millones de dólares al año.
Días después de la captura de “El Chapo” autoridades mexicanas le incautaron 43 vehículos, entre ellos seis autos de lujo marca Mercedes Benz, con precios de los 700 mil a los cuatro millones de pesos, equivalentes a 300 mil dólares, además de 16 casas y cuatro ranchos.
Entre sus propiedades destaca una residencia de lujo en Jalisco que fue subastada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por un precio inicial de 4.5 millones de pesos.
Según la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros estadounidense (OFAC), ‘El Guzmán Loera también estuvo vinculado con 288 empresas, ubicadas en 12 países.
“La Ley se me hace una muy buena opción porque hay una mejor fiscalización sobre cómo se mueve dinero, sin embargo con esta ley sería imposible pensar que vamos a detener al crimen organizado en el país”, afirmó Abraham Vergara, académico de la Ibero.
El especialista sugirió que la “ley antilavado” debería fomentar más la transparencia y dejar de lado el viejo pretexto de que se guarda información porque es confidencial.
Recordó que México tiene firmados tratados con países de la Unión Europea, por ejemplo con Suiza o España, así como con otras naciones como Estados Unidos, sobre todo para hacer intercambio de información. Por esto, México ha hecho un esfuerzo importante por tener información y compartirla con otros países.
“Pero también creo que esa información es sesgada, debe de haber dentro de esa información ciertos nombres de políticos y empresarios que no se comparten, que no necesariamente se trata de lavado de dinero, pero puede ser que se trate de blanqueo de capital”, apuntó el maestros AbrahamVergara.
MÉXICO Y EL LAVADO DE DINERO
En México existen debilidades en las instituciones bancarias ante la recepción de recursos de sus clientes con actividades ilícitas que ha provocado que organismos internacionales lo sitúen como un país “en riesgo ante el lavado de dinero”, pese a estar clasificado en el nivel de mediano riesgo según una lista de 14 indicadores del Instituto Basilea de Gobernanza (Basel Institute on Governance).
Otro organismo internacional como el Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero (GAFI), refirió que aunque México no se encuentra en la lista de alto riesgo por no contar con políticas públicas antilavado, se encuentra en la zona de “paraísos” fiscales por la facilidad con que el crimen organizado puede introducir dinero al sistema financiero internacional. Dentro de la lista están naciones tan disímbolas como Alemania, España, Islas caimán, Islas Vírgenes Británicas o el Vaticano, por ejemplo.
Esto significa que a pesar de que México ha hecho su tarea para crear una legislación antilavado de calidad, que incluso cumple con 24 de las 40 recomendaciones en materia de lavado de dinero de GAFI, los indicadores de este delito no han logrado reducirse en los últimos años, como refirió la investigación “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, realizada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
Por otra parte, Antônio Sampaio, analista del International Institute for Strategic Studies (IISS, por sus siglas en inglés) de Londres explicó a SinEmbargo que aunque en México generalmente se vincula al lavado de dinero y blanqueo de recursos con la delincuencia organizada, en el mundo estos delitos van de la mano con la preocupación por el financiamiento del terrorismo.
Indicó que existe “una posibilidad de que se incrementen los vínculos entre grupos terroristas y grupos criminales de México” ya que los primeros requieren nuevas formas de obtener financiamiento para sus actividades y el trasiego de drogas ofrece esa posibilidad, aunque aclaró que por el momento “es difícil analizar hasta dónde llega ese acercamiento, por falta de casos suficientes para analizarlos”.
En el caso nacional, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR reconoció un incremento en todos los indicadores relacionados con el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por ejemplo, el monto de dinero asegurado por lavado de dinero se incrementó 80 por ciento del primer al segundo año de gobierno de Peña Nieto, al pasar de 1.06 millones de pesos a poco más 1.9 millones de pesos.
Asimismo registró un incremento de 52 por ciento en el monto asegurado por lavado de dinero en dólares americanos, al pasar de 3.8 a 5.8 millones de dólares en el mismo periodo.
Estas cifras fueron aprovechadas en el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en donde se destacó que el incremento de las cifras aseguradas es resultado de la modificación en diversas leyes que incluyeron la descripción de los delitos de terrorismo, terrorismo internacional y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las operaciones en efectivo con dólares estadounidenses disminuyeron más de la mitad entre 2012 y 2014. Esta meta dijo la dependencia, fue posible gracias a las restricciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo para el manejo de esta divisa.
