La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) está nuevamente en el ojo público luego de haber participado en la detención del General Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. De acuerdo con especialistas en temas de narcotráfico, la agencia estadounidense ha roto todas las reglas en México y actúa de manera unilateral, generando tensiones a nivel de gobiernos.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– ¿Cuántos agentes de la DEA hay en México?, ¿portan armas?, ¿qué trabajos realizan?, éstas son algunas de las interrogantes sin respuesta que han generado polémica sobre la actuación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio nacional, hoy en la mira por su participación en la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda. Expertos en temas de narcotráfico coinciden en que esta agencia estadounidense trabaja de manera unilateral, sin acuerdo con las autoridades mexicanas y muchas veces bajo el cobijo del propio Gobierno federal, como en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde «se metieron hasta la cocina».
La DEA, creada en julio de 1973 bajo la presidencia de Richard Nixon, es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se dedica a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en ese país, pero su trabajo se extiende en 68 países, incluido México, donde mantiene oficinas en 10 ciudades: Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México.
En México, de acuerdo con expertos en narcotráfico, el papel de esta agencia ha rebasado los límites, generando conflictos entre ambos países. El último episodio fue el caso del General Salvador Cienfuegos, detenido el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, acusado por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, y donde el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador desplegó su artillería diplomática para que le retiraran los cargos en Estados Unidos y lo regresaran a México.
«La actuación de la DEA en México siempre ha sido polémica, algunas veces actuando de manera unilateral, sin acuerdo con las autoridades mexicanas, y en esos términos parece que se actuó en el caso del General Cienfuegos», explicó en entrevista Javier Oliva Posada, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). «La actuación de la DEA ha generado tensiones a nivel de gobiernos».
De acuerdo con Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason (Virginia, EU), la DEA «está enojada» por la desestimación de cargos contra Cienfuegos en Estados Unidos. «Era su gran triunfo, pero al final tuvieron que doblar las manos y entregar su carpeta, parece ser que esta agencia no se coordinó con otras de ese país y se fue por la libre, por eso la actuación del Fiscal William Barr. La DEA va a estar más observada por el propio Estados Unidos».
Para ambos especialistas, la DEA ha roto todas las reglas en México, empezando por el hecho de que por años estuvieron armados aún cuando no podían.
«No sabemos cuántos agentes hay, ellos actúan por la libre, se les ha dado campo libre. En el tema de Cienfuegos el papel de la DEA queda exhibido porque no se operó colaborando con México, además, no se coordinaron con las propias agencias de su país», dijo Correa-Cabrera, autora del libro Los Zetas Inc. (Planeta, 2018).
Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso, revela en su libro La DEA en México. Una historia oculta del narcotráfico contada por los agentes (Grijalbo, 2013), testimonios de exagentes de la DEA quienes afirman que en México trabajan armados, lo cual estaba prohibido hasta 2015, cuando una modificación a la Ley de Armas de Fuego permitió a agentes extranjeros armarse en territorio nacional.
Si bien el uso de armas ya es permitido en México, otras restricciones del acuerdo establecido el 3 de julio de 1992 han sido violadas por agentes de la DEA, de acuerdo con los especialistas.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala una serie de normas establecidas por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la PGR (hoy FGR) para la operación de los agentes en México, entre ellas, que cualquier información que tengan conocimiento en territorio nacional será transmitida inmediatamente a las autoridades competentes; que todos los agentes deben ser acreditados, y que sus actividades se limitarán a servir de enlace para el intercambio de información.
Pero estas violaciones a las reglas impuestas por México a veces se dieron con el permiso de las autoridades, señalaron los especialistas.
«En la época del Presidente Calderón el papel de la DEA creció, se decía que todas las agencias de Estados Unidos se metieron hasta la cocina», detalló la profesora asociada en la Universidad de George Mason, Guadalupe Correa-Cabrera. «De hecho la DEA cooperó de manera cercana con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, ellos determinaron mucho la estrategia de ir por los capos, de cortar cabezas».
El profesor de la UNAM, Javier Oliva Posada, precisó que esta fuerte presencia de la DEA en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) fue producto de la Iniciativa Mérida, un tratado internacional de seguridad, en vigor desde junio de 2008, establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y países de Centroamérica, cuya finalidad es combatir el narcotráfico en la región.
«La fuerte presencia de la DEA fue producto de la Iniciativa Mérida, en donde entre otros aspectos se incrementa el nivel de cooperación y de presencia de algunas agencias internacionales estadounidenses, incluyendo a la DEA», indicó.
Esta Iniciativa Mérida, que sirvió en sexenios anteriores a gobiernos mexicanos para recibir de Estados Unidos armamento y otros recursos para combatir al narcotráfico, quedó sin efecto para México en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el Canciller Marcelo Ebrard.
«El Gobierno mexicano ha expresado ya en varias ocasiones que esta iniciativa se debe de rehacer, es decir, para nosotros ya la Iniciativa Mérida quedó sin efecto», dijo el 18 de noviembre en la conferencia mañanera del Presidente. «México no ha solicitado ni un helicóptero a Estados Unidos en el marco del esquema de colaboración».
