Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– La dirigencia sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex) no sólo ha salido bien librada gracias a la inacción de los procuradores generales de la República, sino también de los secretarios del Trabajo. Reiteradamente, los dos gobiernos federales de Acción Nacional tuvieron en sus manos la posibilidad de negar el reconocimiento de Carlos Romero Deschamps como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Pero no lo hicieron.
Romero Deschamps extendió su reinado básicamente con los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN); de los 19 años que lleva como dirigente petrolero, 12 corresponden a los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Un momento para no reconocer el liderazgo de Romero Deschamps ocurrió alrededor de la llamada toma de nota, instrumento legal por el que la Secretaría del Trabajo admite la validez de un comité sindical de acuerdo a las leyes laborales y sus propios estatutos. Esa validación otorga a la unión capacidad de negociación con su patrón y ante la autoridad.
Entre las fracciones que reclaman la legal representación petrolera está la llamada Unión Nacional para el Desarrollo Profesional, Económico y Social de los Trabajadores de la Industria Petrolera, liderada por Omar Toledo Aburto, un trabajador tamaulipeco y viejo conocido de Romero Deschamps.
El grupo de Toledo se concentró en acreditar en tribunales la invalidez de la última toma de nota otorgada al Comité Ejecutivo General de Romero con fecha del 31 de octubre de 2007. Su expedición correspondió al hoy senador Javier Lozano, conocido como operador electoral del PAN y por los conflictos laborales de la empresa de aviación Mexicana y el sector minero, precisamente alrededor de la negativa de toma de nota al dirigente Napoleón Gómez Urrutia.
¿Por qué resultaba indebido el otorgar el reconocimiento a Romero Deschamps?
En octubre de 2005, Carlos Romero solicitó la anticipación de la asamblea general para la elección de dirigente, es decir, de sí mismo ante la certeza de que Andrés Manuel López Obrador. Un problema: el corrimiento de fechas no es algo previsto en los estatutos de la organización laboral.
El ejecutivo federal tenía la obligación de corroborar el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad. Pero no fue así y el 8 de noviembre de 2006, la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, en ese momento a cargo de Francisco Javier Salazar, emitió la toma de nota al Comité General del STPRM.
La reelección de Carlos Romero sufría de otros vicios. Uno de los principales es que el ordenamiento interior del STPRM restringe a una misma persona su elección como secretario general hasta por dos ocasiones, cuando Romero Deschamps ya sobrepasaba las cuatro. Actualmente estaría en su quinto período, sin embargo, la toma de nota que se lo permitiría no ha sido exhibida por el propio dirigente, aunque haga alarde de su existencia.
Además, la elección debía ocurrir mediante una asamblea ordinaria y, en este caso, se hacía mediante una reunión de carácter extraordinario sin justificarse el caso de emergencia para hacerlo de esta manera. La convocatoria y su posterior acta dejan claro que se llamó a renovar el mandato únicamente de Romero Deschamps y no de todo el Comité, cuando por norma debía ser de esta manera. El convocante y presidente del cónclave era el propio funcionario sindical que pretendía reelegirse. El quórum no fue revisado…
La Unión acudió a tribunales en busca de amparo y ganó. Resolvió el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sentencia de la que SinEmbargo posee copia:
“(…) Lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la toma de nota de 8 de noviembre de 2006 del nuevo Comité Ejecutivo General del STPRM, y previo a determinar si procede su emisión, verifique si las actas y documentos que se le presentaron se ajustan o no a las reglas estatutarias (…)”.
A continuación, sin realizar el análisis documental ordenado por el juzgado, la Secretaría del Trabajo tomó nuevamente nota a Romero el 31 de octubre de 2007. La Unión continuó el pleito y, a fines de agosto de 2009, el mismo Tribunal Colegiado resolvió:
“(…) De ninguna manera puede afirmarse que la autoridad responsable hubiera dado estricto cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo (…) la responsable (la Dirección de Registro de Asociaciones) está obligada a hacer un estudio exhaustivo de los preceptos estatutarios correspondientes y de manera pormenorizada relacionar las constancias respectivas para concluir su la convención de que se trata se llevó o no conforme a los estatutos y por ende si procede o no tomar nota del nuevo Comité Ejecutivo General (…)”.
Pero la Secretaría del Trabajo insistió: el líder de los petroleros es uno y sólo uno, Carlos Antonio Romero Deschamps”.
–¿Por qué?– se le pregunta a Toledo en entrevista.
–Porque a través de él los panistas hicieron sus negocios. Los Mouriño y los Zavala, los familiares de Margarita, la esposa de Felipe Calderón.
–¿Y se puede ser líder sindical de una empresa de ese tamaño?
–Cuando no tiembla la mano para jubilar de manera anticipada a los opositores, retirarles prestaciones, retener el otorgamiento de plantas de familiares. Romero Deschamps tiene únicamente a los 36 líderes de las secciones. Nada más. Dentro, está sólo.
