La Secretaría de Salud es la encargada de realizar acciones informativas sobre el VIH, realizar campañas de prevención y también debe cubrir la atención de la enfermedad con medicamentos gratuitos y revisiones médicas, pero el presupuesto, en la última década, se ejerció con fallas en esas tareas y en más.
Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– En los últimos 10 años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hizo múltiples observaciones a la Secretaría de Salud (SSa) federal sobre la manera en cómo se ejerció el dinero destinado a la prevención y el control del VIH/SIDA.
Los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), permitieron diversas irregularidades que repercutieron en los ejes principales del Gobierno para la atención de este virus. La ASF de 2008 a 2018, encontró fallas tanto administrativas como en la atención a pacientes en los estados.
De acuerdo con el Registro Nacional de Casos de VIH y Sida, del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (Censida), de 1983-2019 hay actualmente 210 mil 104 casos notificados de VIH y de Sida. En el último año, se registraron 5 mil 119 casos de Sida y 8 mil 757 de VIH.
El pasado 16 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina, cuestionado por la compra consolidada de medicamentos que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que la SSa encontró que para el tratamiento de VIH, habían 38 medicamentos con esquemas de 750 combinaciones para tratar a pacientes.
Explicó que el uso de 750 de combinación reflejó un “enorme desorden del uso de los medicamentos para el VIH” porque no eran adecuadas y se utilizó, “en muchos casos” medicamentos antiguos.
“Encontramos el uso, por ejemplo, del primer medicamento contra el VIH que se descubrió o se inventó a principios de los años 80. Es un medicamento que ya está en desuso a nivel mundial y en México se seguía utilizando. Lo que empezamos a ver es que esto no era un acto casual, el uso o el mal uso de estas combinaciones de tratamiento. Empezamos a ver patrones de distribución en el territorio mexicano y nos llamaba la atención que encontrábamos combinaciones no adecuadas en algunas regiones”, añadió.
Desde el año 2007, el Gobierno Federal definió el acceso universal a medicamentos antirretrovirales, como uno de los ejes prioritarios para abatir los estragos que causa el VIH, y a través del Fideicomiso de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la SSa debe garantizar la compra de estos medicamentos para su distribución gratuita a todas las personas con VIH que no cuenten con seguridad social, tanto para quienes ya reciben el tratamiento como para los casos que se incorporen.
En 2001, como resultado de las modificaciones a la estructura de la Secretaría de Salud, se creó el Censida, que es la instancia rectora de coordinación de la respuesta nacional al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
En los archivos de la ASF está el registro de lo que se hizo desde 2008 con el presupuesto asignado.
Bajo la administración de Calderón Hinojosa y con José Ángel Córdova Villalobos y luego Salomón Chertorivski en la SSa, resaltan anomalías como la entrega a 12 estados de 29 millones 718 mil pesos de medicamentos antirretrovirales en demasía; tan solo en ese año, en Chiapas hubo un excedente de medicamentos antirretrovirales por 6 mil 796 unidades. A la par, las autoridades encargadas firmaron un contrato por las mismas medicinas porque no se sabía que ya había en el almacén, entonces se registraron excedentes y se arriesgó la caducidad de los medicamentos
Otra observación se desprendió de la revisión de los expedientes clínicos de pacientes con tratamiento antirretroviral, de los que se comprobó que el 100 por ciento no contó con la constancia de no ser derechohabiente del IMSS e ISSSTE, el 33.3 por ciento no se encontraban registrados en el Sistema Salvar –que es el sistema de administración de los medicamentos antirretrovirales– y el 20 por ciento no tenían los estudios de carga viral, lo que hizo concluir que los datos no eran reales.
Resultado de un mal manejo en Salvar, la SSa trabajó sin datos históricos, información duplicada y sin información de cuántos pacientes estaban únicamente bajo observación y se contabilizaron como pacientes que requerían medicamentos, por lo que las compras se hicieron con información “no confiable”.
