De acuerdo con el órgano autónomo de consulta, el Conacyt emitió cada año una constancia de conclusión técnico y financiera favorable de los recursos otorgados al FCCyT. Dicha constancia fue emitida también por la actual administración en 2018 y 2019.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) aseguró que las acusaciones emitidas por la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, son falsas y tendenciosas, ya que no existen irregularidades en la asignación y administración de sus recursos.
En un comunicado, la coordinadora general del FCCyT, Julia Tagüeña Parga, recordó que el Foro existe desde 2002 como un órgano autónomo, por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Durante 17 años, puntualizó, el FCCyT ha operado como una asociación civil, ya que el Estatuto Orgánico del Conacyt lo dispone así en su artículo 22. Denunció que en diciembre de 2019, el Conacyt reformó la norma con el fin de desconocer al FCCyT como ente legal.
«Durante 17 años el Foro Consultivo Científico y Tecnológico recibió recursos económicos de Conacyt a través de la asociación civil constituida para tal efecto, en cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente», detalló.
El artículo 38, explicó, establece que el Conacyt otorgará, a través del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para el funcionamiento del FCCyT, lo cual incluye apoyos logísticos y recursos para la operación permanente, así como gastos de traslado y de estancia necesarios.
Por lo anterior, Tagüeña Parga aseguró que que es falso que la entrega de sus recursos haya sido irregular, pues, al ser un ente reconocido en la normativa de ciencia y tecnología, los movimientos están dentro del marco de la ley.
Por otra parte, subrayó que también es falso que los fondos entregados por el Fondo Institucional del Conacyt (FOINS) se hayan usando para comprar un inmueble, ya que la adquisición de las oficinas del FCCyT se llevó a cabo con dinero autogenerado, por lo que nunca fueron recursos públicos.
Recordó que dicha compra fue dada a conocer a las entonces autoridades del Conacyt, quienes emitieron una opinión favorable como respuesta oficial.
«Lo que aquí se manifiesta así ha sido reconocido por un Juez Federal en la sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019, estando la actual Directora del Conacyt en violación e incumplimiento a la orden judicial concedida en la suspensión en dicho juicio, desacato que actualmente es del conocimiento de un Ministerio Público en una carpeta de investigación en curso. El juicio de amparo se encuentra en revisión en segunda instancia y en vías de su probable atracción y conocimiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación», notificó.
De acuerdo con Tagüeña Parga, el Conacyt emitió cada año una constancia de conclusión técnico-financiera favorable de los recursos dados al FCCyT. Dicha constancia fue emitida también por la actual administración en 2018 y 2019.
La coordinadora general del FCCyT reiteró que las acusaciones de Álvarez-Buylla en su contra son difamatorias, ya que por su labor nunca cobró contraprestaciones de ningún tipo y tampoco «autoasignó» presupuesto al órgano de consulta.
«La Dirección Adjunta de Desarrollo Científico tiene bajo su encargo la administración de apoyos a Asociaciones, Academias y Sociedades Científicas, pero en el procedimiento concreto para el otorgamiento de recursos del FOINS se requiere de la anuencia de múltiples personas, expertos integrantes del Registro Nacional de Evaluadores de CTI y el Consejo Técnico y de Administración (CTA) del fideicomiso de que se trate. Los recursos se sujetan a informes técnicos y financieros periódicos, y una final que es revisado por auditores externos», dio a conocer.
Aseveró que el FCCyT tiene toda la documentación probatoria de las anteriores afirmaciones, misma que será entregada a las autoridades competentes que la requieran.
Manifestó que el trabajo del FCCyT no debe ser utilizado para justificar la desaparición de fideicomisos públicos ni la reorientación del presupuesto destinado a la ciencia y la tecnología.
