El pasado 15 de octubre la CNDH recibió un escrito de queja por parte de los científicos en la que exponían violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de la FGR y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
México, 22 de octubre (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió este viernes al Fiscal general de México, Alejandro Gertz, que implemente medidas cautelares para que los funcionarios de la institución que dirige no expongan públicamente información sobre el caso de los científicos denunciados por uso indebido de recursos públicos.
«La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en favor de diversos integrantes de la comunidad científica», expuso el organismo en un comunicado.
Esto, dijeron, derivado de la «persecución mediática y ministerial de que han sido objeto, así como de la divulgación de información relevante de la indagatoria y la negativa por parte de la FGR para poner a la vista de los agraviados la carpeta de investigación correspondiente a su caso».
El pasado 15 de octubre la CNDH recibió un escrito de queja por parte de los científicos en la que exponían violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de la FGR y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En el documento, el grupo solicitaba medidas cautelares.
Ante la solicitud, la Comisión pidió dichas medidas cautelares al fiscal, además de que se evite dar a conocer nombres de personas «a quienes no se les impute ningún delito», que no se de información que «comprometa el proceso», que se les permita el acceso a la investigación y que no se de a conocer información que perjudique a su «dignidad y honor».
«La FGR cuenta con 24 horas, a partir de la recepción de la solicitud de medidas cautelares, para notificar a esta Comisión Nacional su aceptación; en caso contrario deberá fundar y motivar su negativa», termina el comunicado.
El 22 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que María Elena Álvarez-Buylla, actual directora del Conacyt, le había enviado dos informes en los que relató que 31 funcionarios son acusados de haber gastado presuntamente 561 millones de pesos (27,9 millones de dólares) de dinero público de manera injustificada.
«Entre los gastos de operación había facturas de choferes, celulares (teléfonos móviles), servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero», indicó el documento de Álvarez-Buylla.
Según medios locales, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, solicitó arrestar por operación de recursos con procedencia ilícita y delincuencia organizada a 31 científicos, académicos y personal administrativo del organismo público.
Pero la solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por Álvarez-Buylla, por el desvío de 50 millones de pesos (2,5 millones de dólares) por parte de dichos trabajadores.
Sin embargo, algunos columnistas acusan al fiscal de querer vengarse ya que buena parte de la comunidad científica criticó duramente que la dirección del Conacyt distinguiera en junio a Gertz Manero con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, su más alto reconocimiento.