–¿Qué sigue con ustedes?
–Que nos den la toma de nota o tomar nuevamente el sindicato.
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¿De qué tamaño es, en términos laborales, Pemex? La paraestatal cuenta con 110 mil trabajadores de planta, 40 mil transitorios, 60 mil jubilados, 150 mil liquidados y 40 mil viudas. El sindicato tiene cabida en los contratos que realice la empresa y, quizá, el cúmulo de prestaciones más amplio de México.
No es cualquier cosa lo que está en disputa.
En 2002, la presidencia de Vicente Fox tenía completamente integrado el expediente del Pemexgate por el que se desviaron 100 millones de dólares de la época a la campaña del priista Francisco Labastida. Contaba además con una denuncia penal por el desfalco de otros 110 millones de dólares por media docena de estafas a la paraestatal. Además de que todos los hurtos habían ocurrido en 2000, en los supuestos últimos días del Revolucionario Institucional, el otro común denominador es que el dinero había pasado por las manos de Romero Deschamps.
La noche del 29 de septiembre de 2002, Fox se reunió en Los Pinos con algunos líderes del PRI, la principal oposición en ese momento. En la reunión estuvieron presentes Roberto Madrazo Pintado y Elba Esther Gordillo, en ese momento presidente y secretaria general del PRI, y el diputado Carlos Romero Deschamps, entre otros.
También acudieron los secretarios del Trabajo y de Gobernación, Carlos Abascal Carranza y Santiago Creel Miranda; y el Director General de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos.
“El Gobierno Federal y los representantes del Partido Revolucionario Institucional acordaron mantener un diálogo permanente a fin de seguir atendiendo los diversos temas de la agenda nacional”, se explicó en el escueto comunicado de prensa.
En adelante, todos los asuntos penales se fueron a la congeladora. Pero también los administrativos, los de carácter laboral, suficientes para que Romero Deschamps y los autos de 2 millones de dólares de su hijo, los viajes en avión de su hija en avión privado y su yate y relojes existieran.
En delante, cada 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, se repetiría la rutina en que un presidente panista, Fox o Calderón, se reunirían para hablar de las necesidades de Pemex y su fuerza laboral que la sostenía en pie.
“Los trabajadores hemos permanecido firmes en rechazar la trampa de contaminar la operación de la industria con acontecimientos de fuera de ella. Porque entendemos que a nadie conviene los roces entre empresa y trabajadores en momentos en que lo que urge es caminar juntos, lo que menos deseamos es que Petróleos Mexicanos enfrente dificultades por causa de confrontaciones. Mantener tranquilidad en los centros de trabajo no ha sido una tarea fácil para las dirigencias sindicales aquí presentes”, advirtió en una de esas ocasiones Romero a Fox, destinatario de un fraude electoral que no logró consumarse y en el que el líder petrolero fue protagonista.
Ese sería el tono en adelante.
Respecto a Calderón cabe mencionar que el último presidente panista debió mantener relación como autoridad desde su presidencia pues, por los mismos años en que el expediente por el Pemexgate y las demás estafas a la empresa pública estaban vigentes, él fue secretario de Energía y su futuro secretario particular en Los Pinos y presidente partidario, César nava, era el director jurídico de Pemex.
Tenía todo y no hizo nada.
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El otro frente contrario a Romero Deschamps y con idéntico éxito al anterior lo componen trabajadores asumidos como integrantes del propio STPRM, pero que reclaman la entrega de la toma de nota.
El 19 de octubre del 2012, algunos trabajadores convocaron a una asamblea electiva simplemente porque Romero Deschamps y su grupo no lo hacían, como los estatutos obligaban a que lo hicieran. Los sindicatos demostraron la participación de las 36 secciones componentes del sindicato.
El 71 por ciento de los petroleros inconformes reunidos ese día resolvieron que Romero Deschamps no sería ya su dirigente. En su lugar eligieron a Jorge Hernández Lira, cuya toma de nota nunca fue entregada por la secretaría del Trabajo dependiente de Felipe Calderón.
Reclama el grupo de Jorge Hernández:
“Carlos Romero Deschamps y la dirigencia sindical anterior, ha pretendido seguir a la cabeza del sindicato valiéndose de su puesto de senador, cayendo en el tráfico de influencias y abuso de poder, pretendiendo presionar a las autoridades del trabajo y por lo tanto también a la base trabajadora.
“Las autoridades de la Secretaría del Trabajo han operado para que se nos niegue la toma de nota que constitucional y estatutariamente nos corresponde como organización sindical legalmente constituida. De manera ilegal entregaron recientemente una espuria prórroga a la dirigencia sindical de Carlos Romero Deschamps, que han tergiversado haciéndola pasar como Toma de Nota, la cual no existe, ya que la facultad de prorrogar o no el mandato a un dirigente sólo corresponde a la base trabajadora, no la Secretaría del Trabajo”.
