El funcionario del Gobierno del Distrito Federal aseguró que hasta el momento los propietarios de la casa de Altavista 111, de apellido Rosette, no han presentado amparo alguno contra la demolición del inmueble y que los particulares deberán pagar los costos de la demolición.

Entrevistado tras participar en una ceremonia colectiva de matrimonio civil entre parejas de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero o intersexual (LGBTTTI), en el Museo de la Ciudad de México, sostuvo que el tema no está en discusión, porque los dictámenes periciales así lo determinaron.

Respecto al edificio en obra negra, refirió que es una construcción ilegal que ya tiene un procedimiento anterior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), que había clausurado y ordenado su demolición.

El titular de la Consejería Jurídico y de Asuntos Legales reiteró que de haber negarse los particulares a asumir los gastos de demolición, se interpondrán los mecanismos legales para efecto de que la autoridad intervenga y garantice el cobro de estos derechos.

Granados Covarrubias aseguró que estarán al pendiente para hacer valer “el interés superior que debe: protegerse es la vida. En ese sentido, (debo) también hacer hincapié, muy respetuosamente, al Poder Judicial de que hay un bien superior que hay que proteger”.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, resaltó a su vez que los trabajos de demolición de la zona, serán expeditos y todo seguirá su curso jurídico.