La Ministra boliviana de Justicia, Virginia Velasco, indicó a la radio estatal Patria Nueva que la jueza Melania Lima resolvió que los jueces anticorrupción Marcelo Barrientos y Jorge Vizcarra sean recluidos en la cárcel de la localidad altiplánica de Patacamaya.

También se ordenó la prisión en una cárcel de La Paz de una secretaria de los jueces, acusada de complicidad en la extorsión.

En tanto que otro magistrado, René Escobar, acusado también en este caso, fue internado en un centro médico debido a problemas de salud que sufrió durante la audiencia judicial.

Velasco dijo que la juez tomó esas decisiones de acuerdo a la normativa y fue «imparcial y transparente».

La sociedad boliviana acogió estos días con indignación un video en el que la madre de un joven acusado por abuso sexual grabó con una cámara oculta a Barrientos cuando este le hablaba del costo en miles de dólares del cambio del tipo penal por el que sería juzgado su hijo.

Los otros dos magistrados, Vizcarra y Escobar, eran parte del mismo tribunal anticorrupción y todos fueron destituidos.

El caso ha provocado una reacción generalizada de rechazo y el Gobierno ha anunciado la compra de cámaras de vigilancia para instalarlas en los juzgados de La Paz y las ciudades de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).

Según adelantó el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, con las cámaras se busca terminar con los «consorcios jurídicos», que son entramados corruptos de jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios que se reparten los casos y cobran por manipular la Justicia.

Lo ocurrido confirmó el mal momento que atraviesa la Justicia boliviana, reconocido por el propio Ejecutivo, y cuyos males endémicos, además de la corrupción, son la lentitud, la escasez de recursos y la falta de accesibilidad a los ciudadanos.