Desde su creación, en 1973, la DEA ha estado presente en México y su actuación ha cambiado dependiendo del Presidente en turno, los expertos en narcotráfico coinciden en que la administración de López Obrador ha puesto más barreras al trabajo de los agentes estadounidenses en el país.
Si bien los momentos polémicos de la agencia antidrogas en México son varios, tres han provocado conflictos mediáticos entre ambos países:
–Asesinato de «Kiki» Camarena
El asesinato de Enrique Camarena Salazar, el 9 de febrero de 1985 en la ciudad de Guadalajara (Jalisco), fue un episodio desafortunado que marcó la relación entre México y la DEA. El agente encubierto fue secuestrado y su cuerpo hallado el 5 de marzo de ese año en la carretera que conduce al pueblo de La Angostura, en los límites de Michoacán y Jalisco.
De acuerdo con la versión oficial de la DEA, «Kiki» Camarena logró infiltrarse en las filas del Cártel de Guadalajara, el más poderoso en los años 80 y dirigido por el capo Miguel Ángel Félix Gallardo (Culiacán, 1946), quien cumple una condena por haber participado en el secuestro, tortura y asesinato del agente.
Camarena Salazar condujo al aseguramiento del Rancho El Búfalo, ubicado en la zona del Triángulo Dorado, en donde se encontraba una plantación de marihuana de más de 1,000 hectáreas, propiedad de Caro Quintero, y del cual el cártel obtenía una producción anual de más de ocho mil millones de dólares.
Este operativo provocó el enojo del Cártel de Guadalajara y, de acuerdo con la versión oficial, Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel, ordenó el secuestro a plena luz del día de Enrique Camarena el 8 de febrero de 1985. «Kiki» fue levantado por presuntos agentes de la policía adscritos a la Dirección Federal de Seguridad e interrogado bajo tortura durante 36 horas por narcos y el agente de la CIA Félix Rodríguez.
El Gobierno culpó del asesinato de «Kiki» y del piloto aviador Alfredo Zavala a Rafael Caro Quintero, quien fue detenido en una hacienda de Costa Rica en abril de 1985.
Caro Quintero (Badiraguato, 1952) pasó 28 años de prisión, entre los penales de Almoloya de Juárez, hoy de El Altiplano, y Puente Grande. En agosto de 2013 fue liberado bajo el cobijo de un recurso de amparo, decisión que causó indignación por parte del Gobierno de Estaos Unidos. En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio reversa a esa determinación jurídica y se ordenó su detención. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia y es uno de los más buscados por la DEA.
–México expulsa a agentes de la DEA
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se vivió otro momento que enfrentó a los gobiernos de México y Estados Unidos y que derivó en una amenaza para la DEA: la revisión del tratado de extradición y expulsión de todos los agentes de la agencia antidrogas.
En el año de 1990, el médico jalisciense Humberto Álvarez Machain, prófugo de la justicia estadounidense, fue secuestrado en Guadalajara por policías mexicanos y agentes de la DEA, quienes posteriormente lo trasladaron ilegalmente a Estados Unidos para someterlo a juicio. Se le acusaba de haber participado presuntamente en el asesinato del agente Enrique Camarena, pero fue declarado inocente.
El secuestro y traslado del médico provocó un escándalo en México por tratarse de una violación del derecho internacional de extradición y el Gobierno federal envío notas diplomáticas a Estados Unidos para que Álvarez Machain regresara al territorio nacional para ser juzgado por las leyes mexicanas. Sin embargo, no ocurrió así.
En junio de 1992, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró legal permitir el secuestro fuera de las fronteras norteamericanas de los fugitivos de la justicia de este país. La decisión, criticada por México y países de América Latina, fue celebrada por William Barr, Fiscal de Estados Unidos en ese entonces (hoy con Trump ocupa el mismo cargo).
La medida provocó una discrepancia entre los gobiernos de George Bush y Salinas de Gortari, quien anunció una medida nunca antes vista: la expulsión de todos los agentes de DEA.
–Detención de Cienfuegos
Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York. El General se declaró no culpable de los cargos de los que se le acusaba, supuestamente cometidos mientras era Secretario.
Cienfuegos era considerado uno de los militares más respetados de las Fuerzas Armadas, pero su carrera tuvo momentos polémicos como la desaparición del los 43 normalistas de Ayotzinapa, las masacres de Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán, y, ahora, su detención a petición de la DEA.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador manifestó a finales de octubre su desacuerdo con el de Estados Unidos por no haber compartido la información que llevó a la detención del General Salvador Cienfuegos. Esta inconformidad derivó en una decisión que sorprendió a muchos: el Presidente estadounidense, Donald Trump, pactó con el de México pedir la retirada de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el exsecretario Cienfuegos a cambio de que sea investigado en su país.
«El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la retirada de los cargos penales contra el exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, si corresponde, ser acusado, de conformidad con la legislación mexicana», informaron ambos países en un comunicado conjunto difundido el 17 de noviembre.
Más tarde, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo que el hecho que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya desestimado el caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda para enviarlo a México y que acá se le juzgue “no es un camino a la impunidad”.
Es, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un acto de respeto al Ejército mexicano, como institución, y a la soberanía de México.
La decisión del Gobierno estadounidense fue interpretado por especialistas como «un triunfo diplomático para el Ejecutivo mexicano».