Para 2011, con la partida P016 «Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS», los institutos nacionales de salud y hospitales no registraron oportunamente la recepción de medicamentos antirretrovirales en sus almacenes.
Por ejemplo, hubo diferencias netas de 298 mil 369 medicamentos por 546 millones 189 mil pesos, que corresponden a 309 mil 595 medicamentos no entregados a pacientes y 11 mil 226 medicamentos entregados en exceso a pacientes. De abril 2011 a marzo 2012, se verificó que en 13 entidades federativas y 1 instituto nacional de salud se caducaron mil 050 medicamentos antirretrovirales.
Derivado de esto se detectó “un alto riesgo en la caducidad de los medicamentos” porque permanecieron ociosos y sin poder ser transferidos a otras entidades federativas o institutos, ante el riesgo de una escasez que podría desembocar en interrupciones del tratamiento, en sufrir inmuno‐resistencia (fallas terapéuticas), recaídas, complicaciones y otras secuelas.
Ese mismo año, personal encargado de realizar las visitas de supervisión de la operación del programa en las 32 entidades federativas del país y en los 5 institutos no las llevó a cabo por no contar con los recursos financieros para cubrir los pasajes y viáticos de las supervisiones.
Tampoco se avanzó en la conformación de información histórica e integral de las entradas y salidas de medicamentos antirretrovirales, lo que dificultó el seguimiento de los medicamentos antirretrovirales hasta su prescripción médica al paciente.
Para el último año de la administración panista, se observó que no se logró la meta de reducir la mortalidad por Sida en 17 por ciento; se logró colocarla en 13 por ciento.
LUEGO LLEGÓ PEÑA…
De 2013 a 2017, bajo la administración de Peña Nieto y José Narro Robles en Salud, la ASF encontró que ese primer año de Gobierno quedaron 633 millones 365 mil pesos que o se gastaron; 18 estados no acreditaron contar con la totalidad de los recursos pendientes de aplicar y los otros 15, no demostraron con estados de cuenta bancarios disponer con los recursos del programa.
Tan solo en Nuevo León se generó un daño al erario por 51 millones 088 mil pesos que no se ejercieron ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación. En total se determinaron recuperaciones por 2 mil 294 millones de pesos.
En 2015, hubo daño al erario por 1 millón 307 mil 366 pesos por gastados en condones adquiridos por Censida ya que no entregó pruebas de que se distribuyeron.
Ocurrió también en las 32 secretarías de Salud estatales: no se entregaron condones, pruebas rápidas ni jeringas. El daño al erario por esa causa fue de 104 millones 318 mil 093 pesos.
Ese mismo año empezaron los problemas con las Organizaciones de la Sociedad Civil. La ASF recomendó establecer una fecha límite para el proceso de revisión y supervisión de la documentación comprobatoria que éstas debían presentar al Censida para acreditar la aplicación de los recursos otorgados, para que así se reintegrara el dinero de gastos no autorizados, o bien de los recursos no devengados.
La ASF dictaminó un daño al erario por 2 millones 975 mil 224 pesos que Censida dio a ONG’s para el financiamiento de 76 proyectos para la implementación de estrategias de prevención focalizada del VIH/SIDA y otras ITS, que no fueron acreditados con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente.
Otros 3 millones 077 mil se fueron a otras ONG’s para el mismo objetivo, pero no proporcionaron registros contables, pólizas, cheques o trasferencias bancarias y estados de cuenta que acrediten que realizaron las campañas para las que se les dio dinero.
Para 2016 se hizo un cambio de clave en los medicamentos sin avisar y en Chiapas se dejaron de repartir 2 mil 496 antirretrovirales en los únicos dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.
Finalmente, para 2017, se detectó que el Censida no tenía establecidos el perfil y valores con los que debe contar el personal de dicho centro. No estaban incluidos estándares de conducta para los puestos clave y para el resto del personal.
