Otra vez corrupción y otra vez sobornos. El Gobierno federal, en tan sólo dos semanas, se vio involucrado en cuatro casos de corrupción con empresas internacionales. En dos de ellos, la acusación por la licitación de la Red Compartida y el contrato a una compañía española investigada por fraude, está directamente señalada la SCT a cargo del intocable Gerardo Ruiz Esparza. Los otros dos escándalos exhiben que la corrupción no es exclusiva de los partidos, sino parte de un sistema: el caso de la farmacéutica Teva, se registró en el último año del sexenio de Vicente Fox Quesada y el de la constructora Odebrecht, se dio bajo el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y ha continuado durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Si los escándalos hoy salen a la luz es porque tres de las firmas señaladas han sido investigadas o multadas en sus países de origen o en los que operaron. Sin embargo, aquí, los funcionarios ya se preparan sin ningún contratiempo para sus vacaciones decembrinas…
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Justo en la última semana laboral del año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y empleados del Gobierno federal se han visto implicados en cuatro distintos casos de corrupción con empresas extranjeras: la constructora brasileña y líder en América Latina Odebrecht, la farmacéutica israelí Teva, el Consorcio Altán –constituido por Morgan Stanley, y las mexicanas Axtel y Megacable–, y la española Copisa Constructora Pirenaic.
Dos especialistas en corrupción y transparencia exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue a los que recibieron los sobornos en México e hicieron un llamado a apresurar el mecanismo para prohibir contratos a empresas acusadas de irregularidades en otros países.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia, aseguró que «la PGR se está jugando su credibilidad y prestigio si no castiga con contundencia a estas empresas y a los funcionarios que aceptaron los sobornos».
Por su parte, Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), consideró que desde el momento en que se filtraron las primeras informaciones sobre el caso de la constructora brasileña, la PGR debió iniciar una investigación de oficio vinculada al caso sin esperar una denuncia:
«Antes y después del Sistema Nacional Anticorrupción, es inexplicable la inacción de la PGR al no haber investigado después de toda la historia de Odebrecht».
Petróleos Mexicanos (Pemex) le dio dos contratos millonarios a la brasileña Odebrecht para grandes proyectos: el Complejo Petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Ramones II Norte, el de más importancia en México. Esto a pesar de que era investigada en Argentina y Perú por corrupción.
El director de Gesoc destacó que «lamentablemente», de acuerdo con la actual Ley mexicana, no se puede prohibir un contrato a una empresa con antecedentes de sanción administrativa.
«Antes del Sistema Nacional Anticorrupción no había ninguna previsión que obligara al Gobierno a emitir una alerta de alto riesgo sobre alguna empresa particular. Una vez que opere el Sistema y se aliñe a las disposiciones internacionales hay empresas que se podrán señalar de alto riesgo y su participación estará sujeta a una serie de previsiones», aseguró.
El académico Gerardo Rodríguez dijo que «los países que tienen las legislaciones más avanzadas en combate a la corrupción, sobre todo en Europa y Estados Unidos, tienen listas negras de aquellas empresas que hayan caído en el pago de sobornos. En México debería avanzar una legislación de castigar o penalizar a las empresas señaladas».
Dos de los casos de corrupción exhibidos en días recientes se registraron en sexenios pasados, por lo que ambos especialistas coincidieron en que es un fenómeno estructural del Estado mexicano que «no respeta colores partidistas».
Es, dijo González Arreola, «un problema de sistemas y de redes de intereses que se coluden más allá de quien está en el poder, pero la responsabilidad de quien está en el poder es hacerse cargo y tomar acciones una vez que suceda».
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LOS NEGOCIOS DE ODEBRECHT
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy una serie de documentos en los que la empresa brasileña Odebrecht acepta que pagó en sobornos aproximadamente 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos México.
Los documentos refieren que, entre 2010 y 2014, altos funcionarios federales de México recibieron por parte de la constructora 10.5 millones de dólares, con el objetivo de obtener contratos de obras públicas. Al final obtuvo beneficios equivalentes a 39 millones de dólares derivados de las obras otorgadas, confesó la misma compañía en Estados Unidos.
El ex presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, es un personaje que tiene acusaciones de soborno, lavado de dinero y asociación delictiva. Fue condenado a 19 años de prisión en su país. La Justicia de Argentina y Perú investiga a la compañía.
Sin embargo, mientras estaba bajo la lupa en otros países, en México se le dieron contratos millonarios para proyectos de gran magnitud.
En el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) hay el registro de tres contratos públicos con Pemex Refinación. Dos fechan del 2005: uno de febrero por 317 millones de dólares y el otro, de una semana antes, por 317 millones 900 mil dólares.
Un contrato más le fue otorgado en febrero de 2014, ya bajo la administración de Enrique Peña Nieto y cuando Emilio Lozoya Austin ocupaba la Dirección general de Pemex. Se le pagaron mil 794 millones 628 mil 950 pesos para el Acondicionamiento, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo.
Odebrecht es una de las empresas que se mostró más entusiasta frente a la Reforma Energética implementada en el actual gobierno, especialmente en la infraestructura para el gas natural.