LA LEY CUMPLE A MEDIAS
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entró en vigor el 17 de julio de 2013, luego de tres años de discusión en el Senado de la República.
El objetivo principal de la Ley es establecer un régimen de restricciones a operaciones en efectivo y un régimen universal de reporte de operaciones por parte de los sujetos obligados y la identificación de usuarios.
Al evaluar la Ley, especialistas coincidieron en que se trata de una legislación que está cumpliendo con los resultados esperados, según los propios datos oficiales.
No obstante, organismos internacionales sitúan a México como un país en riesgo ante el lavado de dinero ya que los indicadores de este delito no han logrado reducirse en los últimos años.
“Es una buena medida para tener mayor fiscalización, sin embargo no podemos esperar un cambio en el fenómeno del crimen organizado a través de esta ley”, explicó a SinEmbargo Ángel Iván Olvera Lozano, director de la Licenciatura en Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.
Fue en agosto de 2010 cuando el entonces Presidente Felipe Calderón envió a la Comisión Permanente la Iniciativa que se conoció popularmente como la “Ley Antilavado”, en la que se plantearon tres medidas básicas: restringir operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión de la delincuencia organizada; la generación de información a través de reportes a las autoridades administrativas y la creación de facultades de coordinación para que las autoridades puedan compartir cierta información con el objetivo de generar mejores estrategias para combatir a la delincuencia.
El 16 de agosto de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En el reglamento se detallan las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en donde se norma el requerimiento de información, datos y documentos a quienes realicen actividades vulnerables y la determinación de medios de cumplimiento alternativos.
Por ejemplo, si una persona quiere comprar una casa, explicó el académico del Tec de Monterrey, al momento de hacer el contrato de compra venta y de entregar un depósito inicial aproximado de 800 mil pesos, “el notario tiene la obligación de reportarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de que vas a hacer un depósito tan grande. A partir de esto Hacienda va a analizar si los recursos tienen procedencia lícita”, detalló Ángel Iván Olvera Lozano.
Resaltó que las reformas a la ley antilavado disminuyen las cantidades del monto en efectivo que se puede utilizar.
“Por lo mismo ¿qué está haciendo el crimen organizado?, pues hacer todos los pagos en moneda, no haya transferencias bancarias, no hay depósitos en cheque, sino que todo se maneja en dinero, entonces al disminuir el monto límite en efectivo que puedes usar, hay mayor fiscalización”, detalló.
LAS RECOMENDACIONES A MÉXICO
En el plano internacional, el instrumento más extendido para prevenir y combatir el lavado de dinero está constituido por las 40 recomendaciones de la agrupación inter-gubernamental denominada Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En 1996 y 2003 se revisaron las recomendaciones, las cuales obtuvieron el aval de 180 países, constituyéndose en el estándar internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
De México se espera que aplique esos estándares, a fin de identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a efecto de adoptar las medidas para mitigar, combatir, inhibir y evitar dichos riesgos.
México ha firmado diversos convenios internacionales con los cuales se compromete a prevenir y combatir el lavado de dinero: la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena), adoptada el 20 de diciembre de 1988; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), el 15 de noviembre de 2000; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), adoptada el 31 de octubre de 2003.
Antônio Sampaio, analista del IISS explicó que la comunidad internacional ha realizado acciones tendientes a bloquear o inhibir las donaciones internacionales para grupos terroristas, principalmente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 en Nueva York, Estados Unidos.
Hoy, continuó, existe más comprensión sobre cómo grupos terroristas de Medio Oriente operan y cómo han extendido sus vínculos a diversas partes del mundo en busca de financiamiento.
Y México no la es excepción “sabemos que los grupos mexicanos tienen muchos contactos en Europa, en África, sabemos que algunos grupos terroristas de Medio Oriente, principalmente Al Qaeda han tenido contactos con algunos grupos criminales de Sudamérica”, dijo.
Sostuvo que existe la disposición del gobierno mexicano para compartir información y prevenir ataques terroristas. Esa cooperación se ha cerrado principalmente con integrantes de la Unión Europea y con Estados Unidos.
“La gestión del gobierno mexicano y del gobierno norteamericanos para monitorear esos tráficos de lavado de dinero están enfocadas todavía en crimen organizado por motivos obvios, pero la cooperación con Estados Unidos puede ser una buena señal para estrechar las vías para rastrear las finanzas de los grupos criminales mexicanos por causa de esa posibilidad de vínculos con grupos terroristas”, finalizó.