En febrero de 2016, su director en México, Luis Weyll, afirmó en una entrevista con El Economista que la constructora había invertido 2 mil 400 millones de dólares de los 5 mil previstos para este sexenio. Su interés estaba puesto, principalmente, en los proyectos de gasoductos, además de las carreteras y las hidroeléctricas.
A raíz de la Reforma Energética, obtuvo el contrato para el Complejo Petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Ramones II Norte, el de más importancia en México. El primero tuvo un costo de 5 mil 200 millones de dólares y ya opera desde marzo y el segundo, lo obtuvo con una oferta de 935 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht y su petroquímica acordaron pagar una multa combinada de al menos 3 mil 500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones sobre sobornos desde 2001 a funcionarios en 10 países de Latinoamérica y dos de África para obtener contratos por un centenar de proyectos públicos.
SOBORNOS PARA MEDICINA
De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la farmacéutica Teva, de origen israelí, aceptó pagar una multa de 519 millones de dólares a las autoridades de ese país, luego de que se inició una investigación sobre sus métodos de ventas y promoción en Rusia, Ucrania… y México.
Teva sobornó a médicos empleados del Gobierno desde 2005 –el último año del primer sexenio panista– para que esos médicos prescribieran el medicamento Copaxone, para tratar la esclerosis múltiple.
De acuerdo con la información difundida, altos ejecutivos de Teva, encargados de desarrollar programas internos de anticorrupción, sabían desde 2009 de los sobornos en México. Aquí es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) la encargada de otorgar las autorizaciones a los medicamentos que se pondrán a la venta.
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LA RED COMPARTIDA EMPAÑADA
La Reforma de Telecomunicaciones continua siendo enfatizada en los discursos durante los eventos públicos federales, a pesar de que desde hace dos años se continúa presumiendo lo mismo.
El 2016 era el año de la Red Compartida, proyecto que busca desplegar infraestructura necesaria para una cobertura mínima del 85 por ciento del territorio para servicios de telecomunicaciones y se espera empiece a operar en 2018.
Requerirá de inversiones por 7 mil millones de dólares. Sin embargo, el conflicto y las acusaciones contra la SCT surgieron luego de la conclusión del proceso de licitación, ya que hay indicios de supuestas irregularidades por parte de dos funcionarios públicos de esa Secretaría durante el proceso: la subsecretaria de Comunicaciones Mónica Aspe Bernal y Mario Góngora Preciado, de acuerdo con la declaración de un funcionario de la consultoría Deloitte ante una corte de Virginia.
El Consorcio Altán, constituido por Morgan Stanley, Axtel, Megacable y otras, ganó en noviembre el contrato para la Red Compartida.
Ante ello, el presidente ejecutivo de Rivada Networks, Declan Ganley, una de las empresas que aspiraba a la Red, dijo: “francamente, el proceso en México apesta” porque se favoreció “a un ganador preelegido” e interpuso un juicio de amparo por su descalificación y otro en contra del fallo, el cual fue rechazado.
La SCT descalificó del concurso a esta firma, con sede en Estados Unidos, porque no cumplió en tiempo y forma con su garantía de seriedad para avalar mil millones de pesos.
Inverosímil. Incumplen requisito básico en licitación y atacan el proceso que elogiaron antes de ser descalificados. https://t.co/bfqD7saIyz
—Mónica Aspe Bernal (@maspeb) December 21, 2016
De acuerdo con la acusación de Rivada, Mario Góngora Preciado, ex director general en la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, pidió a la consultoría Deloitte que favoreciera al Consorcio Altán para ganar la Red Compartida.
Como respuesta, la SCT aclaró que Mario Héctor Góngora Preciado no labora en la SCT desde junio de 2015, más de medio año antes de la publicación de la convocatoria del concurso de la Red Compartida, por lo que “no tuvo injerencia alguna en el proceso de licitación, ni contacto con los consorcios participantes en el concurso”.
Pero Rivada tuiteó que el proceso de la Red comenzó cuando el funcionario señalado aún laboraba en la SCT y “tuvo acceso a la información”.
La dependencia federal anunció que ya contrató a una firma de abogados para iniciar acciones penales en contra del consorcio de Rivada. El proceso será en Estados Unidos y la acusación es por los “daños ocasionados” al “honor y reputación” al realizar “diversas manifestaciones sin sustento que pretenden desprestigiar” a las instituciones mexicanas.
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CONTRATOS A CORRUPTOS
En noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó un contrato por 466 millones para ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción, informó Reforma. Antes, ganó otra licitación por 200 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.
Copisa Constructora Pirenaic, empresa propiedad del catalán Jordu Pujol Ferrusola, es investigada en España por una serie de fraudes cometidos en México, en los que empresarios y autoridades de este país están vinculadas.
Pujol Ferrusola era investigado por haber realizado cobros encubiertos en un proyecto turístico de México, donde habría invertido un peso pero cobró comisiones por 243 mil euros a través de GBI; Monic Productions, una empresa fantasma; el cobro lo realizó por un asesoramiento en el proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en Ecatepec, Estado de México, y en las ciudades de Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y Ciudad de México.
Fue en 2014 cuando se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por una serie de fraudes cometidos en México, caso en el que autoridades y empresarios mexicanos estaban vinculados.
